Bernardo Barranco V.
La liberación de los jesuitas

Los acontecimientos últimos hablan de un endurecimiento gubernamental hacia la Iglesia católica. La detención de dos sacerdotes jesuitas en Chiapas se suma a una cadena de acciones que muestran una nueva actitud gubernamental hacia los viejos privilegios de la Iglesia.

Hace tiempo señalamos que las relaciones entre gobierno y jerarquía católica eran cada vez más ásperas. Que el periodo de tregua y relativa armonía se había cancelado, no sólo al final de la administración Salinas sino a partir de las audaces intromisiones de Esteban Moctezuma, entonces secretario de Gobernación, para influir en la nominación del sucesor del cardenal Corripio al frente de la arquidiócesis de México.

Como en los tiempos vividos durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la jerarquía retomó con energía su enjuiciamiento al modelo económico neoliberal en el gobierno de Zedillo, y sobre todo desató una cascada crítica de declaraciones, encabezada por el nuevo arzobispo Rivera. El primer momento álgido fue en agosto con el editorial de Nuevo Criterio, semanario de la arquidiócesis, que acusó a Carlos Salinas del asesinato de Colosio. Otro momento ríspido fue la homilía, en octubre pasado, del arzobispo Norberto Rivera, en torno a la desobediencia civil. Desde entonces la actitud gubernamental es rigorista en el plano legal; así, los religiosos extranjeros han perdido prerrogativas no escritas y deben atravesar el viacrucis migratorio. En días recientes, en un comunicado Gobernación criticó acremente las opiniones de monseñor Raúl Vera, obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal; pocos días después, en primera plana de El Día un alto funcionario de Gobernación externó su preocupación por el proselitismo político que el clero realiza, aunque no lo explicita, a favor de Acción Nacional. A pesar de que ambas partes han sostenido que sus relaciones son excelentes, los hechos muestran lo contrario.

La detención y grave acusación de ``homicidio calificado en coparticipación'', y finalmente la liberación de los jesuitas Jerónimo Hernández y Gonzalo Rosas tuvo un origen localizado en la difícil situación chiapaneca que arrastra la definición del Ejecutivo, y que a pesar de la liberación de ayer indiscutiblemente tiene un alcance nacional e internacional. El pronunciamiento del episcopado mexicano, a través de monseñor Sergio Obeso, presidente de la CEM, fue clave. Los obispos recriminaron la violación de los derechos humanos, consideraron ilegal la detención y exigieron una rápida liberación. El asunto se antoja delicado en extremo y merece mayor detenimiento.

La reacción expedita del episcopado obedece a una lógica no sólo corporativa sino política; sabía muy bien que si perdía este episodio quedaba vulnerable frente a acciones futuras y escenarios que tienden a ser más estrechos y con menos capacidad de maniobra. Por tanto, a pesar de la existencia de discrepancias pastorales, teológicas e ideológicas, el episcopado cierra filas en torno a los obispos de San Cristóbal y de los jesuitas, y encara el conflicto. No son sólo lo jesuitas ni la iglesia chiapaneca lo que está en juego: es el peso de la soberanía de la Iglesia católica en la sociedad; es la gravitación de la Iglesia como actor político la que enfrenta una seria advertencia, probablemente la señal más seria que ha recibido en los últimos años. Si con el caso Posadas la jerarquía reaccionó de manera deshilvanada, en el actual lo hace de manera contundente y homogénea. La jerarquía sabe que ya no cuenta con la hábil interlocución gubernamental del nuncio Jerónimo Prigione.

Del actual conflicto surgen hipótesis y variables. Al parecer se confirma el acelerado retorno de aquellos sectores y actitudes duras al interior del gobierno, que no han acabado de digerir las excesivas concesiones otorgadas por las administraciones tecnócratas de la generación del cambio. Otra línea apuntaría a que la Iglesia católica, y en especial su jerarquía, ha mostrado una particular habilidad política para sacar altos dividendos de las coyunturas electorales, debido a que son los momentos de mayor fragilidad en que se monta el sistema político mexicano. Por tanto, el episodio amargo que pasaron los jesuitas pudiera ser un juego de señales políticamente profilácticas. Sectores del gobierno parecieran invitar al clero al recato político y a la prudencia social, en momentos delicados como los actuales y los que seguramente se avecinan.