PRD y dirigentes sociales demandan la liberación de los detenidos

Dirigentes partidistas, organismos sociales y de derechos humanos se manifestaron contra la detención de los jesuitas Gonzalo Rosas Morales y Jerónimo Alberto Hernández López, y de los líderes indígenas Ramón Parcero Martínez y Francisco González Gutiérrez, quienes presuntamente participaron en una emboscada en Palenque, Chiapas, en donde murieron dos agentes de Seguridad Pública.

Pidieron su inmediata liberación y una ``real versión sobre los hechos'', los cuales calificaron de ``represión generalizada'' contra la labor de dirigentes sociales en la defensa de los indígenas.

Calificaron los arrestos de acción arbitraria contra el trabajo de la Iglesia católica en Chiapas, y acusaron al gobernador Julio César Ruiz Ferro de obstaculizar el proceso de paz en el estado y acrecentar la crisis social que vive el país.

David Fernández, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que con la acusación las autoridades buscan detener el diálogo alterno al de San Andrés Larráinzar que propusieron la Conai, que preside el obispo Samuel Ruiz, y 235 organizaciones civiles, sociales y religiosas en febrero pasado.

Señaló que existen al menos siete irregularidades en los hechos. Entre ellas: los implicados fueron sometidos a tortura y maltrato físico y sicológico y recibieron golpes con las armas que portaban los policías judiciales y de Seguridad Pública que participaron en ``su ilegal arresto'', y los mantuvieron incomunicados durante más de 20 horas sin tener conocimiento de las acusaciones en su contra.

Todo ello ``confirma que la práctica cotidiana de la incomunicación, los tratos humillantes y degradantes, la tortura física y sicológica, la fabricación de culpables y de evidencias, acciones cometidas por las autoridades responsables de hacer respetar la ley, constituyen el obstáculo más ominoso para la impartición de justicia y el restablecimiento del estado de derecho en el país'', dijo.

La dirigencia nacional del PRD calificó de errónea la detención de los sacerdotes porque con estos hechos se demuestra que la Secretaría de Gobernación actúa más como policía que como político. Con esto ``se demuestra que Emilio Chuayffet no sirve como secretario de Gobernación''.

Andrés Manuel López Obrador precisó que exigirán ante la dependencia la liberación de los clérigos. Jesús Ortega Martínez, secretario general perredista, consideró las acciones como una represalia contra los líderes sociales que luchan por la reivindicación de los indígenas.

El gobierno debería tener mucho cuidado con este tipo de acciones porque podría ahondarse la crisis social del país, señalaron ambos dirigentes.

En un comunicado, el presidente de Derechos Humanos del Comité Estatal del PRD en Chiapas, Francisco Mayo Martínez, informó que esta situación plantea la posibilidad de ``más actos de provocación contra agrupaciones indígenas y campesinas de la zona norte del estado, que ponen en peligro la reconciliación y el proceso de paz entre el EZLN y el gobierno federal''.

A su vez, el Congreso Nacional Indígena responsabilizó al gobierno de Ruiz Ferro de los hechos que presuntamente involucraron a los jesuitas y a los líderes sociales y demandaron el cese de la represión contra la organización Xi'Nich.

En Puebla, familiares del sacerdote Jerónimo Alberto manifestaron que la detención forma parte de la persecución del gobierno contra la orden jesuita. Esperanza Hernández, hermana del religioso, en entrevista telefónica dijo que la represión contra su hermano data desde hace cuatro años, cuando durante un proceso electoral se le acusó de delitos ``que al parecer el gobierno inventó'', y que hace dos años se le atribuyó ser el subcomandante Marcos . (Alma E. Muñoz, Jesusa Cervantes y La Jornada de Oriente.