Pruebas de que no estuvieron en los hechos de Palenque, señala

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 11 de marzo Ť Durante su declaración preparatoria, los sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal y los campesinos de Xi Nich negaron todos los cargos y reiteraron que fueron violadas sus garantías individuales, al ser detenidos ilegalmente, además de haber sido sometidos a incomunicación y tortura.

El fondo de la detención, mencionó José Luis Gonzalo Rosas en entrevista, es el trabajo de la diócesis por reivindicar los derechos de las comunidades indígenas; sin embargo, añadió, a la Iglesia no se le puede culpar de los movimientos históricos.

Al rendir su declaración preparatoria ante el juez cuarto del ramo penal, los sacerdotes jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y Gonzalo Rosas, así como los campesinos Ramón Parcero Martínez y Francisco González Gutiérrez, negaron ser responsables de los delitos de homicidio calificado en grado de coparticipación, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, asociación delictuosa y lesiones, que les imputa la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Habitantes del predio Emiliano Zapata, el cual fue desalojado
el lunes, en Palenque, Chiapas. Foto: Ernesto Ramírez

En declaraciones que duraron más de cuatro horas cada una, los sacerdotes inculpados reiteraron que el día en que fue emboscado el destacamento de Seguridad Pública, el viernes 7 de marzo, participaban en una asamblea diocesana en San Cristóbal.

Sobre su estancia de ese día y hasta el sábado siguiente en que fueron detenidos, a la altura de la comunidad de El Chamizal, municipio de Palenque, ofrecieron nombres de personas que pueden certificarlo, además de presentar otras pruebas.

Se espera que el juez cuarto de lo penal, Fausto Blas López, dictamine antes de la tarde del jueves su situación jurídica: auto de formal prisión o libertad provisional o absolutoria.

Poco antes de presentar su declaración, el sacerdote José Luis Gonzalo Rosas relató que el 8 de marzo, aproximadamente a las 14 horas, fue interceptado por un vehículo volkswagen blanco; bajaron de él ``unos muchachos vestidos de civil'' quienes, armados, lo obligaron a subir al auto, impeliéndolo a agacharse para que nadie lo viera.

Minutos después, repitieron la operación con el sacerdote Jerónimo Hernández y los dos campesinos de Xi Nich, quienes lo acompañaban porque ``habían solicitado un aventón a su comunidad''.

Luego, fueron conducidos al Ministerio Público del fuero común de Palenque, donde, ``con todo lujo de violencia, los metieron a una celda, golpeándolos mientras les quitaban sus pertenencias'', sin informarles el motivo de su detención. Y se les pidió sus apellidos, tomándoles múltiples fotografías.

Enseguida, los subieron en la parte trasera de una camioneta blanca, ``colocados bocabajo, con las manos en la nuca, mientras algunos policías se sentaron encima de nosotros. Durante el trayecto nos golpearon con sus armas en los costados, la nuca, se escuchaba también que estaban golpeando a mis compañeros, pero no podía voltear a verlos'', dijo Gonzalo Rosas.

Al llegar al aeropuerto de Palenque, los subieron a un helicóptero, uno encima de otro; sin embargo, bajaron a tres, por lo que sólo Gonzalo Rosas fue llevado vía aérea a los separos de la PGJE.

El sacerdote mencionó que, según le manifestaron las otros tres detenidos, su traslado de ocho horas fue por vía terrestre, a bordo de una camioneta, puestos bocabajo y con las manos en la nuca, mientras sobre ellos iban sentados algunos policías.

Desde su llegada, el sábado por la tarde y noche, respectivamente, y hasta el domingo ``no se nos permitió comunicarnos con nadie; no pudimos hacer uso de nuestro derecho de informar que habíamos sido detenidos, Nadie nos informaba nada, no podíamos hablar entre nosotros porque estábamos constantemente vigilados'', relató.

Hasta la madrugada del lunes, cuando fueron llevados ante el Ministerio Público para presentar su declaración, supieron de qué los acusaban.

El Ministerio Público, recordó, hizo algunas preguntas sobre la organización Xi Nich, del trabajo de la diócesis, la labor de apoyo a las comunidades indígenas para la construcción de caminos, escuelas y demás.

Al reflexionar sobre la intención que hay detrás de las acusaciones que afectan directamente el trabajo de la diócesis de San Cristóbal, consideró que es obvio ``que debe haber un interés de parte del grupo de ganaderos de la zona, de los grupos que poseen grandes cantidades de tierra, bienes y grupos de poder''.

``Quiero dejar bien claro -agregó- que vivimos el acontecimiento de la guerra, todos vivimos las causas del 94, las de extrema pobreza, abandono de las comunidades, lo que ya reconoció el gobierno; todos sabemos que después que estalló esto, a los pocos días hubo una serie de recuperaciones de tierra, y de eso no se nos puede culpar, del resultado de movimientos históricos.''

De eso y del trabajo de la Iglesia por impulsar el desarrollo de la zona y la reivindicación de los derechos de los indígenas que luchan por tener lo elemental para poder sobrevivir, ``en el fondo está el conflicto''.

``Ha sido como preparar todo un escenario para culparnos de algo'', puntualizó tras considerar que su detención crea una situación ``muy delicada'' en el proceso que vive la entidad y que algunos llaman guerra de baja intensidad.

Juntó la historia de Chiapas, 11 años después, a dos protagonistas y un arma

Antonio García de León, Especial para La Jornada Ť En mayo de 1986 comenzaba una historia que hoy parece completarse en esas ironías en donde la realidad supera la fantasía. Hace casi 11 años, y como parte de las rutinas históricas de Chiapas (eterna persecución de campesinos por fuerzas del orden), se desarrollaba en esa entidad un poderoso movimiento de los productores maiceros de la Fraylesca.

En el fragor de ese combate, en el que el gobierno del general Absalón Castellanos lanzara todo el ``peso de la ley'' (y al Ejército Mexicano) contra los campesinos inconformes, ocurrió un detalle, como esos indicios que busca Ginzburg en sus historias casi verdaderas: en un jaloneo se perdió una pistola.

Según la prensa de la época, era una simple escuadra calibre 38, marca Star, con matrícula S735977, ``con su respectivo cargador y dos cartuchos útiles''. (La Voz del Sureste, Tuxtla Gutiérrez, 23 de mayo de 1986).

Resulta que desde fines de abril de ese año, los campesinos, cansados de que no fuera escuchada su petición de aumento al precio de garantía del maíz (cuando todavía había ``precios de garantía'') --en el mismo nivel a los concedidos en Chihuahua--, intensificaron sus protestas.

En esos días miembros del gabinete agropecuario de Miguel de la Madrid exhortaron a los líderes del movimiento a que depusieran su actitud y a que entregaran las bodegas de Conasupo que mantenían en su poder, junto con la cosecha entera de una región conocida entonces como ``el granero del Sureste''.

El 12 de mayo los campesinos tomaron las carreteras y retuvieron 14 camiones tórton cargados de maíz que intentaban romper la huelga, y efectuaron un aparatoso bloqueo.

La presión subía... El día 14, 2 mil 500 soldados, mil elementos de seguridad estatal y cerca de 2 mil judiciales desalojaron a los inconformes, y a punta de bayoneta, los ``convencieron''...

El licenciado Tirado Rosales, a la sazón procurador estatal, y un general de la octava Zona Militar comandaban lo que se llamó ``un pacífico desalojo'', con saldo de varios muertos, desaparecidos y detenidos.

La Star fue puesta en manos del entonces periodista Aguilar Hernández

Una comisión de los campesinos se dirigía a Tuxtla: en ella iban Germán Jiménez Gómez, líder de los maiceros (ex diputado del PRI y ex dirigente de la CNC); Manuel Hernández, de la sección 7 del SNTE; el maestro José Jacobo Nazar, y entre otros dirigentes, el entonces periodista y asesor de los inconformes, Jorge Enrique Hernández Aguilar.

En el camino a Tuxtla, la comisión fue interceptada por la Policía Judicial que, conforme a los ``usos y costumbres'' de cualquier gobierno de Chiapas que se respete, la emprendió a golpes y patadas contra los comisionados.

Estos fueron secuestrados durante tres días en los sótanos de la Procuraduría estatal, junto con otros 22 campesinos que después de un buena ``calentada'', fueron liberados.

El día 17, bajo el sol canicular del mediodía, los cabecillas fueron trasladados al Centro Penitenciario número 1 de Cerro Hueco, ``con una impresionante fuerza de seguridad''.

Los presos no lo eran hasta ese momento; sólo estaban ``presentados'', y allí denunciaron haber sido golpeados, maniatados y conducidos ``en una forma indígena, como si fueran delincuentes comunes y no como quienes luchan por una causa justa''.

Hernández Aguilar tenía reventado un oído a causa de ``varios culatazos recibidos en la nuca'', y denunció un hecho increíble: el Ministerio Público, durante su cautiverio, lo amagó con una pistola 22 oxidada, diciéndole: ``Esta es la pistola que usté traía''.

--No señor --respondió el periodista--, yo vine a reportear y no uso pistola.

El funcionario, enojado, le espetó: ``Mirá valientito, si no aceptás lo que te estoy diciendo, te vamos a regresar a que te sigan calentando''.

En el acta del Ministerio apareció entonces que Hernández Aguilar portaba un arma, no la 22 oxidada, sino la nuevecita Star que en el zafarrancho le habían quitado al general anónimo de la séptima Zona Militar y quien acompañaba a Tirado Rosales en el desalojo de las carreteras.

Y de nada les valió protestar. El movimiento estaba virtualmente aniquilado, y los ``presuntos'' siete miembros de la comisión fueron acusados de los delitos de ataques a las vías generales de comunicación, robo con violencia y asociación delictuosa.

Sometidos a pesadas condenas, se pasarían dos años en Cerro Hueco, hasta que en su primer acto de campaña, Patrocinio González Blanco y Garrido Canabal --que así se llamaba el siguiente gobernador-- los liberó de la injusta prisión.

Eraclio Zepeda, entonces diputado del PSUM, defendía causas campesinas

En la ciudad de México un diputado federal del PSUM, el chiapaneco Eraclio Zepeda Ramos (que entonces escribía cuentos sobre el surrealismo chiapaneco), denunciaba la militarización de su estado y dijo que desde la Cámara ``se han estado vigilando las opresiones y crímenes que se han generado en la justa lucha por la tierra de los campesinos de Chiapas''.

Se denunciaron allí las arbitrariedades cometidas por la policía del estado --dedicada según el diputado Zepeda a cometer los más sangrientos desalojos--, así como los abusos de la Policía Judicial y de algunos militares, y se envió una comisión parlamentaria pluripartidista para investigar ``denuncias que ya trascienden las fronteras nacionales''. (El Día, 20 de mayo de 1986).

Por si usted no lo sabe, el entonces diputado de izquierda es hoy secretario de Gobierno y dirige --a veces en persona-- los sangrientos desalojos que en Chiapas sigue cometiendo la policía estatal, ahora bajo sus órdenes.

Así también, el entonces periodista es hoy procurador general de Justicia del estado.

Y lo más increíble: la pistola Star, aquella que perdió el inexperto general en el zafarrancho, apareció, 11 años después, nada menos que en la ``morraleta que andaba el presunto jesuita Jerónimo Alberto Hernández López'' (dicho así por uno de los judiciales), acusado de llevarla en donde carga la computadora que le robaron los agentes del orden antes de golpearlo, aunque primero se la habían sembrado a Gonzalo Rosas Morales, el otro ``presunto sacerdote'' detenido.

Eraclio Zepeda había asegurado por teléfono a don Raúl Vera, obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, que ``el padre Jerónimo traía una pistola Star...''.

Y en su conferencia de prensa (sin derecho a preguntas), el procurador Hernández Aguilar (diario de Tuxtla Gutiérrez, 10 de marzo de 1997) declaró, en parte, lo siguiente: ``Asimismo, se puso a disposición del fuero federal a Jerónimo Alberto Hernández López, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, ya que se le aseguró una pistola tipo escuadra, calibre 380, marca

Star, matrícula S735977, con su respectivo cargador y dos cartuchos útiles''.