La Jornada 13 de marzo de 1997

Cita la Contraloría a Lozano Gracia; lo indaga por peculado y nepotismo

El ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, fue citado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) para responder al uso indebido de más de 7 millones de pesos durante su gestión al frente de la PGR y a la presunta violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por autorizar pagos ilegales a informantes.

De acuerdo con el oficio 223/0557 de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia, Lozano Gracia deberá presentarse el próxmo jueves 20 de marzo a las 10 de la mañana para dar su versión sobre supuestos autopréstamos, uso de dinero del erario para gastos personales y de su familia, así como la contratación indebida de familiares y amigos.


Llegada del ex procurador general de la República, Fernando Antonio
Lozano Gracia, al Reclusorio Norte.
Foto: Carlos Cisneros

Juan Ignacio Zavala, ex vocero de la Procuraduría General de la República y cercano colaborador de Lozano Gracia, informó que el citatorio de la Secodam fue recibido por el ex procurador la tarde de ayer, luego de acudir al Reclusorio Norte a una audiencia donde declararía como testigo en EL juicio a Raúl Salinas de Gortari.

La investigación que la Contraloría inició en contra del ex funcionario panista se originó en la denuncia que el abogado Eduardo Luengo Creel presentó hace tres semanas por las irregularidades detectadas en el comportamiento administrativo de Lozano al frente de la PGR.

El oficio 223/0557 detalla parte de las presuntas anomalías cometidas en el manejo del presupuesto de la PGR entre 1995 y 1996, como el pago a informantes que la dependencia utilizó en el proceso que se le sigue a Salinas de Gortari por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

La Secodam precisó que el 20 de febrero de 1995 Lozano Gracia autorizó la entrega de medio millón de dólares para que Fernando Rodríguez González declarara en torno al homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Ese pago lo recibió Gabriela Fernanda Rodríguez Gastelum, hija de Fernando Rodríguez, mediante un cheque del Banco Internacional expedido por la Dirección General de Control de Bienes Asegurados de la PGR.

La cuenta para realizar este pago era utilizada por la PGR para depositar dinero decomisado al narcotráfico. El pago fue hecho entonces por el oficial mayor de la PGR, José Antonio Gándara Terrazas, por instrucciones de Lozano Gracia. También el 7 de octubre de 1996 se hizo un cheque de un millón de pesos para Francisca Zetina Chávez, La Paca.

El 16 de octubre, con la aprobación de Lozano Gracia, el propio Gándara autorizó la entrega de 2.5 millones de pesos para Ramiro Aguilar Lucero por la información que llevó a las autoridades a desenterrar la osamenta de la finca El Encanto.

Estos pagos provocaron una afectación al patrimonio federal de alrededor de 7 millones de pesos y la Contraloría demanda una explicación.

Otras acusaciones contra Lozano Gracia tienen que ver con la contratación de ``por lo menos'' cinco familiares:

Rodolfo Murillo Gracia como jefe de investigación de la oficina del procurador; Rodolfo Lozano Lozano, adscrito también a la oficina del procurador; Asunción Lozano Lozano, contratado como ejecutivo de proyectos de la delegación Zacatecas de la PGR; Emma del Carmen Lozano, en la misma delegación, y Lilia Yolanda Quezada Lozano, contratada como auxiliar del Ministerio Público Federal de la delegación de Zacatecas.

Pero la responsabilidad de Lozano no termina ahí. Según el citatorio de la Contraloría, también hay más pagos indebidos. Lozano Gracia ordenó el pago de 300 mil pesos a Víctor Manuel Buendía Cabrera --abogado de Fernando Rodríguez González-- por concepto de asesoría legal en las áreas laboral y fiscal, con dinero de la Dirección de Bienes Asegurados.

Lozano Gracia además autorizó préstamos personales para él y otros empleados de la PGR utilizando indebidamente dinero del fondo de investigaciones especiales y prioritarias que dependían de la Oficialía Mayor de la dependencia a su cargo. Estos préstamos ascienden a 133 mil 400 pesos.