El domingo se determinará la situación de los inculpados, informa el juez

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 de marzo Ť El juez cuarto del ramo penal, Fausto Blas López, informó que el próximo domingo se determinará si existen o no elementos para dictar auto de formal prisión a los sacerdotes jesuitas y los campesinos de Xi Nich.

En tanto, la defensa solicitó que se respete el término constitucional de 72 horas para resolver la situación jurídica de los inculpados, luego de percatarse de la existencia de diversas alteraciones en el expediente.

Por su parte, el obispo de la diócesis de Tuxtla, Felipe Aguirre Franco, aseguró que la aprehensión de los sacerdotes Jerónimo Alberto Hernández López y José Luis Gonzalo Rosas no significa el rompimiento entre el Estado y la Iglesia.

Acerca de la situación jurídica de los jesuitas y los campesinos de la organización Xi Nich, Ramón Parcero Martínez y Francisco González Gutiérrez, consignados por los delitos de homicidio calificado en grado de coparticipación, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, asociación delictuosa y lesiones, el juez Blas López informó que actualmente la defensa está aportando las pruebas para desvirtuar los hechos que se les atribuyen.

Señaló que el lunes pasado recibió la averiguación previa y en la actualidad las pruebas correspondientes para decidir si existen o no elementos suficientes para determinar la probable responsabilidad de los acusados y si se dicta auto de formal prisión.

De acuerdo con los delitos por los que están consignados --graves según el artículo 269 bis del Código de Procedimientos Penales--, los inculpados no alcanzan la libertad bajo fianza, dijo el juez y aclaró que la defensa puede apelar o presentar un juicio de amparo en contra del auto de formal prisión, en caso de dictaminarse.

En caso de que los inculpados lograran la libertad, la parte acusadora --la Procuraduría General de Justicia del estado a través del Ministerio Público-- puede interponer una apelación y solicitar una nueva audiencia de vista para resolver la cuestión.

Por otra parte, el obispo de Tuxtla declaró que luego de una reunión con 90 sacerdotes y vicarios, en la que analizaron las acusaciones presentadas y los hechos reales, reconocieron ``la situación de violencia de la región, misma que continúa perpetrándose por el problema de la tierra y la miseria que se vive desde la época colonial''.

Señaló que para el grupo de religiosos los acontecimientos acerca de la detención son parte de una campaña en contra de la Iglesia, particularmente contra la diócesis de San Cristóbal, ``mayoritariamente indígena, a quienes les han tocado tiempos difíciles en su lucha contra la miseria y la injusticia de sus comunidades''.

Reconoció que por su labor pastoral se les culpa de provocar la violencia, sobre todo a partir del levantamiento de 1994; ante ello, solicitó a las autoridades una investigación seria. No obstante, consideró que la aprehensión de los sacerdotes no significa una ruptura entre el Estado y la Iglesia ya que ``son incidentes dolorosos, (y) esperamos que esto no bloquee los diálogos de paz'', puntualizó.