Para Jerónimo Hernández, JXel...
Una parte importante de la movilización de los últimos años havenido del campo, pero no exclusivamente de ese sector agrario ``campesino'' que muchos creen destinado a la extinción, sino de una dinámica paradójica en la que el propio modelo económico ha jugado un importante papel al haber desarrollado allí nuevas contradic- ciones. Al resquebrajarse los viejos mecanismos caciquiles y clientelares, al entrar en crisis las viejas organizaciones campesinas --oficiales e independientes--, lo que ha surgido allí es una fuerte lucha por la demanda ciudadana y la defensa de los derechos más elementales. Pues resulta que los campesinos indios y mestizos quieren ser, por vez primera, ciudadanos: impulsan para ello una reforma democrática radical y se colocan por mucho en la vanguardia de la lucha mexicana por el cambio. La tan traída y llevada ``idiotez de la vida rural'', o el seguir pensando en el campo como simple reserva de votos corporativos limita el entender el dinamismo de los nuevos fenómenos rurales.
De ahí el hecho de que un renovado movimiento campesino --diverso y pluriclasista--, aparentemente derrotado a inicios de los ochenta, resurgió desde 1994 de otra manera y con demandas que rebasaban al sector, mostrando rasgos de otra modernidad. Y es que el alcance de los procesos de ciudadanización fue restringido por criterios excluyentes que la definían como un privilegio de las clases dominantes de los sectores urbanos, del México de las élites. Esa lucha es hoy conducida desde abajo y se fortalece en la medida en que se desagregan los viejos mecanismos de control corporativo. A ello se debe que la principal oposición a la demanda ciudadana rural se encuentre en el todavía vivo ``sentimiento criollo'' de ciertos intelectuales y juristas, herederos de una concepción de `democracia restringida''' y limitada a las clases dominantes, a los habitantes ``de la ciudad'', muy característica de los liberales y conservadores del siglo XIX.
La historia demuestra, por su parte, que la extensión de la ciudadanía hacia las mujeres y las clases subalternas no ha sido en ninguna parte una concesión gratuita, y que depende de fuertes presiones desde abajo, de protestas y movilizaciones... Es por eso que hoy los hombres del campo son actores que tienen importantes intereses en juego, que no se limitan a las demandas inmediatas y que --obligados por la represión y el endeudamiento masivo-- se asumen a sí mismos como ``sociedad civil''. Es por eso también que los movimientos armados han resurgido en las regiones en donde el viejo caciquismo corporativo se aferra con más firmeza a impedir la participación y los cambios: como producto de una sociedad en movimiento que llegó a situaciones límites, a tal grado que amplios sectores rurales pueden arriesgar la propia vida en la búsqueda de canales de expresión. En este caso, la demanda ciudadana se abre cauces por los agujeros de un tejido desgarrado por las resistencias del viejo sistema a abrir la participación política. Por lo mismo, aún los movimientos más radicalizados apelan a la restauración de la República y a lo legítimo de la expresión ciudadana.
Asimismo, el viejo corporativismo es absolutamente antagónico al principio de la ciudadanización de los hombres del campo. De hecho, el origen del fracaso de la ``modernización'' de los últimos sexenios, su talón de Aquiles, se halla en tratar de impulsar una ``desincorporación'' y una reforma pretendidamente modernizadora recurriendo de nuevo a formas disfrazadas o abiertas de control clientelar (Procampo, Solidaridad, Pronasol, o el nuevo programa asistencial PASE, suministrados para mantener las lealtades corporativas en las zonas pauperizadas por el sistema...), negándose a dar reconocimiento pleno a las leyes del municipio libre y a la federalización del país.
La lucha de los pueblos indios por su autonomía, que ha sido el centro del debate nacional de los últimos meses, es solamente una parte de la lucha necesaria por la autonomización de todos los procesos, posiblemente el movimiento que está a la vanguardia de un impulso más amplio hacia la democratización del país. Es por ello que el sistema ha recurrido a todos los medios para convertirlo en algo limitado, en algo exclusivo y enquistado, en algo ``que sólo compete a los indios''. En esta trampa, desgraciadamente, han caído también muchos de los que la conciben como un proceso aparte, como una simple demanda sectorial cuya solución dependa del Estado, de una muy limitada comisión del Legislativo o de una reforma constitucional tutelada.
Y es que en realidad, el México del futuro que se prefigura en esas demandas y en esos movimientos significa la redistribución del poder a todos los niveles: la lucha autonómica de los pueblos indios no puede estar separada de otras luchas y sus consecuencias son ya irreversibles a nivel de las mentalidades que rodean al movimiento social, porque lo que se combate a fin de cuentas es la centralización del poder que ha sido característica, a todos los niveles, del sistema que ya dura en México más de seis décadas. La lucha por la libre determinación se extiende a todos los espacios en donde el autoritarismo se reproduce --de las comunidades a los sindicatos, de los barrios a las universidades--, constituyéndose en el antídoto de un conjunto de camisas legales, de moldes prestablecidos que hoy intentan contener el estallido social y la creatividad popular. Independientemente de su aceptación legal o de reformas constitucionales, la libre determ- inación y la soberanía popular se ejercen ya en muchas regiones y entornos: sólo esperan tiempos nacionales más propicios para insertarse de manera total en la vida pública.