Podrían producirse nuevas revelaciones de testigos acerca de políticos mexicanos
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 9 de marzo Ť El intento del gobierno estadunidense por confiscar más de 9 millones de dólares de una cuenta bancaria de Mario Ruiz Massieu se llevará a juicio este lunes, casi dos años después de que las autoridades de este país embargaron el dinero, depositado en el Texas Commerce Bank de Houston.
Cuando se inicie el juicio civil en Houston, los abogados del gobierno estadunidense presentarán como testigos a varios narcotraficantes condenados penalmente, quienes declararán que el ex subprocurador mexicano recibió pagos por parte de narcotraficantes, y que estuvo involucrado en acciones corruptas vinculadas con Raúl Salinas de Gortari. El gobierno estadunidense argumenta que el dinero depositado en el banco texano procede del narcotráfico y, por tanto, puede ser confiscado bajo sus leyes. Si se gana el caso, el gobierno mexicano tendrá derecho a una parte de los 9 millones 41 mil 598 dólares con 68 centavos embargados a Ruiz Massieu, bajo un tratado para compartir bienes confiscados.
Pero esta recompensa relativamente pequeña podría no valer la pena para muchos ex funcionarios mexicanos, cuyos nombres han sido vinculados al narcotráfico por los mismos testigos cuyas declaraciones podrían ser presentadas en este juicio.
Tal vez en reconocimiento de esta tensión, por medio de los documentos sometidos al tribunal a lo largo de estas últimas semanas, el gobierno estadunidense ha intentado convencer a la juez que no permita que los testigos que presente sean interrogados durante el juicio sobre los aspectos más controversiales de sus declaraciones previas, entre ellos el vínculo de varios miembros de la familia del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y otros alto funcionarios políticos mexicanos con el narcotráfico.
Los abogados defensores de Mario Ruiz Massieu argumentan que las declaraciones ampliadas de estos mismos testigos en torno a la corrupción en México representan un aspecto vital para establecer que estas aseveraciones carecen de credibilidad, y así rechazar las acusaciones contra el ex subprocurador.
Uno de los principales testigos del gobierno ha declarado en entrevistas preparatorias al juicio que Ruiz Massieu recibió pagos por parte de narcotraficantes a cambio de protección de la persecución legal en su contra. El testigo acusa que Raúl Salinas de Gortari estaba presente durante la entrega de uno de estos pagos y que fue quien autorizó el segundo pago.
Los abogados de Ruiz Massieu recibieron autorización de la corte para entrevistar a Raúl Salinas en México, pero hasta el viernes pasado el gobierno de México aún no había facilitado esta sesión.
El problema para los abogados de Ruiz Massieu es que las leyes estadunidenses sobre la confiscación de bienes vinculados al narcotráfico son muy amplias y esencialmente colocan el peso de la prueba sobre los defensores y, en este caso, los abogados del ex subprocurador necesitan comprobar que estos fondos no están vinculados con la droga.
Los informantes del gobierno que presenten su testimonio sólo tienen que ofrecer lo que se denomina una ``causa probable'' sobre la cual racionalmente se pueda concluir que es suficientemente probable que el dinero proviene de actividades ilícitas.
Al promover este caso, aún los abogados de Ruiz Massieu reconocieron en documentos presentados ante el tribunal que en este caso el gobierno tiene el derecho de presentar evidencia basada en el rumor, o información de segunda mano --pruebas que no serían aceptables en casi cualquier otro tipo de proceso legal.
Karen Broussard, vocera de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Houston, explicó que sólo después de satisfacer esta prueba de ``causa probable'' procederá el proceso legal sobre la sustancia del caso. ``Si la juez decide que existe la causa probable, entonces la defensa... ofrece evidencias de que el dinero no está relacionado con la droga'', informó Broussard a La Jornada hace unos días.
Según los documentos sometidos ante el tribunal, la segunda etapa del proceso se enfocará principalmente sobre las pruebas ofrecidas por Ruiz Massieu de que estos fondos provienen de la venta de propiedades en Acapulco y otros lugares en México, y no de pagos hechos por narcotraficantes.
Aunque los abogados de Ruiz Massieu han tenido gran éxito en prevenir la extradición y deportación de su cliente hasta el momento, enfrentan una tarea bastante difícil en este caso, porque las cortes estadunidenses tradicionalmente han fallado a favor del gobierno en casos parecidos a este.
La juez encargada de este caso, Nancy Atlas, también ha advertido a los abogados de ambos lados que no tolerará aseveraciones o comentarios no directamente relevantes a este caso en particular, especialmente largas intervenciones sobre otros individuos o las condiciones generales en México. En transcripciones de las discusiones sobre el juicio civil, la juez Atlas afirmó que no espera que este proceso dure más de una semana, o tal vez una semana más un día en total.