Liberar a jesuitas, exige el Episcopado

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó la violencia que se vive en Chiapas ``y en todo el país'', por lo que exigió al gobierno federal construir un auténtico estado de derecho.

Sergio Obeso, presidente de la CEM, presentó ayer la postura del máximo organismo católico sobre la detención de los sacerdotes jesuitas Jerónimo Hernández y José Luis Gonzalo Rosas, y de los dirigentes campesinos Ramón Parcero y Francisco González.

Aseguró que las autoridades de Chiapas ``violaron los derechos fundamentales e integridad física de los detenidos, además de que fueron transgredidas leyes constitucionales y procedimientos legales''.

Gonzalo Rosas, en la rejilla de prácticas de Cerro Hueco.
Foto: Francisco Olvera

El también arzobispo de Jalapa pidió la libertad de los detenidos, así como la restauración de su fama y honorabilidad ante la sociedad en general.

``Nos solidarizamos con nuestros hermanos obispos de San Cristóbal y con su diócesis, sabiendo que han hecho una decidida opción por una paz y reconciliación fundadas en la dignidad y derechos humanos de todos los chiapanecos, especialmente de los más pobres'', expresó.

A su vez, el arzobispo emérito de Durango, Antonio López Avila, exigió ``una investigación seria y justa sobre los hechos, y que la misma satisfaga plenamente al pueblo de México''.

En entrevista por separado, Felipe Arizmendi, obispo de Tapachula, dijo que ``no se puede prefabricar culpables, aun cuando se rechace la labor pastoral de los sacerdotes Jerónimo Hernández y Gonzalo Rosas''.

El prelado consideró como ``una exageración'' culpar a los detenidos de propiciar un enfrentamiento, cuando éstos ``no estuvieron presentes'' en la presunta emboscada en la que murieron dos agentes policiacos.

En reunión de carácter extraordinario efectuada en la ciudad de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano planteó cuatro puntos de los hechos, basados en el testimonio del obispo Raúl Vera, en el sentido de que los acusados se encontraban en la diócesis de San Cristóbal de las Casas denunciando violaciones a las garantías de indígenas y campesinos del estado de Chiapas.

Agregó: ``Desde su detención hasta su consignación les fueron violados sus derechos fundamentales, su integridad física y transgredidas leyes constitucionales y procedimientos legales por parte de las autoridades'', señaló el arzobispo Obeso Rivera.

Por ello dijo, con base en las declaraciones de Raúl Vera, ``nuestros hermanos sacerdotes no tuvieron nada que ver en lo que se les acusa y por tanto son inocentes''.

Ante esto, ``condenamos cualquier forma de violencia en Chiapas y en todo el país, conscientes de que no nos conduce a ninguna parte. Hoy más que nunca necesitamos decidirnos firmemente por construir un auténtico estado de derecho en México, que se fundamente en el reconocimiento de la dignidad, los derechos humanos de todos y el respeto efectivo a las garantías individuales''. (Alma E. Muñoz y Emmanuel Salazar y Sandra Luz Altúzar, corresponsales)