Resulta pertinente la exigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de que el ejercicio político del gobierno no tenga ya el ``único objetivo de conservar el poder a costa del sacrificio de la sociedad'' ni se circunscriba únicamente a mantener un equilibrio entre los diferentes grupos de poder en México. Tal señalamiento, formulado en un momento de extendida crisis institucional y de quebrantos a la seguridad nacional, tiene implícito el reconocimiento de que las líneas rectoras de la economía y la política mexicana de los tiempos recientes no han seguido un camino adecuado para resolver las carencias nacionales y permitir un real desarrollo democrático y social.

Sin embargo, resulta paradójico que tal reconocimiento provenga de uno de los organismos cupulares que ha sido parte integrante del modelo político que ahora critica, y desde el cual fue impuesto el manejo económico cuyos resultados son condenados hoy por la propia Coparmex. Cabe preguntarse, a la luz de la exigencia de esta corporación empresarial, si las medidas neoliberales que se han seguido en nuestro país en los últimos 15 años --y que han lesionado gravemente los niveles de vida de las clases populares-- habrían sido llevadas a cabo de modo tan vertiginoso en un sistema político realmente democrático, en el que las diversas fuerzas políticas y la sociedad civil hubiesen contado con mecanismos efectivos para expresar su aprobación o rechazo a las medidas gubernamentales, así como de canales de participación en las decisiones públicas y de fiscalización de la tarea de gobierno.

Vistas desde esta perspectiva, las afirmaciones contenidas en el documento de la Coparmex --uno de los pilares del poder corporativo que ha controlado por décadas el país, y defensora e impulsora de las políticas económicas vigentes-- parecieran una suerte de autocrítica implícita que sería saludable asumir plenamente.

Cabría esperar, para colocar en su justo valor tales afirmaciones, que la Coparmex empezara por distanciarse de los mecanismos cupulares y excluyentes por medio de los cuales se ha validado el modelo económico en vigor. Asimismo, que empeñara su innegable influencia política y su capacidad de convocatoria en la búsqueda de estrategias económicas menos lesivas para la población y orientadas a la reactivación del mercado interno, al desarrollo y a la reducción de las lacerantes iniquidades sociales y económicas, que en los últimos tres lustros han llegado a ser intolerables para vastos sectores de la población, además de peligrosas para la propia sobrevivencia nacional.