Las infortunadas vicisitudes de la ilegítima certificación del gobierno en el Congreso de Estados Unidos vuelven a plantear la urgente necesidad de defender en la práctica y esclarecer en la teoría la soberanía de la nación. De acuerdo con la más seria filosofía política, la mejor tradición jurídica y el más auténtico pensamiento constitucionalista, el sujeto de la soberanía es el pueblo, que delega en su gobierno, democráticamente electo, y que ejerce el poder en forma democrática, la grave encomienda de proteger y defender su soberanía. Así lo expresa nuestra Constitución en su artículo 39: ``La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno''.

El concepto de soberanía va indisolublemente unido al tema de la democracia, y no hay manera de defender la soberanía sobre la base de la antidemocracia y la ilegitimidad del poder público.

Por ello nos llama la atención la justificada insistencia del gobierno en defender por un lado la soberanía frente a la insolente certificación del gobierno estadunidense, y por otro su renuencia a aceptar la cláusula habitual sobre el respeto a los principios de la democracia y los derechos humanos de la Unión Europea.

Mediante indebidas presiones del Embajador en Bruselas, y no por medio de los instrumentos diplomáticos normales, la cancillería mexicana expresó su oposición al financiamiento del proyecto Derechos Humanos y Democracia de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que había sido ya autorizado por la Comisión, brazo ejecutivo de la Unión Europea. En su pretendida justificación a la AMDH, el secretario de Relaciones Exteriores hábilmente no entra en el fondo del proyecto ni en la identidad de la propia Academia, sino confusamente arguye que dicho proyecto no está incluido en los rubros de cooperación entre la Unión Europea y México del Acuerdo Marco de 1991. Tales rubros son precisamente los de democracia y derechos humanos que el actual gobierno quiere excluir en aras supuestamente de defender la soberanía, privando así de paso al país de obtener mejores acuerdos económicos con Europa, que incrementarían sus espacios de independencia frente a la férula del gobierno de EU. No entendemos esta forma selectiva y superficial de defender la soberanía por parte de nuestro gobierno, y peor aún sin contar con la anuencia de sus ciudadanos.

El proyecto aprobado de la AMDH va justamente enderezado a promover la educación cívica, el monitoreo de medios y sobre todo la observación en el DF de gastos de campañas durante 1997, con el propósito de incidir en la vigilancia del uso legal e ilegal de recursos, en la evaluación ciudadana de la manera como las autoridades electorales y los partidos hacen uso del financiamiento público y privado, en la promoción de la equidad y transparencia de la competencia electoral y en la prevención y corrección de irregularidades en el desarrollo de las contiendas. Con criterios de absoluta imparcialidad y riguroso apartidismo, para ello se cuenta ya con una metodología profesional puesta a prueba el año pasado en un estudio de caso en las elecciones de Coahuila, totalmente apegado a lo que la Ley Electoral señala en gastos operativos, de propaganda en la vía pública y en los medios de comunicación, del que existe un estupendo testimonio escrito.

Como la certificación, la posición de la cancillería atenta también contra la soberanía del pueblo, al vulnerar los derechos políticos de ciudadanos y organismos civiles que con grandes esfuerzos han impulsado y profundizado importantes reformas y cambios democráticos en México, tanto más que las actuales autoridades del IFE y de su Consejo Local en el DF han mostrado hasta ahora una clara disposición para facilitar estas tareas. Los derechos humanos son ``universales'', y no es legítimo pretender argüir la soberanía por parte del gobierno, y ni siquiera nuestro orden jurídico interno, para conculcar los derechos políticos del pueblo, titular de la soberanía, impidiendo groseramente el apoyo exterior para ejercerlos sin condicionamientos y soberanamente. En la moderna cooperación internacional, es práctica común que aquélla se dé entre organismos multilaterales y ONG, sin más cortapisa que la de referirse a proyectos cuyo objeto sea legítimo y no contravenga la Carta de la ONU.