La Jornada 13 de marzo de 1997

Hoy, la votación en el Capitolio; Clinton podría ejercer su poder de veto

David Brooks, corresponsal, Washington, 12 de marzo Ť La batalla entre el Congreso y la Casa Blanca sobre la certificación de México continuó hoy en vísperas de una votación sobre el tema en la Cámara de Representantes. Altos funcionarios gubernamentales, con excepción de la DEA, dijeron que esa decisión del Ejecutivo fue clave para apoyar las reformas políticas y económicas del gobierno mexicano contra ``dinosaurios nacionalistas'', y advirtieron que descertificar a México pone en riesgo la cooperación bilateral en todos los rubros.

Mike McCurry, vocero de la Casa Blanca, afirmó que el presidente Bill Clinton está dispuesto a vetar una eventual descertificación y sostuvo que el debate con el Capitolio no afectará los planes del mandatario para visitar México. Durante una reunión con legisladores, Clinton ``dejó bien claro sus puntos de vista firmes sobre la certificación, que podrían incluir un veto a los legisladores'', señaló McCurry.

El grupo de altos funcionarios del gobierno que testificó hoy ante el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado incluyó al zar antinarcóticos, Barry McCaffrey; el encargado de Asuntos de Narcóticos Internacionales del Departamento de Estado, Robert Gelbard; el subsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, y el administrador de la DEA, Thomas Constantine. El mensaje de los tres primeros fue subrayar las consecuencias políticas y económicas de una descertificación de México, pero igual que en ocasiones anteriores, el director de la DEA no pareció hablar el mismo idioma que sus colegas de la administración.

Constantine afirmó que su agencia no puede confiar en sus contrapartes de México. ``No hay ni una sola institución de seguridad pública en México con la cual la DEA tenga una relación de plena confianza'', escribió en su testimonio y añadió que en sus 37 años de experiencia nunca había visto el nivel de violencia ligada al narcotráfico como la que se manifiesta hoy en México. ``La extensión de la corrupción ahí es asombrosa''. Indicó que con el caso de Jesús Gutiérrez Rebollo, ``virtualmente toda investigación durante y antes de su periodo, incluyendo la identidad de los agentes de la DEA, están comprometidos. En el caso de México, existe al parecer la voluntad política para deshacerse de la reputación de país narcotraficante; sin embargo, lo que falta son agencias de seguridad pública limpias y comprometidas con la disposición de enfrentar a las figuras del crimen organizado más poderosas e influyentes que operan a un nivel mundial'', señaló.

Los otros tres funcionarios reiteraron el caso que han presentado durante las últimas dos semanas. Un nuevo miembro del gabinete que hoy se integró al equipo de defensa fue el subsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, quien se enfocó sobre las consecuencias de una descertificación en la economía mexicana. Argumentó que ello podría llevar a que ``los inversionistas pierdan confianza'' en el mercado mexicano, lo que se traduciría en una posible amenaza a la recuperación económica mexicana.

Summers también señaló que una descertificación podría minar los esfuerzos de reforma política y económica del vecino país y abrir una ```importante brecha entre los reformistas honestos y los dinosaurios nacionalistas''. Finalmente advirtió que podría provocar un distanciamiento entre los gobiernos de México y Estados Unidos, ``debilitando nuestra habilidad para llegar a acuerdos con nuestras contrapartes mexicanas sobre el combate a las drogas. Nos debilitaría como una fuerza para la reforma y modernización de México, la cual es un interés fundamental de la política exterior de Estados Unidos''.

McCaffrey reiteró su defensa de la decisión de Clinton y en comentarios posteriores con periodistas opinó que el trabajo del procurador Jorge Madrazo es una labor que implica rehacer la institución policiaca, algo que el general calcula llevará entre 5 y 15 años. Al mismo tiempo, McCaffrey --así como algunos senadores presentes, entre ellos Christopher Dodd y el novato republicano Chuck Hagel-- destacó la necesidad de que Estados Unidos se enfoque en el problema de la demanda de estupefacientes, señalando que sin ésta no habría este problema del narcotráfico. Sin embargo, los senadores presentes expresaron su inconformidad con la situación actual e interrogaron a los testigos sobre qué tan reales han sido los avances en México que han estado difundiendo. Varios legisladores manifestaron su apoyo por la resolución conjunta para revertir la certificación presidencial de México, que incluye la opción de suspender las sanciones económicas por motivos de ``interés nacional vital'', y que se espera sea debatida los próximos días, aunque esto podría ocurrir hasta la semana entrante.

Durante la audiencia del subcomité senatorial, la demócrata Dianne Feinstein reiteró sus críticas a México; su colega republicano Alfonse D'Amato afirmó que ese país y Colombia ``se mueven en la misma longitud de onda''.

Para el senador ``tal vez Zedillo es un tipo maravilloso y está haciendo todo lo posible'' en la lucha antinarcóticos, ``pero, ¿Gutiérrez Rebollo estaba viviendo en el departamento de un narcotraficante y nadie se dio cuenta?''.

Previo a esta audiencia se realizó una sesión a puerta cerrada, donde un testigo confidencial expuso ante algunos senadores aspectos de la seguridad pública en la relación Estados Unidos-México.

Asimismo, en el Senado continúan circulando iniciativas alternativas que proponen un resolución no obligatoria expresando un ``sentir del Congreso'' que permite mantener la certificación del vecino país con la advertencia, tanto a la Casa Blanca como a México, de que si no se demuestra la ``cooperación'' a través de un avance concreto sobre una serie de demandas estadunidenses en la lucha antinarcóticos en México, éste será descertificado en 1998.

Hoy, el senador Charles Grassley presentó oficialmente su propuesta (de la cual La Jornada informó en su edición de hoy) y Kay Bailey Hutchison propuso una iniciativa similar. ``No creo que la descertificación sea el camino apropiado'', declaró la senadora Hutchison este miércoles ante el subcomité.

Más tarde comentó a la prensa que el líder de la mayoría en el Senado, Trent Lott, está interesado en buscar una solución negociada que podría favorecer esta opción de un ``sentir del Congreso''.

Una tercera solución, según fuentes legislativas, es que el Senado retome la versión de la resolución, que se espera será aprobada por la Cámara de Representantes este jueves, y tratar de aprobar la misma propuesta en la Cámara alta.

En todo caso, el Comité de Reglas de la Cámara modificó levemente el proyecto de descertificación, para que éste, de aprobarse, incluya un periodo de gracia de 90 días antes de que la medida entre en vigor.