Rodolfo F. Peña
Con la mira en Cerro Hueco
Hoy por la tarde vence el término para que el juez segundo de distrito en materia penal decida sobre la suerte de los dos sacerdotes jesuitas y los dos dirigentes campesinos detenidos sin orden de aprehensión el sábado anterior en Palenque, incomunicados y torturados durante varias horas, consignados el lunes después de mediodía y recluidos desde entonces en el penal estatal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez. Se les acusa de homicidio calificado en grado de coparticipación, atentados contra la paz e integridad corporal patrimonial del Estado, asociación delictuosa y lesiones. Son muchos y muy graves los delitos, ciertamente. Sólo que son, también, de burda fabricación casera, y ésta es la única evidencia casi tangible para el juez, por lo que su resolución tendría que ser incondicionalmente liberadora.
Es el caso que el viernes, en la comunidad de San Martín Chamizal, alguien organizó una emboscada contra la policía, en la que resultaron dos policías muertos y cinco heridos. Estos hechos deben investigarse, sin duda. La invención de culpables, aparte de que pisotea todo criterio de legalidad y moralidad, violenta de modo grave y grosero los derechos humanos de los falsamente inculpados y aloja en la oscuridad impune a los responsables verdaderos. Los jesuitas Jerónimo Hernández López y Gonzalo Rosas Morales, así como Francisco González Gutiérrez y Ramón Parcero Martínez, dirigentes de la organización Xi Nich, sencillamente no estuvieron en el lugar de los hechos.
Cuando hay hechos de sangre como los de Chamizal y los agentes encargados de investigar y perseguir el delito yerran tan ostensiblemente el golpe en contra de personas vinculadas a actividades sociales y políticas, no puede decirse cándidamente que fue por pura torpeza y ni siquiera por propio discernimiento. En las circunstancias de Chiapas, con todo lo que allí se juega, esos hechos son una ignominiosa provocación, que bien pudo haber empezado con la emboscada misma. La pregunta es: ¿a quién está dirigida la provocación? ¿A la Compañía de Jesús? ¿A la diócesis de San Cristóbal? ¿A la Iglesia católica en su conjunto? ¿A la organización Xi Nich? ¿A la Conai? ¿Al EZLN? Salvo a los ganaderos y finqueros, con su prensa y su radio al canto, el secuestro del sábado produjo un sacudimiento múltiple, aunque de intensidad diversa. Y múltiple, asimismo, ha sido la respuesta condenatoria.
En las altas esferas políticas del país, donde se habría esperado una medición pública sensata de lo ocurrido, no hubo sino declaraciones elusivas y vacías, cuando no francamente extravagantes. El asunto, se dijo, corresponde al ``fuero interno'' de Chiapas y es ajeno al proceso de paz. ¿Qué proceso es ése si se excluyen las barbaridades del ``fuero interno'' local? Semejante percepción no es verdadera para nadie, ni aun en su fuero interno.
¿Se reanudará alguna vez el diálogo de San Andrés Larráinzar, que no pasó, antes de interrumpirse, del primer punto de la agenda, punto que sigue sin consumación y que ha dado ya lugar a vacilaciones de la mismísima Cocopa? ¿Estarán imponiéndose los sectores del gobierno que preferirían ceder a la seducción de las armas y el aplastamiento militar? Con la detención arbitraria, los golpes y el confinamiento por tres días de los jesuitas y los líderes indígenas, ¿concluiría el diseño provocador, o es éste de más largo plazo? Si lo que se pretende es causar estragos duraderos al penoso y difícil proceso de paz, entonces el honorable juez del ramo penal dictará hoy un auto de formal prisión; si, por el contrario, hay algunos atisbos de sabiduría política y jurídica, se concederá la libertad incondicional, como se hizo en l991 con Joel Padrón, párroco de Simojovel, después de mes y medio de cautiverio. Como fuere, estos hechos lamentables ponen de manifiesto que no hay una voluntad firme de avanzar hacia la paz con acciones claras y con una perspectiva coherente.