Como comentamos en nuestra anterior colaboración, el pasado 24 de febrero fue emitida la Recomendación 2/97 de la CDHDF por el caso de tortura por golpes y quemaduras --y también por asfixia, choques eléctricos, presiones psicológicas y el famoso tehuacanazo, aunque no hayan podido comprobarse en los peritajes médicos--, infligidas por agentes judiciales contra la señora María de los Angeles Plancarte Costilla en el edificio de la PGJDF ubicado en Arcos de Belén, tras haber sido secuestrada el 18 de octubre de 1996, cuando circulaba por la avenida Río Churubusco.

No es ningún secreto que en México todavía existe la tortura y que se ejerce sistemáticamente, aunque en algunos casos se la trate de ocultar utilizando tipificaciones penales suavizantes. Los informes acerca de la situación de los derechos humanos que elaboran instituciones humanitarias nacionales y extranjeras, indican incluso que la tortura ha aumentado sensiblemente en lo que va del sexenio.

Sobre el intento de ocultamiento de la tortura, es revelador el Tercer Informe Anual de la CDHDF, en el que se le aclara a la PGJDF que el delito cometido contra un interno en el Reclusorio Sur es precisamente el de tortura, no el de abuso de autoridad.

El hecho de que hace apenas pocos años haya sido promulgada la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, mediante decreto publicado el 27 de diciembre de 1991 en el Diario Oficial de la Federación, es el reconocimiento de la existencia de esa realidad. Por otra parte, no todos los estados de la Federación han elaborado su propia Ley.

Una explicación de la expedición de esa Ley podría ser que, tras haber reconocido dicha realidad, existe la voluntad de corregirla. Otra sería que al estar México en boca del común de los estadunidenses, debido a la inminencia del establecimiento de relaciones más profundas entre ambas naciones, y siendo políticamente necesario mostrar ante ellos mejor rostro, a los gobernantes les resultaba imperativo crear instituciones y leyes que dieran la impresión de que estaban seriamente comprometidos con el mejoramiento de la situación de los derechos humanos.

Así las cosas, y siendo cualquiera la explicación que quiera darse, lo cierto es que a cinco años de la creación de la mencionada Ley la tortura sigue existiendo, aunque en la prensa hayamos leído declaraciones oficiales en sentido contrario.

Las razones que pueden enumerarse son varias. Una, de tipo técnico, digamos, es que los encargados de investigar y sancionar los delitos son aún incapaces de hacer averiguaciones con metodologías científicas; y otra, por la corrupción que continúa permeando los tejidos del aparato judicial. Por la ausencia de una seria depuración de las instituciones, tanto civiles como militares, aún existen funcionarios con una incorregible tendencia a provocar dolor a las víctimas de sus impulsos psicóticos. Sin embargo, en las condiciones sociopolíticas actuales de México, la tortura se continúa llevando a cabo, porque es un medio a través del cual se busca sobre todo coaccionar a la víctima para ``que realice o deje de realizar una conducta determinada'' (art. 3 de la Ley).

Esto último se ha podido comprobar de manera reiterada en todos y cada uno de los testimonios de las personas que han sido puestas en libertad tras haber sido mantenidas por varios días en cautiverio en cárceles clandestinas, luego de haber sido secuestradas por individuos armados, vestidos de civil, que se transportaban en coches sin placas, para interrogarlas acerca de sus actividades, las de sus compañeros de trabajo, familiares o conocidos.

En ese marco, Amnistía Internacional declaró que la inculpación de líderes sociales ha tenido lugar en un contexto de confesiones obtenidas a través de prácticas de tortura.

Así lo hicimos saber el pasado 6 de febrero a la doctora Mireille Roccatti, presidenta de la CNDH, en carta que le dirigimos para manifestarle la preocupación de un grupo de defensores de derechos humanos, debido a la gran cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas en la persecución y combate a presuntos miembros del EPR. En esa ocasión los firmantes le solicitamos la creación de una unidad especial de investigación, que dé cuenta exacta de todos y cada uno de los casos relacionados con dicho grupo armado. Lamentablemente hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta.