Un tema que tradicionalmente ha preocupado a estudiosos del Derecho internacional e inquietado a los hombres públicos de mayor rango, señaladamente a quienes orientan las relaciones entre países, ha sido la soberanía, mucho tiempo considerada barrera defensiva de los países pequeños para ejercer la potestad de decisión suprema en cuanto a su funcionamiento y estructura política; la soberanía era baluarte jurídico y moral para detener abusos de los fuertes.

Para muchas generaciones de estudiosos del Derecho y Ciencias Políticas, la soberanía provenía de reglas éticas y jurídicas de valor universal.

El concepto soberanía como derecho de cada nación a tomar sus decisiones supremas ha sido víctima de la ideología neoliberal y globalizante. Por supuesto, el neoliberalismo que infiltra la pobre filosofía política y la torpe ciencia económica del imperialismo, nunca ha visto con buenos ojos la aspiración de soberanía de sus semicolonias latinoamericanas y ha impuesto instituciones contrarias al principio de soberanía nacional.

Una degradante fórmula establecida por el gobierno norteamericano fue calificar la forma en que los aparatos estatales sometidos cumplen funciones en provecho de intereses poderosos. Típica manera de desconocer el derecho soberano de México fue el procedimiento anual de certificar o descertificar para aprobar o rechazar la acción en materia de narcotráfico y lavado de dinero.

Pero mientras la facultad de certificación significaba la calificación aprobatoria para el gobierno mexicano, por muy corrupto e infiltrado que estuviera ningún integrante de la oligarquía gobernante destacó el agravio a la soberanía; sólo cuando se presenta el riesgo de que por voto del Legislativo estadunidense se derrumbe la certificación, esa facultad se vuelve contraria a Zedillo, quien con valor inusual y patriotismo estruendoso promete defender la soberanía.

Nuestra soberanía está peligrosamente amenazada por el sistema de certificación y no porque lleve a condenar al régimen zedillista; aun cuando subsistiera la certificación y permitiera la continuidad del régimen salino-zedillista, el agravio continuaría en vigor. No es digno ni patriótico sino entreguismo, luchar contra el sistema de certificación sólo si se hace vigente la descertificación.

La respuesta contra la agresiva campaña de descertificación ha sido sonora, empezando con la reacción ``altamente patriótica'' de Zedillo y del Angel de la Independencia y puede ser que hasta de los cocopos, que encontraron nuevo motivo de admiración para ``el Señor Presidente''; no es descabellado imaginar que el exceso yanqui ha dado nacimiento a una repulsa nacional unificada, incluyendo hasta a don Claudio X. González. Ojalá veamos a todos los mexicanos, victimados y verdugos, real y profundamente agrupados en contra del atentado artero a la soberanía y no contra de la descertificación de un régimen defensor de la impunidad de los grandes delincuentes.

Cualquiera que sea la autenticidad del propósito del gobierno al condenar el instrumento de certificación que parece amenazarlo, el pueblo mexicano, único titular de la soberanía, tiene tres objetivos inmediatos: a) Exigir a Zedillo, seguidores neoliberales y cocopos pronunciarse no sólo contra la descertificación, sino contra el uso de ese instrumento, y que abandonen toda práctica que la dañe; b) Negar a Clinton autorización para introducirse a México, armado o desarmado, mientras su gobierno mantenga el procedimiento de certificación, haciendo extensiva la prohibición a agentes norteamericanos dedicados a combatir el narcotráfico; c) Invitar a los pueblos hermanos latinoamericanos a asumir una posición similar negando a ese gobierno la potestad de violar la soberanía.

Frente al posible argumento de que ello favorece al narcotráfico, yo diría que la actitud del gobierno yanqui al lesionar nuestras soberanías es un mecanismo más que agrega a su manifiesta indolencia para combatir tráfico y consumo suyos (los más importantes de todos).

Estricto respeto a la soberanía latinoamericana y eficaz combate contra producción y consumo interno de drogas es la fórmula que debe exigirse a los jerarcas del imperio yanqui. Y esperamos que cuando esas condiciones se cumplan, habrá una generalizada reacción contra los mecanismos de certificación, como en contra del narcotráfico que ha enriquecido a tantos políticos y financieros y victimado a millones de seres humanos.