Ofensivo en verdad resulta el desorden, la impreparación, la falta de información y el abuso tolerado con que se ha puesto en marcha el nuevo Sistema de Ahorro para el Retiro.

De inicio hay que reconocer que el manejo que por muchos años se dio a los recursos aportados tripartitamente por patrones, trabajadores y gobierno al IMSS destinados a pensiones, no fue del todo transparente y productivo. Esos cientos de miles de millones de pesos no constituyen hoy, como deberían, un fondo específico debidamente invertido y conocido, sino una enorme y nebulosa deuda pública que habrá de irse pagando como pensiones en las próximas décadas.

Por ello considero positiva la iniciativa de sanear esa institución y separar claramente los fondos destinados en el IMSS al retiro, de los asignados a servicios médicos, maternidad, guarderías, inversiones físicas y otros fines. Sin embargo, tratándose de un ahorro social y además obligatorio y de enorme importancia para financiar el desarrollo del país (donde el ahorro nunca alcanza, no porque no exista sino por el mal uso que se le da), lo procedente era constituir un organismo social autónomo para el manejo eficiente, profesional y transparente de esos recursos, con el fin de dar plena seguridad a los beneficiarios de una óptima administración, sin riesgo, de sus aportaciones, y al mismo tiempo dar a la economía, a la planta productiva privada y pública, una vital fuente de financiamiento a largo plazo para inversiones rentables y seguras.

En vez de ello, el gobierno, algunas fuerzas políticas y por supuesto los intermediarios financieros y el capital extranjero como beneficiarios, se empeñaron y están llevando a cabo la privatización --en su administración, uso y usufructo-- de ese ahorro social, obviamente en detrimento de los intereses de sus legítimos dueños, los derechohabientes, de su seguridad a futuro y de la calidad de su retiro, aspectos que seguramente los promotores del sistema tienen solucionados ampliamente, a juzgar por el profundo desprecio que les manifiestan.

Pero además de este pecado de origen, de este mal nacimiento, de este error de fondo, también están errando en la forma. Con retrasos y empujones hay ahora 17 Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) con sus respectivas Siefores (Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos del Retiro) en una auténtica rebatiña por los cerca de 10 millones de cuentas de los trabajadores. Y no es para menos, el negocio es fenomenal y los escrúpulos escasos.

Lo inconcebible es la irresponsabilidad de las autoridades que sí tienen la obligación de ordenar el sistema, garantizar rendimientos mínimos, evitar los abusos, e informar con absoluta claridad a la sociedad, a los dueños de los recursos, de lo que están haciendo con su ahorro. El cuadro comparativo preparado por el Congreso del Trabajo con cálculos del rendimiento que ofrecen las 17 Afores, reproducido en La Jornada el 5 de marzo, es por demás elocuente: los rendimientos sobre las aportaciones de un salario (tres veces el mínimo en el ejemplo) van de un 18.3 por ciento en la Afore con mejores condiciones, a una tasa negativa de -8.8 por ciento en la Afore con menor rendimiento. Esto sin profundizar en la excesiva participación de empresas extranjeras, que amenazan con desnacionalizar también el ahorro interno y con desviarlo de los fines que el país requiere.

En la gran mayoría de las opciones, las comisiones que se están cobrando son leoninas, los contratos violan las normas de seguridad necesarias en el manejo de este tipo de recursos y no se dan garantías mínimas de rentabilidad, ni garantías contra pérdidas cuando después del primer año las inversiones ya no sean únicamente en valores seguros de renta fija, sino que empiecen a incluir en las carteras de inversión valores de riesgo. Hoy nadie sabe a ciencia cierta cuál Afore le conviene o le resulta menos lesiva, o le representa un menor riesgo.

Ideal sería poder revertir de origen tanta barbaridad, pero como ello no se ve factible, por lo pronto resulta sensato no inscribirse en ninguna Afore (el plazo es en primera instancia hasta el 1o. de julio, y después la ley prevé un máximo de cuatro años para integrar a todos y cada uno de los trabajadores), hasta que el sistema se ordene y tenga usted la información suficiente y un panorama claro de sus opciones, costos y beneficios.