Con tristeza y una cierta dosis de indignación, di lectura al comunicado de la Comisión de Concordia y Pacificación fechado el 4 de marzo del año en curso. Sabiendo de antemano que ese martes la referida comisión legislativa se reunía para tomar una decisión con respecto a la crisis del diálogo de San Andrés, esperaba que la resolución de la Cocopa estaría a la altura de las declaraciones que algunos de sus miembros habían hecho públicas durante estas semanas y, sobre todo, a la altura de las necesidades de un país ávido de acciones en favor de los intereses del pueblo y de la nación, y cansado de retórica y demagogia.

Por el contrario, la Cocopa nos presenta un documento contradictorio en esencia, ya que en su punto 3 sostiene su propuesta de reformas constitucionales en materia indígena, debido a que los legisladores consideran que ``es el resultado de un esfuerzo honesto y serio de todos sus miembros para conciliar las diferencias entre las Partes'', mientras que en el punto 4, por una vía indirecta, se asume que la misma requiere de readecuaciones ``para evitar imprecisiones o confusiones en su alcance, interpretación y contenido''. Para llegar a esta conclusión, la Cocopa aduce que se reunió con especialistas independientes (sic), ``expertos en derecho constitucional consultados por el Gobierno federal y asesores del EZLN'' y que la mayoría había sugerido que se le hagan ``adecuaciones de técnica jurídica''.

Tengo a la vista el documento que se entregó a la Cocopa con fecha 12 de febrero, firmado por 53 de quienes fungimos como asesores del EZLN para la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, y en ningún lugar encontré una sugerencia u opinión que lleve a concluir lo interpretado por los miembros de la Cocopa; todo lo contrario, la última frase de este comunicado dice con claridad: ``Para concluir, confiamos en que la Cocopa siga contribuyendo en la búsqueda de una paz con justicia y dignidad, sosteniendo su documento del 29 de noviembre, y buscando crear las condiciones para su aprobación. Lo más importante de esta propuesta es la amplitud y profundidad del consenso social construido a su alrededor. Sería gravísimo desandar el camino recorrido''. Tal parece que eso precisamente está proponiendo la Cocopa cuando se refiere a ``otra alternativa'' de propuesta de ley, la cual obviamente iría a la baja en su contenido con respecto a la del 29 de noviembre.

Además, el desplegado de la Cocopa en su relación de hechos omite lo más importante: la presentación por parte de Ernesto Zedillo de una contrapropuesta totalmente contraria al espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés; la campaña de tergiversaciones contra la propuesta de la Cocopa encabezada por el propio Zedillo; la militarización creciente y el hostigamiento militar contra las comunidades zapatistas en la zona de conflicto y en otras regiones indígenas. Coadyuvancia no significa pasar por alto violaciones a la ley de Concordia y Pacificación. El virtual desconocimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del Ejecutivo introduce una desconfianza total en el proceso de diálogo, y en este contexto la Cocopa pretende que las partes se vuelvan a encontrar. ¿Para iniciar otra negociación en materia indígena que, a su vez, se firme y se desconozca por parte del gobierno?

La tristeza proviene de que ciertamente muchos ciudadanos esperábamos más de la Cocopa, pero su desplegado es la expresión de su propia crisis y una especie de capitulación ante el presidencialismo. ¿Por qué la Comisión no convocó a la sociedad para defender su iniciativa?: ¿por qué no actúa en consecuencia con su responsabilidad histórica?.