La Jornada 14 de marzo de 1997

Reúne el PRD pruebas y testigos contra Córdoba

Rosa Icela Rodríguez Ť A unos días de que se cumplan tres años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y con el fin de evaluar ``el precio de la moral'' de José Córdoba Montoya, la asesoría jurídica del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó a diversas dependencias oficiales documentación del caso, información sobre la nacionalización del ex asesor presidencial, sus montos de cuentas bancarias desde 1979, y declaraciones patrimoniales.

Además, en la demanda civil por daño moral de Córdoba en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Jesús Zambrano y Ramón Sosamontes, han sido invitados a comparecer investigadores, académicos y periodistas como Oscar Hinojosa, Sergio Aguayo Quezada, Miguel Angel Granados Chapa y Lorenzo Meyer, entre otros.

Cabe señalar que luego de que los perredistas implicaron a Córdoba en el asesinato de Colosio y pidieron investigarlo, el ex funcionario salinista se quejó de que por su culpa había perdido el empleo como representante de México en el Banco Interamericano de Desarrollo, y los demandó por daño moral ante el juez de lo civil.

Pero de acuerdo con la información de Samuel del Villar, asesor jurídico del PRD, existen indicadores sobre el desempeño público de Córdoba como ``su control indebido sobre el CISEN'', así como la declaración de don Luis Colosio Fernández, que lo vinculó directamente con el homicidio'' de su hijo.

En el caso Córdoba, por parte del PRD participa todo un equipo de abogados, entre los cuales están destacados litigantes de derecho civil como Bernardo Bátiz y Jesús González Schmal, así como Salvador Ochoa Olvera, autor del libro La demanda por daño moral, quienes ya llevan varias semanas trabajando en la demanda del francés nacionalizado mexicano.

De acuerdo con las copias --en poder de La Jornada-- que fueron enviadas el pasado 12 de marzo, hasta la fecha ha sido requerida a 12 dependencias públicas documentación diversa para ser tomada en cuenta en el caso 1668/96 acreditada ante el Juzgado Tercero de lo Civil en el Distrito Federal.

Samuel del Villar señaló en entrevista que existen todos los elementos para probar lo ``insustancial y frívolo'' de la demanda de Córdoba.

Aseveró que se probarán fehacientemente todas las vinculaciones de Córdoba con el gobierno de Salinas y sus patrones sistemáticos de violación de las leyes, aún antes de obtener la nacionalidad mexicana.

Entre los documentos solicitados está el expediente del caso Othón Cortés y la averiguación previa del caso Colosio, para que judicialmente se puedan llegar a conocer de manera pública las responsabilidades en el homicidio del ex candidato presidencial del PRI.

Entre las dependencias a las que se solicitó documentación están la Contraloría, la Procuraduría General de la República, Hacienda, Relaciones Exteriores, Gobernación, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a notarios públicos.