Farell cubre a Lozano.

Habrá sido citado ya y deberá presentarse a declarar por supuestos malos manejos en su función pública de diciembre de 1994 a diciembre de 1996, pero el ex procurador general de la República no es un perseguido.

No puede considerarse tal, pues el propio secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas, se ha amparado en artículos constitucionales para impedir que el Legislativo intervenga.

Con base en un oficio suyo, el SP/100/0180/97, el Poder Legislativo no tendrá la información necesaria para determinar si un miembro suyo con licencia incurrió en conductas punibles y por lo tanto queda incapacitado para proceder.

Negados informes y auditorías, a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda sólo le resta enviar una queja al presidente Ernesto Zedillo y él no está obligado a contestar, mucho menos a ordenar la entrega de documentos.

Revisen sólo la Cuenta Pública, ordenó Arsenio Farell Cubillas

Esta historia avanzó con los escándalos sobre el panista Fernando Antonio Lozano Gracia. A su invernal salida se revivieron buena parte de las quejas publicadas durante casi dos años y se ordenó una auditoría general.

Se descubrían anomalías -nepotismo, desvío de agentes antinarcóticos a guardias personales, entrega de maquinaria y equipo a gobernantes panistas, desorden administrativo- cuando vino lo de El Encanto, el pago a testigos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomó la delantera contra quien fuera primer procurador de oposición, y el 10 de febrero propuso en la comisión que se pidieran copias de los informes y dictámenes de auditorías.

Una semana después, el 17 de febrero, el también panista Juan Antonio García Villa dio cumplimiento al acuerdo interno y remitió un escrito a Farell Cubillas. Se entregó al día siguiente en la secretaría técnica del secretario.

En concreto, se pidió a la Secodam ``copia de los informes y dictámenes de las auditorías que la dependencia a su cargo haya practicado a la Procuraduría General de la República respecto a los ejercicios fiscales de 1994, 1995 y 1996''.

La respuesta, la negativa del funcionario, tardó tres semanas:

``Sobre el particular, me permito manifestarle que si bien es cierto que los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, en los que fundamenta su solicitud, establecen de manera general para las comisiones con que cuenta la Cámara de Diputados la facultad de solicitar a las dependencias públicas la información y copias de los documentos con que cuenten, también lo es que en los mismos se precisa que tal información y documentación será para el despacho de los negocios que le conciernen.

``De esta suerte, las solicitudes de información que al efecto se formulen resultan procedentes siempre que las mismas se refieran al ámbito de la competencia de la comisión que requiere la información o la documentación de que se trate, lo cual no sucede en el caso que nos ocupa, ya que su petición no se vincula con las funciones que en los términos del artículo 74, fracciones II y IV constitucional y demás disposiciones legales aplicables corresponden a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del gobierno federal...''

Satisfacción del PAN; el PRI irá a Secodam

Ese artículo constitucional habla únicamente de revisión de la Cuenta Pública, no de auditorías o del eventual derecho de los legisladores a pedir a alguna dependencia del Ejecutivo que informe de resultado de auditorías.

Sin embargo, esta facultad está plasmada en el artículo 89 del Reglamento del Congreso:

``Las comisiones, por medio de su presidente, podrán pedir a cualesquiera archivos y oficinas de la nación, todas las instrucciones y copias de documentos que estimen convenientes para el despacho de los negocios, y estas constancias les serán proporcionadas, siempre que el asunto a que se refieran no sea de los que deban conservarse en secreto; en la inteligencia de que la lenidad o negativa a proporcionar dichas copias en plazos pertinentes, autorizará a las mencionadas comisiones para dirigirse oficialmente en queja al C. Presidente de la República''.

De esta fallida negociación se iba a informar el 11 de marzo. Ocupaba el tercer punto del orden del día, pero no hubo quórum y se suspendió. Los diputados panistas no lamentaron la falta de información de Farell y podría decirse que se alegraron.

La actitud más prudente vino de Jesús Ramón Rojo, quien dijo que debería utilizarse el último recurso: ``Dirigirse oficialmente en queja al C. Presidente de la República''. Como el Ejecutivo no está obligado a atender la petición legislativa, ahí terminaría el asunto.

Los priístas, por su parte, reaccionaron con cierta tristeza y anunciaron que se reservaban el derecho a acudir con Arsenio Farell Cubillas para preguntarle por qué no da una respuesta y si hay orden presidencial en ese sentido.

Aunque así fuera, Arsenio Farell jamás lo diría. Mientras tanto, varios miembros de la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda creen que por razones políticas no se procesará a un panista y menos que se le lleve a la cárcel. Se le haría mártir y héroe.

Ese es un ángulo político, pero hay otro: las facultades del Poder Legislativo están muy acotadas y no garantizan -con este asunto se muestra- su independencia cuando se trata de ejercer labores de supervisión sobre el Poder Ejecutivo.

Chuayffet gestiona la reunión Cocopa-Zedillo

Senadores y diputados conformantes de la Comisión Nacional de Concordia y Pacificación (Cocopa) encontraron a un Emilio Chuayffet Chemor más cauto que en la entrevista privada previa, cuando les adelantó que el gobierno retiraría su propuesta.

La idea subsiste, pero no en compromiso tan abierto, tan preciso. En el diálogo del lunes pasado, los legisladores federales insistieron en el estancamiento de las pláticas, en la falta de voluntad de las partes y en la necesidad de intervención del presidente Ernesto Zedillo.

En esta parte se tocó la conveniencia de tener un punto de partida, una base sobre la cual convocar a gobierno y alzados. ``Trabajen sobre una propuesta'', planteó el jefe de la delegación oficial a San Andrés Larráinzar y director del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), Marco Antonio Bernal.

-Al margen de esa propuesta -convino Emilio Chuayffet en una de sus pocas intervenciones-, la Secretaría de Gobernación va a tramitar la entrevista con el señor presidente Zedillo, como ustedes lo han solicitado.

El encuentro con el mandatario se busca para la semana que hoy comienza. ``Ya se nos pidió que estemos pendientes. Esto es natural, pues hay interés en buscar una fórmula que evite la guerra y el estado de tensión que se ha dado desde hace una semana'', señaló un miembro de la Cocopa.

-¿Fue todo lo que ofreció Chuayffet?

-Bueno, nos dijo que valoraba en todo lo que valía la postura de la Cocopa y reiteró que hay disposición del gobierno para reanudar el diálogo y encontrar una salida negociada. Estuvo de acuerdo en que con voluntad se pueden explorar todas las posibilidades.

Ninguna investigación del caso Colosio apunta a Carlos Salinas

El principal consenso entre los legisladores que se entrevistaron con el fiscal especial Luis Raúl González Pérez es que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su segundo, José Córdoba Montoya, no están apuntados por ninguna línea de investigación.

Caso contrario a lo que sucedía con Pablo Chapa Bezanilla, cuya búsqueda de asesinos intelectuales giraba en 70 por ciento sobre ambos personajes y colocaba al Estado Mayor Presidencial en calidad de operador material.

Los escuchas de González Pérez se sorprendieron por la extensa, larga explicación del fiscal cuando describió, con lujo de detalles y una larga lista de organizadores, el mitin del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas.

Su conclusión recurrente: ``No era un lugar seguro''.

La única justificación encontrada a esa cañada entonces sin servicios y con un profundo arroyo de aguas negras fue su cercanía al aeropuerto. Esta exposición intrigó a los legisladores, quienes prefirieron cuestionar por qué se cambió el escenario del crimen.

La plaza estaba solicitada desde 1991, dijo González Pérez.

Dos senadores reaccionaron con molestia. El sinaloense José Luis Soberanes pidió que no les vieran la cara y reiteró lo dicho en marzo de 1996: ``El complot que asesinó a Colosio continúa actuando e impide el esclarecimiento''.

Otro senador, el panista Norberto Corella, se fue más por lo material y la larga explicación. Indicó a González Pérez: ``Nada más falta que nos lea aquí el acta donde se aprobó en 91 que les construyeran la plaza''.

Tema libre

Para llegar al Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), Mariano Herrán superó a otros prospectos. Al menos otros cinco, entre ellos el general Tito Valencia y Marcos Castillejos. ¿Quién ordenó exámenes tan estrictos? De seguir las cesiones, quizá pronto se hagan las mismas pruebas a todos los funcionarios públicos... El viernes se casó por tercera vez Fernando Gómez Mont. Hubo muchos invitados, Luis Téllez incluido. Por ahí anduvo Diego Fernández de Cevallos y no es, o no era, el hombre alegre de siempre. Se le vio muy triste, apagado. Se vio, también, que el ex procurador Ignacio Morales Lechuga es muy amigo de los Gómez Mont. Por cierto, Morales Lechuga fue al Partido Revolucionario Institucional, ratificó su militancia priísta y tras sus críticas a la jueza Nancy Friedman no le faltan apoyos para ser candidato a diputado. ¿Hará campaña en tierra de su enemigo Miguel Angel Yunes?... El líder senatorial Genovevo Figueroa dedicó la semana a dialogar en lo individual con cada uno de sus colegas. Les pidió mayor participación y dijo que pretende hacer un cuerpo colegiado en todos sus trabajos, con búsqueda de consensos en comisiones, y agregó que se guiará por el respeto a todos los partidos y a la pluralidad. Mañana recibirá al presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, y luego se aprobará un documento multipartidista para condenar la certificación estadunidense y sus condicionamientos. Mientras, en Estados Unidos, el Senado prepara un extrañamiento a México por su insuficiente colaboración... La empresa Inred, participante en el concurso para adquirir miles de terminales de captura de datos en el IFE, dice en un escrito a La Jornada que éste es un gasto injustificable, sobre todo porque el equipo adquirido en 1994 en más de 10 millones de pesos está casi nuevo y con tecnología actual. El Instituto Federal Electoral asegura que no. El 12 de marzo decidió otorgar el contrato a Multix ``por cumplir técnicamente con lo solicitado en las bases y presentar la propuesta económica más favorable para el Instituto''. Hubo otros 14 concursantes