Denunciaron ante la CNDH abusos en 45 operaciones contra presuntos eperristas

Triunfo Elizalde Ť El Ejército Mexicano, apoyado por agentes judiciales federales y estatales de siete entidades de la República -incluido el Distrito Federal-, entre julio de 1996 y enero de este año llevó a cabo 45 operaciones de persecución contra presuntos miembros o simpatizantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), informó oficialmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En el testimonio entregado directamente a Mireille Roccatti, por David Fernández, director del Pro Juárez, se documenta que como resultado de esas operaciones se efectuaron 122 detenciones arbitrarias, 31 hostigamientos o amenazas, 38 secuestros, 19 casos de tortura, nueve ``fabricaciones'' de delitos, seis desapariciones, cuatro instalaciones ilegales de retenes, un homicidio, un lesionado, un incendio de propiedad privada y un cateo.

Del total de los casos denunciados ante la CNDH, 24 ocurrieron en municipios de Guerrero, 13 en Oaxaca, dos en Veracruz, uno por entidad en Hidalgo, Chiapas y el estado de México y tres en el Distrito Federal.

De las 45 acciones -que jamás contaron con órdenes previas dictadas por alguna autoridad judicial-, el Ejército Mexicano tomó parte activa en 18 ; agentes de cuerpos de Policía Judicial Estatal en 13 y miembros de la Policía Judicial Federal en seis. En el resto de las operaciones participaron agentes de la Secretaría de Gobernación, municipales y otras corporaciones.

Las violaciones a los derechos humanos afectaron de diversa manera a 12 miembros de Organización Campesina de la Sierra del Sur de Guerrero, a diez de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, a 136 campesinos documentados y a un sinnúmero no documentados básicamente de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como a seis civiles, uno de los cuales murió.

También a cuatro integrantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, cinco abogados defensores y siete miembros del Frente Amplio de Construcción del Movimiento para la Liberación Nacional. Igualmente, a dos sacerdotes de la Diócesis de Acapulco, Guerrero; un estudiante de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; uno del Frente Democrático Oriental de México, del estado de México; 16 presuntos miembros del EPR detenidos en Guerrero, Chiapas y Oaxaca; 16 munícipes de San Agustín Loxicha, Oaxaca; 19 miembros del Frente Popular Francisco Villa; uno del PRD del estado de México y cuatro de la Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña de Guerrero.

Los municipios más afectados por las acciones policiaco-militares se localizan, según orden de frecuencia, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, México y el Distrito Federal, donde en la actualidad hay una militarización generalizada de los mandos de los cuerpos de seguridad pública.

Respecto de lo anterior, la ombudsman hizo saber, recientemente, que ``la CNDH ha integrado una comisión que estudia e investiga los hechos denunciados''.

El Centro Pro Juárez sigue documentando violaciones a derechos humanos que ``siguen cometiendo fuerzas militares y policiacas en varios estados de la República, sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas''.