1. El proceso electoral en el DF, avanza y el gobierno federal aplica una política de seguridad para reforzar su estrategia económica, consistente en: a) desestabilizar al país y a la capital (sobre todo con medidas de ajuste económico y cesión de soberanía); b) presentarse como la alternativa para resolver los problemas; c) impedir la solución de la crisis desde una perspectiva democrática integral, d) instaurar progresivamente la militarización metropolitana.

2. La seguridad así entendida tiene tres objetivos en el DF: a) contener y/o reprimir las movilizaciones ubicadas en el ámbito de la democracia social (definida por Sergio Zermeño en La sociedad derrotada); b) replantear las relaciones del Estado con la delincuencia; c) preparar acciones de fuerza ante las posibles protestas poselectorales. Para ello se pone en marcha un programa de capacitación policiaco-militar en Iztapalapa, extensivo a otras delegaciones (La Jornada, 6-III-97).

3. El DF tiene importancia estratégica nacional y ``global'' (en particular desde el inicio del TLC); hay preocupación por la imagen de riesgo-país que tienen las élites financieras del planeta, pues dicha imagen es más vulnerable cuando ocurren problemas en la ciudad capital.

4. La actual militarización tiene antecedentes desde 1988, como consecuencia de los conflictos político-electorales entonces sucedidos. Desde entonces se realiza una cuidadosa operación ideológica. Una vez creada la situación de inseguridad e incertidumbre, se busca que la población interiorice la idea que refuerza la noción neoconservadora de gobernabilidad, reducida a una representación parlamentaria que justifica la decisión oficial, al afirmar que ésta responde a la carencia de planes de capacitación policiaca en la capital.

5. Por otra parte, invocar las tentaciones de la corrupción omite el riesgo principal: si las fuerzas armadas asumen de facto atribuciones sin fundamento constitucional (a pesar de la ley contra la delincuencia organizada y del sistema nacional de seguridad pública), enfrentan el riesgo de ser objeto de una política desnacionalizadora, a partir de una emergencia urbana de ``32 meses'' (La Jornada, 3-III-97). ¿Incluyen los cursos de actualización defensa de la soberanía ante la privatización de recursos estratégicos de la nación, o bien lecciones de operación de tanques antimotines?

6. Es un error creer que la sociedad civil, agrupaciones vecinales y ciudadanas, organismos no gubernamentales, académicos y partidos políticos solamente se les convoque para ``vigilar'' la conducta de los soldados en las calles, cuando han sido excluidos esos sectores del análisis, diseño y decisión de un programa que no permitirá superar la crisis institucional de los cuerpos policiacos, inmersa en los problemas estructurales de la metrópoli. Las muestras de rechazo estarán presentes cotidianamente.

7. Por tratarse de una imposición centralista que lastima la de por sí limitada reforma política del DF, pareciera que los habitantes de esta ciudad seguiremos siendo ``segunda'', al carecer de mediaciones institucionales para conocer y decidir acerca de un problema de seguridad que involucra los niveles metropolitano y local. Que el DF sea importante en el ámbito nacional plantea su democratización, no su militarización