Se impuso la ley a la arbitrariedad: Episcopado Ausencia de derecho en el país: organizaciones religiosas

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó que en la liberación de los jesuitas y dirigentes campesinos detenidos en Chiapas el sábado pasado, ``la ley se impuso por encima de la arbitrariedad'' y apoyó el pronunciamiento que diversas organizaciones realizaron en torno a la falta de un estado de derecho en el país.

A través de la Comisión de Pastoral Social, el máximo órgano católico del país consideró que este acto ``es una premisa saludable para que las relaciones Iglesia-Estado sean armónicas, y el camino y marcha de ambas instituciones sea por la construcción de una patria mejor''

La Comisión de Pastoral Social de la CEM consideró que, afortunadamente, la decisión fue tomada por un juez y no de manera cupular, por lo que calificó los hechos como ``un signo de buena voluntad por parte de las autoridades''.

Por la noche, en la Basílica de Guadalupe, varias organizaciones religiosas hicieron un pronunciamiento sobre los hechos los cuales, indicaron, ``son un ejemplo de la forma en que se aplica la ley, no sólo en Chiapas, sino en todo el país''.

En nombre de las aproximadamente mil personas que acudieron al recinto guadalupano ``para agradecer a Dios la libertad de los jesuitas'', Ramón Godínez, secretario general de la CEM, y Luis del Valle, sacerdote de la Compañía de Jesús, mencionaron la preocupación de la Iglesia por los actos de ``represión e injusticia'' que realizan las autoridades en Chiapas.

Rogaron por la labor de la Iglesia católica en México, especialmente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la cual ``vive días difíciles desde 1994''.

A su vez, en el campus Santa Fe de la Universidad Iberoamericana (UIA), Teresa Jardí dijo que el encierro y posterior liberación de los sacerdotes Jerónimo Hernández y Gonzalo Rosas, así como de los campesinos Ramón Parcero y Francisco González, forman parte de las ``decisiones que están destruyendo el tejido social y la convivencia civilizada en el país''.

En el momento que se inauguraba el foro Derechos humanos, ancianidad y pobreza, se informó que el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, había llamado a la oficina del rector Enrique González Torres para avisar que los dos religiosos y los dirigentes de la organización Xi Nich, ya se encontraban en libertad.

Teresa Jardí, directora de Estudios sobre Derechos Humanos de la UIA, señaló que la liberación no significa que se le dé carpetazo al asunto. ``Exigimos que se diga cómo y dónde murieron los policías, quién los asesinó y si es necesario que se exhumen los cuerpos, se haga una autopsia, se demuestre qué les provocó la muerte y que se castigue a los culpables''.

En relación con el costo político que tendrá el ``encierro injustificado'' de los religiosos y los campesinos, Jardí advirtió que el presidente Zedillo está perdiendo los apoyos que la sociedad le pudiera ofrecer, porque los equilibrios en el poder se están inclinando del lado de un grupo: ``el grupo del secretario de Gobernación justamente va creciendo y está tomando todos los espacios del poder; y por supuesto que esto es contra Ernesto Zedillo, no cabe ninguna duda, en momentos en que deberíamos estar unidos para enfrentar la agresión de un país vecino''.

En nombre de la Compañía de Jesús, Fomento Cultural y Educativo --organismo para el cual trabajan los sacerdotes inculpados-- planteó que esta experiencia les confirma que en el país se cometen graves injusticias. ``Con la liberación de nuestros compañeros, el gobierno admite que en el sistema de justicia hay corrupción, después de que fabrican delitos'', dijo la subdirectora de ese grupo, Magdalena Palencia.

Francisco López, director del Instituto de Jesuitas, llamó por su parte al gobierno de Chiapas a construir la paz en la defensa de los derechos humanos y a no buscar soluciones radicales a los conflictos, como ocurrió con la ``aprehensión injusta y precipitada'' de que hizo objeto a los cuatro inculpados.

Al respecto, dirigentes del PRD consideraron que la excarcelación de los sacerdotes e indígenas significa dar marcha atrás a una ``grotesca maniobra política'', al tiempo que exigieron castigo para los responsables de las detenciones.

Jesús Ortega, secretario general, y Mario Saucedo, presidente del Consejo Nacional perredista, señalaron que ``era obvio que tenían que soltarlos porque los cargos se fabricaron de manera muy burda y la justicia --ahora-- es muy relativa porque la manera como los detuvieron, torturaron y como quisieron implicarlos fue definitivamente ilegal e inconsistente''.

Por su parte, el presidente saliente de la Coparmex, Carlos Abascal Carranza, exigió respeto a las comunidades y a las personas y llamó a la autoridad judicial a probar de manera contundente cualquier acusación que presente. De no hacerlo así, ``quedan en entredicho la certidumbre jurídica y el estado de derecho y caeríamos en venganzas que a nadie convienen''.

En la Huasteca veracruzana, el jesuita Alfredo Zepeda, señaló que el proceso judicial que se sigue a sus compañeros y dos campesinos ``es un acto de intimidación para los que hacen trabajo de evangelización y labor social''

Por su parte, representantes del Congreso Nacional Indígena y del Frente Zapatista de Liberación Nacional dijeron que el ``clima adverso'' para la paz persiste a pesar de la liberación de los jesuitas e indígenas chiapanecos e indicaron que continuarán las movilizaciones en favor de los acuerdos de San Andrés. (Alma E. Muñoz, Rosa Icela Rodríguez, Roberto Garduño E., Antonio Vázquez, Angeles Cruz, y Francisco Marañón y Uriel Martínez, corresponsales.