El ruidoso caso de la factible descertificación del Congreso estadunidense a la actuación del gobierno mexicano para combatir al narcotráfico trae a colación una triste y en mucho interesada confusión entre soberanía y dependencia, así como entre crítica externa e ineficiencia interna.

Se tiene que admitir, por más irritante que ello resulte, la capacidad, el deber y hasta el derecho de los senadores, diputados y comunicadores estadunidenses de formular juicios sobre el desempeño del gobierno mexicano, sobre todo en lo que respecta a los esfuerzos en el combate a las drogas. El que se les escuche con sobreactuada atención y que sea por demás molesto, no hace de tales pronunciamientos vehículos para la intromisión en los asuntos internos de México, así como tampoco son, por su misma formulación y despliegue, un ataque a la soberanía nacional.

El Ejecutivo federal de EU, en particular el Presidente, debe, por mandato de ley, extenderle al Congreso una certificación de que los recursos empleados para el combate a las drogas fueron, a su juicio, bien empleados y correspondidos por el accionar de otros países. Si a su leal entender, tanto la política como las prácticas llevadas a cabo no se juzgan correctas o suficientes, pues no se certifican. Un simple procedimiento interno de ese gobierno. Sólo en caso de que tal ordenamiento se traduzca en acciones punitivas (bloqueo de crédito en el FMI), en vetos a determinados personajes (listas negras), exigencias de extradiciones o en daños diversos, se puede hablar de intromisión o extraterritorialidad. Si todo queda en enjuiciamientos y retórica, será optativo prestar atención y, sobre todo, ofenderse, enojarse o responder a ello con inútiles desplegados de apoyo.

En un análisis comprensivo y si se quiere dejar sin materia formal a tal certificación, México debería atenerse a sus propios recursos o no firmar ningún acuerdo de colaboración que quedase sujeto a una evaluación unilateral, como es el caso que nos ocupa y preocupa. Pero optar por un derrotero de esta categoría, tal y como lo aconsejan diversos estudiosos y ex funcionarios (embajador Montaño), hace necesario ceñirse a decisiones de envergadura tal que, por su imaginación política, permitan definir rumbos propios o que, por su recia voluntad de independencia, sea posible responder a las genuinas prioridades nacionales. Algo de lo que, desafortunadamente, se está por ahora lejos de tener o concitar.

Sobre todo si se piensa en un sistema de gobierno que da repetidas muestras de improvisación y partidarismo y cuya base de sustentación financiera (deuda externa, ahorro interno e inversión externa), organizativa y ética, se encuentran por demás minadas. Se hace aquí referencia específica a la penetración del narco en niveles crecientes de decisión (Rebollo, MRM, familia Salinas, et al), continuos cambios de procuradores (siete en ocho años), en la Secretaría de Gobernación (cinco en ocho años) y sus correspondencias obligadas en el INCD y CISEN. Con tal rotación es imposible lograr una comprensión abarcante ni la continuidad aceptable de programas, por más cambios, refundaciones y reformas a fondo que se prometan con engolada voz.

México tiene, quiérase abordar o no, se trate con eficacia o no, un serio problema de producción de enervantes, de consumo creciente de drogas y, sobre todo, de tráfico de estupefacientes con destino a EU y el hecho, analizado al detalle y aceptado en sus pormenores, de que ese país es el mayor consumidor de drogas del mundo, no les imposibilita para enjuiciar la conducta ajena. El diferendo entre la rama ejecutiva, ahora demócrata, y el Congreso de mayoría republicana, sumado al forcejeo de algunos actores para ganarse adeptos (senadora Feinstein), el pánico a la masiva inmigración o los cabildeos de la DEA por mayores recursos e influencia burocrática, son una realidad a la que se deberá ajustar tanto el gobierno como una madura sociedad mexicana. Enrollarse en la bandera del patriotismo no es camino adecuado, máxime cuando se tienen sospechas de su uso partidario en épocas electorales y con un presidente Zedillo en plena campaña. Lo conducente es discernir entre revisar a fondo las numerosas dependencias junto con el grado de subordinación que muestran amplias capas de la población y las élites, respecto de las salidas efectivas, basadas en conductas honestas, con programas sustentados en diagnósticos realistas y prácticas democráticas.