Tanto en el terreno económico como en el político, México sigue experimentando su mayor crisis desde 1929. ¿Cómo salir? En el decenio de 1930 se logró mediante la construcción de nuevo consenso político y económico que permitió sentar las bases de un marco institucional que compatilizaba intereses de sectores populares, clases medias y élites propietarias. Hoy está roto, y no parecen existir posibilidades de recomponerlo dada la aplicación de políticas económicas francamente restringidas. Desde hace dos años, al adoptar un objetivo económico rector --que el Estado rescate a la banca por los errores de sus directivos-- se ha provocado una confrontación más profunda entre banqueros y deudores, que se manifestó el fin de semana pasado con la celebración simultánea de la Convención de la Asociación Nacional de Banqueros y la Convención Nacional del Barzón. ¿A quiénes favorece el gobierno? La presencia de los más altos funcionarios en la reunión de banqueros lo dice: para el Poder Ejecutivo los únicos interlocutores válidos son los dueños y gestores de las altas finanzas.

Así, y nada extrañamente, la banca ha sido favorecida por la actual administración con una amplia gama de esquemas financieros para impedir el colapso. El más ambicioso y costoso ha sido el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) que, a pesar de su nombre, su finalidad ha sido facilitar la recapitalización de bancos, tan mal administrados que casi se hundieron.

El precio del rescate bancario es alto: 40 mil millones de dólares, el más caro de la historia de México y de América Latina. Pero además el costo es elevado en términos políticos.

La razón que explica el aumento de los costos políticos está vinculada con la resistencia del gobierno a reconocer a los movimientos de deudores como interlocutores representativos de los sectores medios de la sociedad. He allí un grave error político, pues la principal agrupación de deudores, el Barzón es hoy posiblemente la más grande y activa de su tipo en el mundo. Agrupa a miles de deudores hipotecarios, de tarjetas de crédito, deudores transportistas, taxistas, peseros y camioneros, así como de las más diversas profesiones. Ha hecho avances sustanciales al proponer soluciones equilibradas para intentar resolver el gravísimo problema de la cartera vencida. No obtstante, el gobierno se ha tapado los oídos cada vez que hace una propuesta favorable a los deudores.

La estrategia actual del gobierno consiste en apostar a que se vendan grandes paquetes de bienes hipotecados en los mercados nacionales e internacionales a través de nuevos mecanismos de ``ingeniería financiera'' moderna. Sin embargo, debido a la depresión del mercado de bienes raíces en México, no parece probable obtener precios razonables en la ``gran subasta'' internacional de las viviendas de la clase media mexicana.

En cambio, los deudores proponen acceder a las subastas mediante un fideicomiso. Se trata de propiciar algo que el gobierno dice apoyar: la recuperación del ahorro interno mediante el relanzamiento de la confianza de ahorradores e inversores --grandes, medianos o pequeños, pues para que el mercado financiero crezca es indispensable que se amplíe y democratice gradualmente. La historia económica demuestra que si no se vinculan las clases medias a los mercados financieros, éstos serán restringidos y sujetos a fuertes fluctuaciones debido a su carácter oligopólico. Esta es la situación aún vigente en México, donde pocos actores dominan las transacciones y el mercado carece de profundidad.

Ampliar el mercado financiero atrayendo deudores es una meta política saludable en un año de transición y modernización política. En un año electoral sería importante evaluar quiénes cuentan con más votos: ¿la élite de banqueros o los millares de deudores? De proseguirse sin modificaciones con la propuesta de ``bursatilizar'' las viviendas hipotecadas, ¿qué pasará con los votos de los cientos de miles de dueños de esas casas? No parece que favorecerán a la actual administración en sus preferencias electorales. Y si se incluyen familiares y amigos de deudores entre los votantes, habría que reconocer que se trata de una gran parte de las clases medias del país.

El enfrentamiento banca-deudores no es sólo dilema nacional ya que, en nuestra época, los problemas políticos y sociales se catapultan casi inmediatamente a las primeras planas de la prensa extranjera, porque México está hoy en el centro del escenario mundial. Y, por ello, movimientos sociales de envergadura como El Barzón tienen y tendrán repercusión internacional cada vez más resonante, con consecuencias domésticas transcendentes. No resulta factible ni conveniente tratar de ``ningunear'' a los deudores mexicanos, como hasta ahora. En caso contrario los resultados serán generar mayor incertidumbre y rencor en un país y una coyuntura en donde hay ya demasiados desequilibrios.