Libres, los dos jesuitas

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 13 de marzo Ť Tras considerar que las pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no son suficientes para inculpar a los sacerdotes jesuitas y campesinos de Xi Nich como presuntos responsables de la emboscada ocurrida en Palenque, el juez cuarto del ramo penal decretó su libertad ``con las reservas de ley dentro del término constitucional correspondiente''.

La defensa, por su parte, presentó una queja administrativa en contra de funcionarios de la PGJE, por los delitos de fabricación de pruebas, detención ilegal, maltrato e incomunicación de los cuatro excarcelados.

El sacerdote de la Compañía de Jesús, José Luis Gonzalo Rosas,
al salir del penal de Cerro Hueco. Foto: Francisco Olvera

Asimismo, el procurador general de Justicia del estado, Jorge Enrique Hernández Aguilar, manifestó que el trabajo de esta instancia estuvo en todo momento apegado a derecho; sin embargo, dijo, ``estableceremos qué responsabilidades puedan darse en el caso de los servidores públicos sindicados''.

Alrededor de las 11:30 horas de hoy fueron libertados los sacerdotes jesuitas, Gerónimo Alberto Hernández López y José Luis Gonzalo Rosas, así como los campesinos de la organización Xi Nich, Ramón Parcero Martínez y Francisco González Gutiérrez, quienes estaban consignados como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado en grado de coparticipación, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, asociación delictuosa y lesiones, a consecuencia de la emboscada realizada el pasado 7 de febrero contra elementos de la Policía de Seguridad Pública.

El juez cuarto del ramo penal, Fausto Blas López, luego de recibir los elementos probatorios que tenía el Ministerio Público y tras la declaración preparatoria de los acusados, consideró que no había elementos suficientes para dictar el auto de formal prisión, dictaminando la libertad con las reservas de ley dentro del término constitucional correspondiente.

Ello significa, dijo, que el Ministerio Público volverá a abrir la investigación con el fin de encontrar realmente a los responsables de la muerte de los policías Fredy Molina Jiménez y Carlos Urbina Méndez, y la agresión que sufrieran otros cinco elementos de este cuerpo policiaco el pasado 7 de marzo en la comunidad Chamizal, municipio de Palenque.

Por su parte, los abogados defensores presentaron una queja administrativa con dos vertientes: una por la falta de impartición de justicia para con los dos policías muertos, ``cuyas familias y ellos mismos no han recibido justicia'', informó Federico Anaya Gallardo, coordinador del cuerpo de abogados.

La otra, una queja en contra de los funcionarios de la Procuraduría y del Ministerio Público, ``porque al investigar los hechos implicaron a inocentes fabricando delitos y pruebas, deteniendo ilegalmente a las cuatro personas, golpeándolos e incomunicándolos''.

Entre las irregularidades del proceso, además de la detención arbitraria, maltrato e incomunicación de los detenidos, puntualizó, se encuentra que el Ministerio Público presentó durante la declaración preparatoria ocho exposiciones que no habían sido consideradas en las declaraciones ministeriales la noche del 9 al 10 de marzo.

La aparición de estas declaraciones ocultas e inexistentes viola la fracción VII del artículo 20 de la Constitución, donde se señala que los inculpados tienen derecho a tener todos los medios para su defensa, incluido el acceso a todo el expediente de la averiguación previa, mismo que en este caso se negó en la PGJE.

Asimismo, en el expediente obraban cuatro declaraciones de oficiales del cuerpo de Seguridad Pública que dicen haber sido atacados la tarde del 7 de marzo en Chamizal, pero que no señalan a nadie en específico como agresor e incluso piden que se investiguen los hechos porque desconocen a los responsables.

Añaden que al no haber imputación directa, la Procuraduría pretendió realizar el reconocimiento de los indiciados, luego de que éstos rindieron sus declaraciones ministeriales, pero la supuesta identificación de los acusados se realizó de modo ilegal, dado que la misma se llevó a cabo en el sótano de la PGJE, donde estaban recluidos los detenidos y sin la presencia de la defensa.

El coordinador del cuerpo de defensores informó que, por tanto, procede una querella en contra de los policías que sindicaron a los inculpados, la cual ya obra en autos de la misma averiguación previa 166/CAJ74/996, misma que la PGJE debe, por ley, haber abierto.

Federico Anaya informó que el juez cuarto del ramo penal podría volver a citar a los sacerdotes y campesinos liberados, con el fin de que quede claro todo el proceso.

Entrevistado horas más tarde, el procurador Hernández Aguilar manifestó que el acuerdo dictado para la libertad estuvo apegado a derecho, ``lo que nos compromete a recibir de nueva cuenta la averiguación previa para continuar la investigación y lograr el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades de quienes sean los culpables de los ilícitos''.