Es legítimo que Zedillo apoye la campaña priísta: consejeros del IFE

Mireya Cuéllar Ť A nadie debe ``asustar'' que el presidente Zedillo haga ``campaña'' en favor de su partido; es legítimo, ``muy normal'', porque salió de las filas del PRI, como tampoco debe considerarse una particularidad que Vicente Fox haga proselitismo para el PAN, consideraron ayer diversos consejeros electorales del IFE, quienes dijeron que lo ilegal sería que los gobiernos transfirieran recursos a los partidos.

Durante un simposium organizado por la Universidad Panamericana, la consejera Jacqueline Peschard recordó que el Presidente hizo un compromiso de ``sana distancia'' respecto de su partido, que finalmente no ha cumplido, pero que sin embargo no tiene nada de ``exótico'' que haga campaña en favor del partido que lo llevó al poder porque eso ocurre en todas las democracias.

Los otros consejeros participantes: Alonso Lujambio y Jesús Cantú, coincidieron en que el sistema democrático tiene su raíz en un aparato electoral que ofrece certidumbre en cada uno de los pasos del proceso comicial e ``incertidumbre'' sobre los resultados, es decir, nadie de antemano es el ganador.

En el pasado, explicaron, el problema no era que un gobernador o el Presidente hablaran en favor de su partido, el PRI, sino que le ``inyectaban'' recursos; ``más bien, no teníamos que ver al Presidente defendiendo a su partido'' porque los niveles de competencia eran muy bajos.

Pidieron a la sociedad que no se preocupe por el tono de la crítica que se dará durante la contienda, porque las bases de la democracia son la crítica y la tolerancia. ``La crítica no demerita la cultura democrática, al contrario, obliga a la rendición de cuentas'', comentó Lujambio, quien dijo que el tono de las campañas por venir será ``muy agresivo'' porque los partidos están en una competencia muy cerrada.

En esta contienda, el compromiso del Instituto Federal Electoral, apuntó, es ser un ``árbitro neutral'' cuyo único interés es un proceso electoral limpio, equitativo; ``no somos de oposición ni del gobierno''.

Los consejeros explicaron a su auditorio de jóvenes universitarios el pasado proceso de reforma electoral, y Alonso Lujambio sumó a favor el hecho de que la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados se haya reducido al ocho por ciento. Actualmente el PRI, con el 48 por ciento de la votación, tiene el 60 por ciento de la Cámara.

Jesús Cantú aludió a la estructura del IFE, cuyo diseño no se hizo en función de una mejor organización sino es ``resultado de la desconfianza''; se inventaron una serie de candados y salvaguardas para evitar desviaciones.

En esa dinámica, y en la lógica de no permitir que los gobiernos locales pudieran intervenir en los comicios federales del próximo 6 de julio, el IFE está elaborando los convenios de colaboración con los gobiernos de los estados de tal manera que los recursos estatales destinados al proceso se depositen en las oficinas centrales del instituto y sea éste el que reparta los dineros a las vocalías de los estados.

En procesos federales pasados, los gobiernos de los estados se entendían prácticamente con quienes estaban ahí encargados de organizar los comicios, ahora se pretende evitar a toda costa cualqier tipo de relación porque siempre puede haber la tentación de aplicar el viejo dicho de que ``el que paga manda''. Se trata de romper la relación funcional que existía entre el gobierno del estado y los funcionarios de las juntas, comentó Jesús Cantú.

Lo ideal, apuntó, es que el IFE llegue a tener plena autonomía y que los gastos para los procesos electorales tengan una sola fuente: el gobierno federal.

Uno de los problemas del IFE, planteó, es que no tiene forma de allegarse recursos propios, por ello se analiza la posibilidad de que en el futuro se les ``venda'' a los estados el padrón electoral que actualmente se les presta cuando hay procesos electorales locales. El único estado de la República que tiene padrón propio es Baja California, el resto recurren al padrón federal para sus elecciones.

Jacqueline Peschard habló también sobre la nueva autonomía del IFE y el incentivo que representa para la sociedad contar con órganos independientes a la hora de ir a las urnas, aunque dijo también que el ambiente de deterioro de la política que se vive, desanima a los votantes. La narcopolítica, la deshonestidad de muchos funcionarios y la irrupción de grupos armados, operan en contra de la participación electoral.

Lujambio recordó que para las elecciones federales del 6 de julio se imprimirán 155 millones de boletas; habrá 7 mil funcionarios de casilla y 4 mil 800 candidatos en disputa por 600 cargos.