La Jornada 13 de marzo de 1997

Chapa también pagó a testigos en esa investigación, dice el fiscal

Ciro Pérez Silva Ť El ex fiscal especial para el caso Colosio, Pablo Chapa Bezanilla, pagó a testigos durante la investigación; entregó sólo tres de las cinco copias del expediente, y ordenó indagatorias en Lomas Taurinas tiempo después de haber sido desplazado de esta investigación, ``obstaculizando'' la labor de quienes lo relevamos, informó Luis Raúl González Pérez, responsable de las pesquisas desde septiembre del año pasado.

Al dar a conocer el resultado de 10 de las 27 líneas de investigación que se comprometió a seguir al inicio de su gestión, reveló que para esclarecer el entorno político en que se desarrolló la campaña presidencial, el 3 de marzo pasado fue citado a declarar el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, quien respondió a un interrogatorio durante cinco horas, y dijo que no se descarta la posibilidad de citar al presidente Ernesto Zedillo.

``En esta línea se busca responder a las varias y reiteradas interrogantes colectivas, vinculadas con la índole de la relación entre (Carlos) Salinas y Colosio y la existencia de lo que se consideró un clima adverso a la campaña'', indicó, aunque subrayó que no por ser llamados a declarar deben considerarse como responsables y que se reserva las conclusiones preliminares a que ha arribado.

Informó que también han sido motivo de análisis las declaraciones de otros personajes políticos como Patricio Chirinos, Pedro Joaquín Coldwell, Emilio Gamboa, Otto Granados, Enrique Jackson, Fernando Ortiz Arana y José Murat, entre otros.

Asimismo, reveló la identidad del sexto pasajero que viajó de Tijuana al Distrito Federal como parte del grupo que custodiaba a Mario Aburto. Se trata del doctor Armando Paniagua Michel, quien declaró haber intervenido en el traslado de Aburto por instrucciones del entonces delegado de la PGR en Tijuana, Arturo Ochoa Palacios, ``para cuidar el estado de salud del detenido''.

Obstáculos e irregularidades

González Pérez indicó que desde el inicio de su labor al frente de la fiscalía, enfrentó ``diversos problemas administrativos'', pues la oficialía mayor de la PGR no proporcionó los recursos mínimos necesarios, pese a las insistentes gestiones realizadas.

Explicó que por esta situación ``se perdió parte del tiempo que correspondía al análisis de las constancias que obran en el expediente, pese a ello, se estudió a fondo la averiguación previa'', misma que consta actualmente de 66 tomos con 27 mil 347 fojas y 127 anexos en cinco copias, de las cuales la fiscalía anterior retuvo dos.

En este sentido, González Pérez advirtió que la oficina a su cargo informará directamente de los avances de la investigación sin responsabilizarse por las ``filtraciones'' que puedan efectuar quienes se quedaron con las dos copias faltantes.

Mencionó también que del 12 al 15 de noviembre pasado, envió a Tijuana a funcionarios a su cargo para recabar declaraciones de personas que al ser entrevistadas informaron que horas antes se había presentado el comandante Ignacio Perales Gómez, quien afirmó que su visita obedecía a la investigación del caso Colosio. El citado comandante estaba adscrito a la fiscalía a cargo de Chapa Bezanilla.

Aquí también Chapa pagó a testigos

Una de las líneas de investigación aún en curso señala que Mario Aburto Martínez iba a ser detenido durante la gira de proselitismo que realizaría Luis Donaldo Colosio, previa a su gira por Baja California.

Según los testimonios de tres personas cercanas al mayor Eustolio Morán, uno de los miembros del Estado Mayor en el equipo de seguridad del candidato priísta, el 18 de marzo de 1994 Morán viajaría a Michoacán con al menos uno de los declarantes ``para detener a alguien'' que había amenazado a Colosio o que era visto con frecuencia en los actos de proselitismo.

El operativo fue cancelado por órdenes de Morán. Según dos de los declarantes la persona a detener era Mario Aburto. Ambas versiones fueron negadas por el mayor.

Sin embargo, la subprocuraduría retomó la investigación y citó a siete personas, quienes ratificaron sus declaraciones. ``El análisis de los testimonios arroja contradicciones'', destacó el fiscal, y reveló:

``Tres de ellos expresaron también que luego de sus declaraciones recibieron pagos quincenales de 2 mil pesos durante 7, 6 y 3 meses, respectivamente, de parte de la fiscalía anterior, además de la promesa de ser incorporados a la Policía Judicial Federal''.

Sostuvo que, de encontrarse elementos para suponer que las acciones de Pablo Chapa son factores que obstaculicen o distorsionen la indagatoria, se iniciarán las acciones legales correspondientes.

Sobre la identidad de Aburto

Durante más de ocho horas, el fiscal especial para el caso Colosio detalló los resultados de las investigaciones de 10 de las líneas que inquietaban a la opinión pública. Una de ellas fue ratificar la identidad de Mario Aburto, como la misma persona que disparó en Lomas Taurinas y está encarcelada en Almoloya.

Por cerca de dos horas mostró los estudios criminalísticos, en dactiloscopia, sobreposición de imágenes, características morfológicas, antropometría, confrontación fotográfica y correspondencia de vestimenta que, pericialmente, confirman la identidad del homicida.

Sobre el momento y circunstancias del crimen, se concluyó que en el total de actuaciones que contiene la indagatoria, no existe evidencia alguna de que hubiera la intencion de no brindar auxilio médico al candidato priísta después de sufrir el atentado, ni que premeditadamente se le hubiera trasladado al hospital más lejano del lugar del homicidio.

También concluye que de las diligencias hasta ahora practicadas no se desprende que la elección del lugar y la ubicación del templete, en el acto de Lomas Taurinas, se hubieran hecho con la intención de preparar las condiciones para privar de la vida a Colosio.

En el mismo sentido se refiere el dictamen de la fiscalía a la transformación de Lomas Taurinas, indicando que no se han encontrando elementos que permitan suponer que la construcción de la plaza se hizo con el fin de alterar, destruir u ocultar evidencias sobre los hechos acontecidos el 23 de marzo.