Del Villar: premian con nuevo cargo al juez que exculpó a Rubén Figueroa

Jesús Aranda Ť La readscripción del juez de distrito Humberto Venancio Pineda, del tercer juzgado con sede en Acapulco al primero de procedimientos penales federales con sede en el penal de Almoloya, refleja ``el desprecio y el desdén'' por el derecho así como la consolidación de la ``impunidad y arbitrariedad'' en el seno del Consejo de la Judicatura Federal.

Así lo señaló el asesor jurídico del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Samuel del Villar, quien sostuvo que al citado juez se le ``premio'' con su cambio, después de que ilegalmente exoneró al ex gobernador Rubén Figueroa de la matanza de Aguas Blancas.

Del Villar, quien también es representante legal de las viudas de los campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas, agregó que es inaceptable que un grupo de ``siete notables'' --que integran el Consejo de la Judicatura Federal-- decidan de manera secreta y a discresión las readscripciones en el Poder Judicial Federal sin tomar en cuenta los méritos profesionales y morales de los funcionarios.

En entrevista, Del Villar, doctor en derecho, explicó que, en su momento, interpuso a nombre de sus representadas un amparo en contra de la decisión del ex fiscal especial de ese caso, Alejandro Varela Vidales, en contra de su resolución de no ejercer acción penal en contra de Figueroa y de sus principales colaboradores.

Venancio Pineda, quien era juez del tercer distrito, se negó a revisar el dictamen del fiscal y a reabrir la investigación que ``arbitrariamente'' había cerrado Varela Vidales.

Del Villar basó su razonamiento en diferentes aspectos, entre los que destacó que el juez evitó analizar la constitucionalidad del nombramiento del fiscal especial mismo, que posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó de ilegal, además de que se ``olvidó'' de revisar la legalidad de la investigación misma.

Al respecto, comentó que el fallo de Venancio Pineda no sólo contiene una serie de errores procesales, ``que ni un estudiante de derecho de primer año cometería'', sino que también emitió un falló político en favor de la postura asumida por la Procuraduría General de la República (PGR), dejando así de lado el factor jurídico.

El juez, añadió, en acto de arbitrariedad, se subordinó a la petición de la PGR y desechó la demanda de amparo interpuesta, ignorando así lo establecido en los artículos 20 y 21 constitucionales, que precisan que la víctima sí tiene interés jurídico para promover demandas de amparo.

Por si fuera poco, dijo Del Villar, con su resolución el juez ignoró jurisprudencias establecidas por Tribunales de Circuito, que señalan que ``las resoluciones de no ejercicio de acción penal --como fue en el caso de Figueroa y de sus principales colaboradores-- son materia de amparo''.

Independientemente de la absurda resolución a la que llegó el entonces juez tercero de distrito, insistió Del Villar, no se puede dejar pasar el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal lo haya ``premiado'' con mandarlo a uno de los tribunales más importantes que hay en México, que es el primero de procedimientos penales federales, con sede en el Penal de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México, en donde se ventilan asuntos tan importantes como los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y en donde, además, se encarcela a los narcotraficantes más importantes.

Si hay un mínimo de responsabilidad frente a la crisis que padece el sistema de justicia en México, sostuvo el abogado, sería inconcebible que el Consejo de la Judicatura Federal hubiera pasado por alto los antecedentes citados y readscribiera a este juez a un lugar de tal trascendencia.

Del Villar dijo que el ``descubrimiento'' del reciente ascenso del juez Venancio Pineda hace presumir que este tipo de situaciones irregulares puede repetirse entre las decenas de jueces que fueron readscritos en los últimos meses, por lo que urgió al Consejo de la Judicatura Federal a revisar a fondo sus recientes decisiones, porque está en evidencia ``todo el sistema de justicia''.

Ignoramos, sostuvo, si los miembros del Consejo de la Judicatura Federal dan directrices o no a los jueces, a cambio de ofrecimientos de promoción por desvirtuar su alta función judicial. Sin embargo, subrayó, hechos como éstos, con disignaciones como las de Venancio Pineda, dan lugar a que los jueces que garantizan la impunidad por los actos que más hieren y violentan los derechos de los mexicanos ``se les premie con estas promociones'', y que la forma de garantizar ascensos en la carrera judicial sea ``garantizando la impunidad''.