Vera López: guerra de baja intensidad contra religiosos

La Iglesia católica es víctima de una ``guerra de baja intensidad'' en Chiapas, consideró el obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera López, quien dijo que hay ``un gran número de ataques violentos'' contra ministros de culto en la entidad.

El religioso mencionó en este sentido la detención de los jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y Gonzalo Rosas Morales. A su protesta se sumaron dirigentes de organismos sociales, políticos y de derechos humanos, que consideraron los hechos un acto de represión contra la labor que realizan sacerdotes en apoyo de indígenas y campesinos.

Gonzalo Ituarte, secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), calificó los hechos como ``una campaña permanente'' contra las instancias de intermediación y coadyuvancia del diálogo de San Andrés Larráinzar. Dijo que el equipo diocesano del obispo Samuel Ruiz García ``está siendo perseguido y acosado''.

Ramón Godínez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), planteó su preocupación por los hechos y salió en defensa de los religiosos. Explicó que después de reunir los elementos que llevaron a la detención de los jesuitas y de los dirigentes de la organización Xi Nich, Francisco González Gutiérrez y Ramón Parcero Martínez, esta instancia religiosa presentará su postura.

Vera López manifestó que los implicados en los hechos sostuvieron una reunión en la diócesis de San Cristóbal, por lo cual no descartó que su detención ``sea para vengarse de algo porque estuvieron denunciando la impunidad y lo que acontece en la zona norte del estado''.

Después de visitar a los detenidos, el obispo coadjutor consideró los hechos una cuestión política que pretende restarle credibilidad y confianza al trabajo de la Iglesia en el estado.

Manifestó que la injusticia e impunidad que prevalecen en Chiapas no se resolverán ``inventando culpables sino resolviendo a fondo el problema de la entidad''. La Iglesia es una de las instituciones que más fuertemente está impulsando el arreglo en este sentido, señaló.

Felipe Arizmendi, obispo de Tapachula, opinó que en México existe desconfianza por la labor pastoral de los sacerdotes en San Cristóbal de las Casas, pero descalificó que esto se utilice para fabricar culpables. Se mostró convencido de las declaraciones del obispo Vera al sostener que los jesuitas detenidos son inocentes.

El jesuita David Fernández señaló que la detención es una ``muestra racista'' del gobierno de Chiapas, al suponer que los indígenas son incapaces de conducir sus propias luchas. Por ello, dijo que la Compañía de Jesús estableció contacto con el arzobispo primado de México, Norberto Rivera; el presidente de la CEM, Sergio Obeso, y hasta con el subsecretario de Asuntos Religiosos y Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Rodríguez Barrera.

Mientras, en Barcelona, España, el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, se reunió con el cardenal Ricard Maria Carles, ante quien comentó la detención de los dos jesuitas acusados de promover disturbios en Chiapas. La visita del religioso a aquel país obedece a que hoy será investido doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona.

Gonzalo Ituarte, en Tuxtla Gutiérrez, precisó que los ataques contra grupos religiosos buscan el debilitamiento de la Conai y tienen como objetivo evitar el restablecimiento del diálogo de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal. Asimismo, descartó que exista la intención de reactivar la confrontación armada.

Líderes de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) dijeron en ese municipio chiapaneco que el encarcelamiento ``injusto'' de los religiosos causó temor entre los campesinos, porque piensan que podría ser el inicio de una ofensiva más fuerte de parte de los gobiernos federal y estatal.

En opinión del sacerdote dominico Julián Cruz, la detención de los jesuitas y de los dirigentes Francisco González Gutiérez y Ramón Parcero Martínez ``es una advertencia a la diócesis de San Cristóbal, y como no pueden detener a don Samuel (Ruiz García) ni a don Raúl (Vera López), lo hacen con los sacerdotes y los dirigentes indígenas''.

A su vez, dirigentes de organismos no gubernamentales y sacerdotes de la Compañía de Jesús en Jalisco sostuvieron que en las detenciones ``se encierran intereses oscuros por la labor que los jesuitas realizan en favor de los desprotegidos'', y calificaron los hechos ocurridos en Chiapas como ``una ola de desprestigio'' contra esta agrupación religiosa.

Emilio Chuayffet alienta la discordia y provoca la desunión: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó la libertad de los dos sacerdotes jesuitas detenidos en Chiapas, y lamentó que el secretario de Gobernación, Emilio Chauyffet, ``en vez de buscar la cohesión para enfrentar la crisis y las presiones del extranjero, aliente la discordia y provoque la desunión''.

Entrevistado en la sede nacional del PRD, López Obrador sostuvo que es ``injusto'' que las autoridades detengan a los religiosos y al dirigente de los deudores, Gerardo Fernández Noroña, este último durante el acto de los banqueros en Cacún. ``Es una acción coordinada entre la Secretaría de Gobernación y los gobernadores de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, y de Quintana Roo, Mario Villanueva, quienes forman parte de los gobiernos siniestros y corruptos del sureste'', acusó.

En Chiapas, los perredistas Juan Guerra, de la Comisión de Concordia y Pacificación, y Mario Saucedo, añadieron que la detención de los jesuitas y campesinos de Xi Nich es un acto de provocación que viene desde sectores del gobierno federal, con el propósito de afectar ``la precaria estabilidad de Chiapas y del país''. Añadieron que sería ``preocupante'' que también estuviera involucrado un sector del Ejército Mexicano en las detenciones.

Mientras, representantes de Alianza Cívica y de la Unión de Pueblos Indios de Manantlán, en Jalisco, consideraron ``un peligroso hostigamiento'' para los jesuitas la detención de los sacerdotes y campesinos. En este sentido, responsabilizaron al gobierno de Chiapas, encabezado por Julio César Ruiz Ferro, de los golpes físicos que tengan los implicados.

El Congreso Nacional Indígena se sumó a las protestas de los dirigentes sociales, políticos y religiosos por las detenciones de los jesuitas y campesinos y exigió su liberación inmediata. (Rosa Icela Rodríguez, Alma E. Muñoz y los corresponsales Angeles Mariscal, Elio Henríquez y Juan Balboa)