Consignan a los jesuitas; el asunto, local: Pérez Jácome

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 10 de marzo Ť Los sacerdotes jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y José Luis Gonzalo Rosas, así como los campesinos de la organización Xi'Nich Ramón Parcero Martínez y Francisco González Gutiérrez fueron consignados como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado en grado de coparticipación, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, asociación delictuosa y lesiones. Al sacerdote Jerónimo Hernández, además, se le puso a disposición del fuero federal por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. Los inculpados fueron remitidos al módulo uno de Cerro Hueco.

A partir de la consignación efectuada hoy por el Ministerio Público a las 15:00 horas, el juez penal de la causa del juzgado segundo de distrito tiene hasta la tarde del próximo jueves para dictaminar auto de formal prisión o liberar a los consignados; sin embargo, también se está en espera de la resolución del juicio de amparo que la defensa interpuso, y que en caso de proceder podría llevar a la libertad de los detenidos mientras que el proceso penal continúa.

La defensa, por su parte, consideró la decisión como ``arbitraria'' y ``falta de profesionalismo'', pues no hubo elementos para consignarlos, por lo que interpuso una querella contra la Procuraduría estatal y los oficiales de Seguridad Pública por la ``fabricación de delitos, acusaciones falsas y falsificación de pruebas''. Asimismo, continúa esperando la demanda de amparo por la detención ilegal de los consignados.

Tras haber sido detenidos el pasado sábado sin que mediara orden de aprehensión alguna, y luego de mantenerlos incomunicados durante más de 20 horas, alrededor de las 12 de la noche del pasado domingo los sacerdotes y dirigentes campesinos fueron presentados ante el Ministerio Público para rendir su declaración preparatoria.

Durante la misma y hasta las 11 de la mañana de este día, los cuatro detenidos que estaban en calidad de presentados informaron cuándo y dónde estuvieron en el momento en que los agentes Fredy Molina Jiménez y Carlos Urbina Méndez fueron muertos y otros cinco policías resultaran heridos.

Federico Anaya Gallardo, uno de los tres abogados defensores que estuvo presente durante las declaraciones, informó que ``quedó perfectamente claro que ninguno de los ahora consignados estuvo presente en el lugar de los hechos''.

Durante los dos días que se mantuvo a los reos sin presentarse a declarar, dijo, ``a marchas forzadas el agente del Ministerio Público, Melquiades Reyes Mendoza, integró la averiguación previa correspondiente'', señaló.

Durante la comparecencia, añadió el abogado, se discutieron las únicas pruebas presentadas en las que el Ministerio Público fundó la decisión; es decir, las dos declaraciones de oficiales del cuerpo de Seguridad Pública y un arma de fuego presuntamente confiscada al sacerdote Jerónimo Hernández.

Consideró que en la diligencia ``no se pudieron sostener lógicamente las acusaciones y argumentos de los policías declarantes y tampoco se pudo comprobar que el arma estaba en posesión de alguno de los detenidos''.

Sin embargo, el Ministerio Público insistió en cómo estaba organizada Xi'Nich, quiénes son los dirigentes y quiénes los coordinadores.

Pese a ello, la Procuraduría de Justicia estatal consideró tener las pruebas suficientes para consignar ante el juez penal de la causa a los cuatro detenidos como presuntos responsables de la muerte de dos policías y lesiones a otros cinco, hechos ocurridos el pasado viernes en Chamizal, municipio de Palenque.

En conferencia de prensa ofrecida por el procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, se leyó un documento donde se indica que basados en la averiguación previa número 166/CAJ7/97, la PGJE consignó ante el juez penal a los campesinos Ramón Parcero y Francisco González, así como a los sacerdotes Gonzalo Rosas y Jerónimo Hernández. Asimismo, se puso a disposición del fuero federal a este último por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

En la justificante de consignación se considera que en su declaración Jerónimo Hernández aceptó ser propietario del vehículo que se encontró en el lugar de los hechos, mientras que cinco oficiales ``reconocen a los detenidos como las personas que promovieron los actos de violencia que desencadenaron la emboscada contra la policía''.

Ante la decisión, la defensa presentó una querella contra los agentes por el delito de falsificación de pruebas, acusaciones falsas y fabricación de delitos; asimismo, informaron que continúa la demanda de amparo por la ``detención ilegal'' de los ahora inculpados.

Añadieron los abogados que ``son tan endebles las pruebas y los argumentos, que lo que se debería estar discutiendo ahora es la falta de justicia para las viudas y los huérfanos de los muertos, ya que han pasado tres días sin que se hagan investigaciones al respecto''. Reiteraron que los detenidos fueron ``golpeados y maltratados'', de manera que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Procuraduría estatal informó que a las cuatro personas se les respetó en todo momento su integridad física, además de que contaron con la defensa legal correspondiente. Los consignados fueron trasladados, aproximadamente a las tres de la tarde, al módulo uno del penal de Cerro Hueco.

José Antonio Román Ť La detención de dos sacerdotes jesuitas en Chiapas no sólo se debe a una investigación de carácter penal, sino que es un ``asunto interno y distinto'' al proceso de paz en esa entidad, afirmó el vocero del gobierno federal, Dionisio Pérez Jácome.

Rechazó también las recientes acusaciones de dirigentes perredistas en el sentido de que la Secretaría de Gobernación es responsable de crear un ambiente hóstil y de enfrentamiento. ``Es totalmente erróneo. La secretaría se ha limitado a observar con mucho interés, con una gran atención lo que está ocurriendo, que es -repito- de fuero interno del estado.''

Tampoco, dijo, existe una persecución contra los religiosos, pues el país se caracteriza por una ``absoluta libertad'' y un respeto basado en los derechos constitucionales, y en este caso, en la ley reglamentaria para las iglesias, incluyendo a los sacerdotes de la Compañía de Jesús.

La detención de los sacerdotes Jerónimo López Hernández y Gonzalo Rosas Morales se debió a su presunta implicación en una ``emboscada'', donde dos policías estatales perdieron la vida y otros más resultaron heridos en la comunidad de San Martín Chamizal, perteneciente al municipio de Palenque.

Los religiosos, quienes pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, fueron detenidos junto con otros campesinos por agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado, y hasta ayer todavía no eran presentados.

Pérez Jácome subrayó que ``en México no hay impunidad'' y que el gobierno y la Procuraduría de Justicia estatal procederán conforme a derecho. ``Si de las investigaciones resulta alguna culpabilidad para algunas de las personas religiosas que han sido mencionadas y detenidas, seguramente se procederá así; de lo contrario, se les pondrá en libertad'', concluyó.