Se obtuvieron valiosos datos con los pagos a informantes, reiteró

Juan Manuel Venegas Ť Sí pagamos informantes y las erogaciones por ese rubro ``tuvieron el concepto de gastos de investigación y para obtener información... Si por eso tengo que ir a la cárcel, con mucho gusto, pero entonces que se cheque tiempo atrás y veremos cuántos más funcionarios tendrían que ir también a prisión'', subrayó Fernando Antonio Lozano Gracia.

El ex procurador de la República convocó ayer a una conferencia de prensa para contestar a una nueva acusación de nepotismo y peculado que le hizo la Secretaría de la Contraloría, y presentó una serie de documentos que detallan cómo otros ex procuradores como Jorge Carpizo y Diego Valadez utilizaron también los recursos de los bienes asegurados a narcotraficantes en pagos, bonificaciones e investigaciones extraordinarias.

Fernando Antonio Lozano Gracia, ex procurador general de la
República, durante una conferencia de prensa en la sede del
PAN en el DF. Foto: Omar Meneses

Durante la gestión de Carpizo --según la documentación ofrecida por Lozano-- el actual oficial mayor de la PGR, Juan Manuel Izabal Villicaña, entonces director de Recursos Humanos, recibió, tan sólo en 1993, 17 millones 265 mil 524 nuevos pesos (17 mil millones 265 mil pesos de entonces) para entregar gratificaciones y préstamos al personal.

También en la gestión de Carpizo, el comandante Raúl Loza Parra recibió 1.3 millones de nuevos pesos para ``investigaciones especiales'' y no tuvo que firmar ni siquiera el cheque de recibido, pues en el concepto del importe aparece que se trató de ``gastos no comprobables por cinco meses de investigación''.

Ya con Diego Valadés como procurador, dos funcionarios de la Oficialía Mayor, Jorge Cruz Herrera, de la secretaría particular, y René Velasco Velasco, auxiliar B, manejaron fondos por 3 millones de nuevos pesos cada uno, también ``para la realización de investigaciones especiales''.

Otra erogación especial que se hizo en la gestión de Valadés fue la aportación ``para una biblioteca que por 33 mil 250 nuevos pesos se entregó al obispo de Tijuana, Carlos Emilio Berlié''.

Según Lozano Gracia, durante ese tiempo los gastos que se hacían ``en muchas ocasiones ni siquiera se tenían que comprobar, como es el caso del ex subprocurador Mario Ruiz Massieu, quien incluso tomó 2.5 millones de pesos (de la dirección de Bienes Asegurados) que jamás comprobó ni explicó en qué los utilizó''.

Importante información de los casos Colosio y Ruiz Massieu

Lozano Gracia se presentó ayer para responder a todas las imputaciones que se le han hecho y entregó a los reporteros, incluso, la declaración que formuló ante la PGR el pasado 26 de febrero. En ella da cuenta de que los pagos que autorizó para informantes ``permitieron obtener múltiples y valiosos datos para las indagatorias de los homicidios de José Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio''.

Un ejemplo de esos ``valiosos datos'' obtenidos por informantes pagados, agregó Lozano en su declaración, es ``haber acreditado que el teniente del Estado Mayor Presidencial Miguel Angel Zimbrón López fue escolta de Raúl Salinas de Gortari, que después se le asignó como escolta de Luis Donaldo Colosio y, consumada la ejecución del candidato presidencial, el teniente volvió al servicio de Raúl Salinas de Gortari''.

Lo anterior ``lo digo para la debida valoración de las autoridades y las investigaciones que llevan a cabo'', indicó Lozano ante el Ministerio Público y sugirió: ``sería interesante que la autoridad, previa investigación, comparara lo que han venido gastando quienes procuran obstaculizar la función de la justicia''.

Según el ex procurador ``estos y muchos datos más ni siquiera han sido controvertidos por los acusados o sus defensores'' y en clara alusión a Raúl Salinas de Gortari y sus abogados, advirtió: ``cuando se cuestiona que las sumas de dinero entregadas a los informantes son cuantiosas, debo pedir entonces que las comparemos, tan sólo, con una de las cuentas congeladas en Suiza, que es mayor a los 80 millones de dólares e insisto que sería muy interesante que se comparara también lo que han venido gastando quienes procuran obstaculizar la función de la justicia''.

En su declaración, contenida en la averiguación previa SCGD/CGI/001/97 que se inició por presuntos malos manejos del presupuesto de la PGR, Lozano Gracia reconoció también que para la captura del jefe del cártel del Golfo, Juan García Abrego, ``autoricé un pago de un millón de dólares a la persona que nos proporcionó datos que permitieron'' la aprehensión del capo.

Ante el Ministerio Público, Lozano asentó: ``la utilización de diversos bienes asegurados tuvo sustento legal; no se dio con criterio partidista y en anteriores administraciones también se entregaban tales bienes a través de dicho procedimiento y para los mismos objetivos''; no existen pruebas ni indicios de que funcionario alguno de la PGR durante mi gestión haya pagado por fabricar testimonios o sembrar el cadáver en la finca El Encanto, y ``el propósito único cierto de las erogaciones de dinero que ahora se analizan tuvo justificación ética, toda vez que hay precepto expreso que faculta a la institución a disponer de esos fondos para la mejor procuración de justicia, como lo es obtener información necesaria para integrar los expedientes de las indagatorias''.

Esta situación, culpa de las autoridades

En la sede del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Lozano Gracia inició su conferencia leyendo un comunicado en el que dijo ``lamentar profundamente'' esta situación.

Sin embargo, acusó a las autoridades ``de propiciarla, haciendo pública'' la investigación que se lleva a cabo en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) ``y alentando la persecución política en contra de ex colaboradores míos, a quienes no les fueron respetadas las mínimas garantías a que debe tener acceso cualquier ciudadano''.

Precisamente en relación con la nueva acusación contra Lozano que se filtró el miércoles desde la Contraloría, el ex procurador panista negó ``todos los cargos por falsos y tendenciosos'' y expresó su ``más enérgica protesta por la publicidad que se dio'' al citatorio de la Secodam.

Esa filtración --dijo Lozano-- ha provocado ``que sin desarrollarse procedimiento alguno y sin que la autoridad me haya escuchado en mi defensa, se me ha juzgado y condenado ya''.

Informó Lozano que se enteró de la existencia del citatorio ``a través de los medios de comunicación, lo que implica por parte de la autoridad una violación flagrante al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos''.

Por ello ``me veo precisado a hacer pública'' la declaración ministerial del 26 de febrero pasado ``y en su momento, de igual forma, haré del conocimiento de los medios de comunicación mi respuesta a la Secodam''.