Ruiz Ferro: todo el peso de la ley a implicados en la emboscada

El gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, afirmó que en la entidad ``nadie tiene privilegios, fueros o investiduras para estar fuera de la ley, se trate de quien se trate''. En tanto, partidos, organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos, protestaron por el hostigamiento contra quienes defienden las causas indígenas y campesinas.

La Compañía de Jesús consideró las aprehensiones de los sacerdotes jesuitas como ``una campaña de persecución'' en contra de esta orden. Se trata, dijo, del rechazo a la Teología de la Liberación.

La Conai sostuvo que dichos acontecimientos constituyen un atentado a la paz y al proceso de diálogo y negociación en Chiapas. ``Junto a la creciente militarización en la entidad, la situación de hostigamiento y los obstáculos para concretar la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, este incidente (la detención) incrementa el clima adverso al camino de la paz'', señala.

La diócesis de San Cristóbal de las Casas exigió la liberación de los cuatro detenidos ``no como una concesión a la Iglesia sino como un verdadero acto de justicia''. Consideró que los hechos incrementan el clima de violencia que se vive en la entidad y llamó a las autoridades a conducirse ``con criterios de honestidad y justicia'' y emprender una ``profunda investigación'' sobre la consignación de Jerónimo Hernández, Gonzalo Rosas, Ramón Parcero y Francisco González.

Ruiz Ferro dejó en claro que los sacerdotes y dirigentes campesinos implicados en una emboscada contra agentes policiacos ``recibirán la aplicación de la ley en toda su dimensión y con todo su rigor''.

Argumentó que no se pude hacer a un lado la ley para complacer a las minorías violentas ``que cotidianamente están sembrando la semilla del rencor y el odio entre los chiapanecos. Una sociedad que permite este lenguaje sólo creará un escenario propicio para la delincuencia y la inseguridad''.

Cuauhtémoc Cárdenas calificó las detenciones como una provocación de fuerzas oscuras del régimen que obstaculizan el proceso de paz en Chiapas e indicó que son ``un acto arbitrario que demuestra la intención de las autoridades por sembrar el desconcierto y la desconfianza. El gobierno no tiene otro camino que el de la represión y el cierre de los derechos cívicos''.

El PRI, a través de su secretario de Acción Indígena, Enrique Ku Herrera, rechazó que exista una guerra de baja intensidad en contra de la Iglesia católica en Chiapas, como lo señaló el obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera. Sin embargo, consideró que en el estado falta voluntad política del gobierno federal y del EZLN para avanzar en los puntos de coincidencia ``que creo es el 90 por ciento del texto'' (Acuerdos de San Andrés Larráinzar).

--¿Y el 10 por ciento restante?

--El resto es intentar antes de que llegue la iniciativa al Congreso. Afinar, aclarar. Hay muchos términos que es de acotar nada más. Muchos términos requieren de precisión. Por ejemplo, qué es lo que los indígenas entienden por autonomía.

--Para ellos no es escindir, dividir al país...

--Claro. Pero que se precise muy bien. Una autonomía que no escinda al país, que no cree las reservas. Estamos en contra de las reservas, en contra de la segregación. Y hay términos que no se han manejado. Por ejemplo, que no queremos nuevas leyes de Indias.

Emilio Krieger, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, aseguró que ``estamos dentro de un estado de represión fascista, donde el gobierno desaparece a la gente que le estorba y no cuenta el respeto a las leyes y menos los derechos humanos''.

Miguel Blandino, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, y David Fernández, del Miguel Agustín Pro Juárez, señalaron que los hechos de Palenque consituyen un ``mal mensaje'' a la sociedad y condenaron la violencia en Chiapas.

Sergio Aguayo, de Alianza Cívica, culpó a Ruiz Ferro de ``actuar por consigna del centro. Los hechos confirman que en México no hay Estado de derecho''.

El encargado de la orden de los jesuitas en Chiapas, José María Castillo, dijo que la detención de los sacerdotes ``es parte de una campaña de persecución contra quienes siempre han estado a favor de los indígenas''.

Mensaje al papa Juan Pablo II

La Dirección de Estudios sobre Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana envió al papa Juan Pablo II una carta en la que relata los hechos y las acusaciones ``mentirosas y dolosas'' en contra de los cuatro detenidos.

La misiva solicita enviar Acciones Urgentes exigiendo la libertad incondicional e inmediata, mandadas desde el Vaticano al Presidente de la República, al secretario de Gobernación y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. (Alma E. Muñoz, Ciro Pérez, Triunfo Elizalde, José Ureña, Rosa Icela Rodríguez, Gerardo Rico, corresponsal, y de la corresponsalía de Tapachula)