Miente el gobierno de Chiapas: jesuitas

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 9 de marzo Ť Hasta ahora los dos sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal y los dos líderes de la organización Xi Nich detenidos el sábado por estar presuntamente involucrados en una emboscada contra efectivos de Seguridad Pública, no han sido presentados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Abogados de los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y Miguel Agustín Pro (CDHMAP) presentaron esta mañana un recurso de amparo, ya que los detenidos fueron golpeados e incomunicados más de 24 horas.

El recurso legal fue negado por el juez segundo de distrito hasta en tanto la PGJE no responda a la acusación de que sus agentes detuvieron a los implicados de manera arbitraria y los mantuvo incomunicados.

Alrededor de las 7 horas de este domingo, un grupo de abogados del CDHFBC y del CDHMAP se presentaron ante las oficinas de la PGJE, donde el comandante de guardía negó que hubiera algún detenido en sus instalaciones, situación que se repitió en los locales de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Hoy por la mañana presentaron un amparo ante el juez de distrito de Tuxtla por los cargos de detención ilegal e incomunicación de los detenidos, ya que su aprehensión de dio sin que hubiera una orden para hacerlo, sin que estuvieran cometiendo en ese momento algún delito, además de que fue hasta que el gobierno del estado dio a conocer el boletín número 2074 cuando se enteraron que los detenidos se encontraban en calidad de ``presentados'' dentro de las instalaciones de la PGJE.

Los abogados Pilar Noriega y Federico Anaya consideraron que el gobierno quiere ganar tiempo para ``fabricar'' los delitos, pues hasta la noche de este domingo los implicados no habían sido presentados a declarar para definir su situación jurídica y, por lo tanto, no han podido nombrar oficialmente a su defensa, lo que impide el acceso a la averiguación previa y cualquier trabajo de defensoría.

Por su parte, el gobierno del estado, en el boletín de prensa 2075, reiteró que derivado de la averiguación previa 166/CAJ74/1997, ``los sacerdotes Gonzalo Rosas Morales y Jerónimo Alberto Hernández López, así como los ciudadanos Francisco González Gutiérrez y Ramón Parcero Martínez se encuentran a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias en el esclarecimiento de la emboscada sufrida por policías estatales el viernes en Palenque''.

Alrededor del mediodía, Federico Anaya Gallardo, abogado del CDHFBC y Pilar Noriega, del Centro Miguel Agustín Pro, pudieron hablar brevemente con los detenidos, quienes a causa de los golpes recibidos no pueden probar alimentos, según dijeron los profesionistas.

En el boletín del gobierno del estado, que salió alrededor de las 2 de la tarde, poco después de que los abogados se retiraron de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se informa que ésta dio a conocer que este domingo se completa la averiguación previa para recibir las declaraciones a las cuatro personas que están en calidad de ``presentados'', quienes ``tienen garantizados, conforme a derecho, su integridad física''.

Y añade: ``la PGJE precisó que tanto los sacerdotes como las dos personas, a quienes se les evaluó médicamente, no están incomunicados y gozan de todas las garantías que otorga la ley''.

Hermann Bellinghausen, enviado, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 9 de marzo Ť Los ``dos sacerdotes y dos personas'', como los enumera el comunicado de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado emitido esta tarde por boca de Fermín Rodríguez González, de Comunicación Social de la dependencia, se encuentran, según su defensa, incomunicados, en situación jurídica confusa y golpeados; sobre todo el sacerdote Jerónimo Hernández y la ``persona'' (de edad) Francisco González Gutiérrez.

El comunicado oficial da cuenta de que se practicó a los detenidos un examen médico, pero no revela los resultados. Lo cual, entendí que había que entender, significa que los presos de Palenque se encuentran bien (aunque por lo visto no tanto como para que vean a la prensa, aunque sí, al anochecer de hoy, a un médico independiente).

Quien sí los ha podido ver, o al menos entrar al edificio, anoche a las 12 y hoy al mediodía y poco después, a la una de la tarde, es el coronel Leopoldo Díaz, responsable militar de la zona norte de Chiapas. De civil, como acostumbra.

Anoche, dijo a los periodistas que se le acercaron, vino ``a saludar al procurador''.

Medianoche de sábado, hora muy original para visitar a un funcionario de rango. Pero insistió en que no intervendría en un proceso que es civil.

Los detenidos todavía no están acusados de nada, pero su aprehención violenta en Palenque se relaciona con los hechos de San Martín Chamizal, donde dos policías perdieron la vida y cinco más fueron heridos por campesinos, luego de que la policía había desalojado dos predios. ``Pacíficamente'', se insiste en las versiones oficiales, y mientras comían, según las mismas, pues los uniformados chiapanecos acostumbran detenerse a comer después de desalojar tierras ocupadas por labriegos.

Francisco González y Ramón Parcero Martínez son dos dirigentes de la organización indígena independiente Xi Nich. Los jesuitas Jerónimo Hernández y Gonzalo Rosas han sido asesores de esa agrupación durante años. Desde que nació.

Los choles y tzeltales de esa organización tomaron ese nombre hace siete años (Xi Nich significa hormiga) después de que el entonces gobernador Patrocinio González mandó desalojar un plantón indígena en Palenque y apresó a quienes parecían los ``jefes''.

Como decía Efraín, un cholero, en 1991 cuando Xi Nich avanzaba por media república hacia el Distrito Federal, la represión no los descabezó, sino ``alborotó el hormiguero'', y resultó que todos eran jefes, la mayoría muy jóvenes, y se treparon a las piernas de la bota que los pisaba.

De allí surgió la última opción civil y pacífica de lucha indígena en Chiapas antes del levantamiento zapatista. Y ha sido uno de los actores más comprometidos con la paz en el complejo conflicto chiapaneco.

La parte selva de la zona norte, la de la guerra civil que nadie ve, está en el municipio de Palenque y donde tiene su sede Xi Nich, cuya presencia alcanza varios municipios tzeltales y choles.

Revisando acontecimientos recientes, ahora resulta que los sacerdotes y defensores de los derechos humanos tienen la tendencia a asesinar policías y caciques, según las versiones oficiales. Ya ocurrió en la Sierra Norte de Veracruz con la abogada Concepción Hernández (los abogados han de ser personas) y el sacerdote Alfredo Zepeda. A ellos no los detuvieron, los han querido matar.

Está sucediendo en la Sierra de Manantlán, reserva de la biosfera y asiento de pueblos nahuas. Allí acusan a Rogelio Justo, dirigente de la Unión de Pueblos Indígenas de Manantlán, de haber matado al líder cenecista y comisario municipal de Ayotitlán. También hay amenazas y acusaciones contra el sacerdote Juan José Pelayo. Allá, al obispo de Autlán, Lázaro Pérez Jiménez, lo acosan las autoridades municipales y los policías de Colima y Jalisco. Así le ocurrió en Cuautitlán, Jalisco, el 3 de marzo, mientras oficiaba en la comunidad de El Platanar.

¿Y todo esto qué tiene que ver con las personas y los sacerdotes de Xi Nich? Nada, salvo que las organizaciones indígenas hostigadas pertenecen al Congreso Nacional Indígena, y los abogados y sacerdotes defienden a los indios de organizaciones pacíficas, y participan con ellos.

Es el caso de Jerónimo Hernández -Xel, como le dicen los choles con quienes vive, pues tiene uno de los pocos nombres cristianos con traducción al tzeltal-. Ha de ser por culpa de Jerónimo de Aguilar, el soldado cortesiano que se pasó con los mayas de Yucatán, hace 500 años.

Hoy, los sacerdotes y las personas (porque los indios ya son personas) están detenidos ``en calidad de presentados'', aunque no estaban presentes en el lugar y la hora de los hechos por los cuales los detuvo la autoridad.

A las 8 de la noche, los abogados de los detenidos se reunieron con el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquin, quien les dijo que ``el asunto era, en efecto, lamentable, pero que su solución no dependía'' de él, sino del abogado del estado, el procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar. Pero el procurador chiapaneco aparentemente no está en la entidad, pues viajó a Tabasco esta noche; así que nadie sabe nada.

Lo que sí quedó claro es que el plazo para que se determine la situación jurídica de los detenidos vence este lunes a las 15 horas. O se les consigna o se les libera sin cargos.