El enfrentamiento ocurrido ayer entre militantes de los partidos Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática en la comunidad de El Bosque, Chiapas, es particularmente grave, pues además de representar el brote de un nuevo y preocupante foco de violencia en ese estado, el choque se registra en un momento en que las negociaciones de paz entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encuentran suspendidas y sin indicios claros de que puedan reanudarse.

Es significativo que tal enfrentamiento suceda un día después de la liberación por falta de pruebas de los jesuitas y los dirigentes campesinos acusados del asesinato de dos policías, pues -como ha sucedido en otras ocasiones- cuando apenas comenzaban a aliviarse las tensiones generadas por la detención ilegal de los religiosos y los luchadores sociales de la organización indígena Xi Nich, nuevos acontecimientos agravan el estado de incertidumbre y de violencia que se vive en el estado de Chiapas.

En este contexto, resulta imperativo que todos los actores involucrados en el proceso de paz -los gobiernos federal y local, la Cocopa, la Conai, los partidos, las diferentes Iglesias y el EZLN- den muestra de un real compromiso para resolver los problemas de la entidad y lleven a cabo acciones eficaces para alcanzar la paz, garantizar el respeto de los derechos humanos, resolver de forma justa las demandas de los pueblos indígenas y lograr el cabal restablecimiento del estado de derecho en Chiapas.

La toma de posición recientemente expresada por la Cocopa, en el sentido de que no claudicará en su búsqueda de alternativas para la paz, resulta alentadora, aunque se requiere un esfuerzo mayor de todas las partes. Como lo muestran los sangrientos sucesos de El Bosque, muchas comunidades chiapanecas se encuentran en un peligroso estado de exasperación y

polarización que podría conducir a nuevos y mayores enfren-tamientos que, a su vez, podrían llegar a cancelar las perspectivas de una solución negociada.

Tanto en los sucesos de El Bosque como en el oscuro episodio que costó la vida a dos policías chiapanecos -homicidios que se buscó imputar, sin ninguna prueba, a los jesuitas y a los

dirigentes campesinos liberados anteayer- es indispensable realizar una investigación a fondo para deslindar totalmente las responsabilidades, hacer justicia efectiva para las víctimas y frenar la espiral de violencia que ha tenido lugar en el estado de Chiapas.

México vive situaciones delicadas, tanto en lo interno como en el panorama internacional. En el primero de esos ámbitos, el país se encamina a las elecciones federales de julio, un proceso comicial que requiere la armonía y la civilidad. En lo externo, la nación debe resistir una nueva embestida intervencionista estadunidense, esta vez centrada en el proceso de certificación de la política antidrogas del gobierno mexicano.

En un momento en el que, para colmo, se hace patente la crisis generalizada de las instituciones nacionales, sería muy grave que los hechos de violencia que ocurren en el sureste enrarecieran aún más el ambiente político del país o que pusieran en riesgo la necesaria unidad nacional.

En esta circunstancia, el rompimiento de la frágil y precaria paz chiapaneca tendría consecuencias desastrosas para la nación en su conjunto.