Defenderemos la soberanía con dignidad: Zedillo

Rechazo unánime provocó en todo el país la descertificación a la lucha contra el narcotráfico en México, votada por el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso estadunidense.

Diputados de PRI, PAN y PRD condenaron enérgicamente la medida, pero sólo panistas y perredistas fueron más allá de reprobar el voto de los congresistas estadunidenses al exigir al gobierno del presidente Ernesto Zedillo que ``muestre dignidad'' y promueva con los países latinoamericanos una carta conjunta de rechazo al proceso certificatorio.

Cuauhtémoc Sandoval, diputado por el PRD y secretario de la comisión de Relaciones Exteriores, aseveró que la descertificación constituye una ``bofetada para México'' de un gobierno sin autoridad moral para emitir un juicio de tal naturaleza, sobre todo en momentos en que la propia Organización de Naciones Unidas ha señalado que en el problema del tráfico de drogas tiene un papel preponderante el consumo en Estados Unidos.

El legislador perredista demandó al gobierno de Ernesto Zedillo que ``muestre dignidad y firmeza'' y que promueva con Latinoamérica una carta de rechazo a la certificación.

En la Cámara de Senadores, el nuevo coordinador de la mayoría priísta, el michoacano Genovevo Figueroa Zamudio, declaró que el tema de la certificación se está ``sobredimensionando''.

``Debo aclarar que será la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque a ella le corresponde, más que a nadie, determinar qué acciones se tomarán, llegado el caso'', indicó.

Figueroa Zamudio dijo que el Senado, a través de sus comisiones correspondientes, se mantendrá atento y esperará más información.

En entrevista, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Fernando Solana, lamentó que se haya creado un clima de confusión y de temor en torno al tema de la certificación, el cual ha permitido al gobierno de Estados Unidos presionar a México en materia de narcotráfico.

``Se ha hecho mal en darle a la certificación una importancia que no debería tener'', insistió el ex secretario de Relaciones Exteriores. Solana sostuvo que no existe ninguna base jurídica en el derecho internacional, ni real, para que un país como Estados Unidos pueda opinar sobre lo que se está haciendo en México.

El senador priísta afirmó que Estados Unidos es el principal mercado de tráfico, distribución, comercialización y consumo de drogas (con un valor de 150 mil millones de dólares), y que hasta ahora no se sabe de resultados en el combate contra ese flagelo.

El legislador dijo que propondrá que la comisión de Relaciones Exteriores solicite al gobierno un informe de cuáles han sido los resultados del trabajo de Estados Unidos en el combate contra las drogas.

En relación con la visita de Barry McCaffrey, a la cabeza de un grupo de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, Fernando Solana dijo que se tiene que informar sobre este hecho, ya que esto no crea ``el mejor ambiente'' que debería de darse en la víspera de una visita de jefe de Estado, como la de Bill Clinton.

En opinión del senador, es necesaria más eficiencia, por parte de México, en el combate contra el narcotráfico, y una ``defensa inteligente, clara y contundente de las posiciones mexicanas en materia de cooperación''.

Por su parte, el coordinador de la diputación de Acción Nacional, Ricardo García Cervantes, reiteró el rechazo de su partido a la certificación, pues dijo que el tráfico de drogas no se resuelve con vetos o certificados.

Al mismo tiempo, cuestionó la actitud ``timorata'' de los diputados del PRI por haberse negado un día antes a que el Congreso de México busque un encuentro urgente con el de Estados Unidos, en el cual se exija la desaparición de este procedimiento de certificación.

En Guadalajara, el presidente de la Coparmex, Carlos Abascal, consideró que la certificación de Estados Unidos a México ``implica un acto de prepotencia sobre el resto de los países'' y dijo que el gobierno de Zedillo debe actuar para terminar con ``ese sistemita'', en vista de que el narcotráfico es un problema mundial que debe atacarse en forma coordinada.

A su vez, el senador por el PRD, Héctor Sánchez, aseveró que la visita de los funcionarios estadunidenses encabezados por Barry McCaffrey sólo tuvo como propósito ``amarrar algunos compromisos que quedaron pendientes'' con el gobierno mexicano para otorgar la certificación a México.

Por otra parte, Silvia Elena Velázquez, investigadora del Centro de Estudios sobre América del Norte de la UNAM, dijo que la descertificación no se dará, ya que Estados Unidos lo entiende como asunto de seguridad nacional.

Dijo que será imposible que se dé la descertificación ya que aunque el Senado estadunidense lo avale, el presidente Bill Clinton tiene el derecho de veto.

En cuanto a la posibilidad de que se incremente el número de agentes de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) o que porten armas como una de las exigencias del país vecino, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mireille Roccatti, dijo que la institución a su cargo estará vigilante para que se no violen los derechos humanos.

Aclaró que la CNDH deberá analizar el marco jurídico bajo el cual se podría implementar esto, cómo van a actuar, de dónde se deriva la valorización y qué autoridad lo aprobará. ``Será a esa autoridad a quien nos tendríamos que referir'', expresó, y aclaró que la CNDH no pedirá un informe de cómo trabajarán los agentes de la DEA antes que empiecen los cambios. (Oscar Camacho, Ismael Romero, Jesusa Cervantes y Gerardo Rico, corresponsal