OTRA VEZ A JUICIO

Jim Cason, enviado, Houston, 10 marzo Ť Los abogados del gobierno de Estados Unidos anunciaron hoy que un ex oficial de la Policía Judicial Federal mexicana testificará esta semana que ayudó a empacar en aviones de la Procuraduría General de la República (PGR) maletas con dinero proveniente de pagos de narcotraficantes, con destino a la ciudad de México, y otro de sus colegas declarará que presenció el pago de grandes montos de dinero al ex subprocurador Mario Ruiz Massieu.

En una corte ocupada en su totalidad, donde incluso no podían entrar todos los periodistas, la juez Nancy Atlas presidió la selección de un jurado y las primeras intervenciones, en un caso que nutrirá las percepciones de la corrupción en los altos niveles de la política en México.

Un ex agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) testificó que sería correcto afirmar que altos funcionarios gubernamentales en México han recibido ``generosos bonos'' y también insinuó que Mario Ruiz Massieu habría ayudado a que Juan García Abrego evitara ser detenido en 1993. La fiscal de Estados Unidos Susan Kempner añadió que presentará testimonios de un ex chofer de García Abrego, quien vinculará a éste con Ruiz Massieu.

En el juicio civil que dio inicio hoy aquí, el gobierno de Estados Unidos busca confiscar más de 9 millones de dólares depositados en la cuenta de Ruiz Massieu en el Texas Commerce Bank, ubicado en esta ciudad. En la serie de acusaciones que intercambiaron las partes, el gobierno argumentó que los 9 millones están vinculados con el narcotráfico y que si Ruiz Massieu no logra comprobar lo contrario, el dinero deberá ser confiscado.

Tony Canales, uno de los abogados defensores de Ruiz Massieu, respondió que su cliente es un crítico del gobierno mexicano y ahora es víctima de una campaña de acusaciones falsas promovidas por aquél y apoyadas por las autoridades de Washington. Tal como lo hicieron en los casos anteriores en torno a los intentos para extraditar a su cliente, los abogados Canales y Cathy Fleming empezaron atacando la credibilidad de los testigos de la Policía Judicial, aun cuando éstos están todavía por declarar ante la corte.

Dirigiéndose al jurado desde el centro de la corte, Canales intentó presentar de forma dramática su aseveración de que uno de los testigos claves del gobierno, Gilberto Barrios Barrios, fue amenazado con tortura si no se presentaba en Houston para declarar sobre este proceso. ``Cuando escuchen su testimonio, el señor Barrios declarará que fue arrestado y torturado por un comandante de nombre Montenegro en 1995'', dijo Canales al jurado, buscando así minar el caso del gobierno.

El abogado texano señaló que el comandante militar Horacio Montenegro Ortiz arrestó a Barrios, un ex agente de la Policía Judicial Federal, por segunda vez en enero, y lo amenazó con más tortura si no acordaba presentarse en Houston para testificar en este caso. Los abogados de Ruiz Massieu afirmaron que ninguno de los testigos mexicanos del gobierno son confiables, porque han recibido promesas de ``tarjetas verdes'' (permisos para trabajar legalmente en Estados Unidos) o pagos en efectivo por sus presentaciones aquí.

La Jornada se enteró hoy de que el gobierno decidió tentativamente no llamar a uno de sus testigos más controvertidos, una mexicana traficante de cocaína encarcelada en este país y que ha acusado que Mario Ruiz Massieu, su hermano José Francisco (asesinado en 1994), Raúl Salinas de Gortari, Raúl Salinas Lozano y otros miembros de la familia del ex presidente Carlos Salinas fueron parte de una operación de protección para el narcotráfico. Los abogados del gobierno estadunidense han declarado que la testigo Magdalena Ruiz Pelayo se ha preocupado por la publicidad que gira sobre el caso y teme por su vida si se presenta a testificar.

Pero mientras el gobierno ofrece esta justificación de lo que se pensaba era una testigo clave, la credibilidad de la figura de Ruiz Pelayo parece estar desmoronándose. El Wall Street Journal informó hoy que una extensa investigación de sus reporteros encontró ``pocas evidencias'' para apoyar las versiones presentadas por esta testigo, acerca de que tuvo extensos vínculos con la familia Salinas.

El rotativo citó a varios legisladores mexicanos y a Raúl Salinas Lozano declarando que recuerdan haberla conocido, y añadió que los fiscales estadunidenses que llevaron su caso a juicio en 1992 consideraron que ella nunca había sido honesta en sus declaraciones en ese entonces. El Journal reveló que el propio gobierno estadunidense no ha podido confirmar su aseveración de que ella trabajó como secretaria privada de Salinas Lozano.

De hecho, aunque hubo amplias discusiones hoy sobre los testigos mexicanos entre los abogados de ambas partes, ninguno fue presentado en este primer día del juicio civil. El testigo principal fue hoy Stanley Pimentel, un agente jubilado de la FBI, quien encabezó la oficina de su agencia en la ciudad de México de 1991 a septiembre de 1996. Interrogado sobre su opinión de Ruiz Massieu, respondió que no había encontrado al ex subprocurador ``tan abierto'' como otros funcionarios.

Pero gran parte del testimonio de Pimentel se enfocó sobre un incidente en agosto de 1993, cuando las autoridades estadunidenses otorgaron información a Ruiz Massieu y al entonces comandante de la Policía Judicial Federal, Adrián Carrera Fuentes, sobre la ubicación de Juan García Abrego. Según el ex agente, aunque se lanzó un operativo para capturar al presunto capo, García Abrego logró escapar. Pimentel comentó que informantes confidenciales le dijeron que ``alguien'' alertó a García Abrego sobre el operativo.

Canales intentó minar la credibilidad del ex agente como testigo, y sugirió que Pimentel podría estar afirmando todo esto a causa de las críticas a la Oficina Federal de Investigaciones, incluidas en el libro de Ruiz Massieu, Yo acuso. Canales reconoció que el problema mayor de su cliente son las percepciones generalizadas de la corrupción en México. Al seleccionarse el jurado, integrado por ocho personas, Canales preguntó si los potenciales miembros de aquél podrían evitar la conclusión de que México, los funcionarios y los grandes montos de dinero siempre equivalían a corrupción. El jurado -cinco hombres, tres mujeres (seis blancos, un cubano-estadunidense y un negro)- aseguró a Canales que se mantendría imparcial.