Es probable que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe en el curso de hoy una moción orientada a revocar la certificación unilateral otorgada a México en días pasados por el presidente Clinton y el Departamento de Estado en el tema de la lucha contra el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, en el Senado del país vecino nuestra nación sigue siendo objeto de un debate caracterizado por el más impúdico inter- vencionismo, tanto de los funcionarios gubernamentales que defien den la certificación, como por parte de los propios senadores que buscan revertirla. Los señalamientos han desbordado, con mucho, el tema del combate al narcotráfico e incursionan de lleno en la vida política mexicana, para colmo con consideraciones tan caricaturescas, esquemáticas y desinformadas como la formulada por el subsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, quien no ve en ella más que una lucha entre ``reformistas honestos y dinosaurios nacionalistas''.

En el proceso de estira y afloja que se desarrolla entre la Casa Blanca y el Capitolio se ha llegado a plantear la conveniencia de ratificar la certificación mencionada a cambio de que México acepte condiciones lesivas para su soberanía nacional, su autodeterminación y su independencia y que resultan, por ello, inadmisibles para nuestro país: que se permita la presencia de agentes armados de la DEA en territorio nacional, la incursión de barcos y aviones en mares y cielos mexicanos y hasta la instalación de radares operados por estadunidenses; que se realicen reformas legislativas al gusto de Washington en materia de lavado de dinero, que México acate medidas contra la corrupción gubernamental diseñadas por el gobierno estadunidense y que se comprometa a extraditar a los narcotraficantes que le sean solicitados.

Ante semejante ofensiva, la peor manera de reaccionar sería la de hacer concesiones lesivas a la soberanía o aceptar una sola de las vergonzosas condiciones que la clase política del país vecino pretende imponer en el nuestro. En esta perspectiva, es por demás oportuno y reconfortante el comunicado emitido ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que se advierte que el gobierno mexicano no cederá ante las ilegítimas y ofensivas presiones en curso y que, dado el caso, asumirá las consecuencias de una descertificación por parte de Washington.

La sociedad, por su parte, debe estar preparada para respaldar esta correcta postura de la diplomacia mexicana, así como para recibir con tranquilidad la posible noticia del retiro de la certificación. Ciertamente, tal escenario tendría efectos nocivos para el país, en la medida en que crisparía las relaciones bilaterales, introduciría factores de incertidumbre en el panorama financiero y haría aún más difíciles las condiciones en las que el gobierno mexicano combate el tráfico de drogas. En este terreno, y ante la perspectiva de una descertificación o de una certificación condicionada, probablemente resulte más provechoso para nuestro país cancelar la cooperación bilateral, en la que tantos conflictos ha provocado Washington, y centrar los esfuerzos en un marco nacional, por un lado, y de colaboración multilateral (con la ONU, los países de América Latina y la Unión Europea) por el otro.

La decisión que adopte Estados Unidos puede causarnos daños considerables en lo diplomático y en lo económico. Debemos tener la firmeza y la determinación para enfrentarlos, sea cual sea su magnitud, con la convicción de que la dignidad nacional no tiene precio ni es negociable.