El Programa de Actualización Policial puede significar el fin del proceso de ``democratización'' del Distrito Federal. La coincidencia de periodos no es producto de la casualidad.

A partir de marzo, 2 mil 598 soldados empezaron a vigilar las calles de la ciudad de México, mientras los policías asisten a un curso en el Campo Militar Número 1. Como el Programa de Actualización Policial dura dos meses y se aplicará en las 16 delegaciones del DF, se calcula que la sustitución de policías por militares durará 32 meses.

Lo anterior significa que se ha programado la presencia militar, por todas partes del DF, hasta el mes de octubre de 1999, para empezar; esto es, prácticamente por el resto del sexenio presidencial, pero también por todo el tiempo que dure la gestión de quien se supone será el primer gobernador electo de la capital de la República.

Decisiones del Ejecutivo federal como la de los programas de la Secretaría de Seguridad Pública, avalados por la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea de Representantes del DF (La Jornada, 1/3/97) pueden constituir el principio de la liquidación de ese proceso de ``democratización del DF'', como le han llamado los partidos políticos a la primera elección directa del Jefe de Gobierno en la capital.

El candidato del PRI al gobierno del DF y el Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido ya expresaron su acuerdo con la vigilancia militar en la ciudad. Pero ningún indicador permite esperar que el PRI se mantendrá en el gobierno del DF después de las elecciones del 6 de julio.

Según las últimas reformas constitucionales relativas a la ciudad, completadas con el parcialmente obsoleto, y no obstante vigente, Estatuto de Gobierno del DF, ni los servicios de seguridad pública ni el mando de la fuerza pública serán facultades del Jefe de Gobierno del DF.

Por disposición del Estatuto, el Jefe de Gobierno del DF sólo podrá ejercer funciones de dirección en materia de seguridad pública ``cuando le sean delegadas por el Presidente de la República''. Complementariamente, en otro artículo del mismo ordenamiento se establece que ``corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza pública en el DF y la designación del servidor público que la tenga a su cargo, pudiendo disponer que el mismo quede bajo las órdenes del Jefe del DF. Asimismo, podrá delegar en este último las funciones de dirección en materia de seguridad pública.'' (Artículos 67 y 34)

Si el Jefe de Gobierno es políticamente afín al Presidente, no habrá desacuerdos, como lo anticipan las declaraciones de Alfredo del Mazo y del CEN del PRI. Pero si, retomando el Programa de Actualización Policial, el titular del Ejecutivo capitalino tiene una concepción distinta de seguridad pública o de respeto a la Constitución, y reprueba el uso de la fuerza pública o la militarización de la policía y de la ciudad, tendrá que enfrentarse a la alternativa de no poder gobernar de acuerdo con sus principios y plataforma electoral, o de ser removido del cargo.

La permanencia del Jefe de Gobierno del DF en el puesto para el que supuestamente será electo por el pueblo, dependerá en gran medida de las buenas relaciones con los poderes de la Unión y de su capacidad de mantener el orden público en la ciudad. Si alguna de esta dos condiciones no se cumplen, la Cámara de Senadores, o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, podrá remover al Jefe de Gobierno del DF.

Si el Senado estima que existe una causa grave que afecte las relaciones con los otros poderes de la federación o que altere el orden público --así de impreciso--, estará facultado para remover al Jefe de Gobierno del DF y para nombrar al sustituto que habrá de concluir el mandato. El sustituto sería propuesto por el Presidente.

No será el pueblo quien decida la permanencia, remoción y sustitución del gobernante capitalino; será el Presidente quien pueda crear las condiciones que afecten gravemente las relaciones con el Jefe de Gobierno de DF y con ello propiciar su remoción y sustitución.

Con este procedimiento, que fácilmente puede ser desencadenado por un desacuerdo relacionado con la política de seguridad y con el uso de la fuerza pública, se puede poner fin en todo tiempo, al ``experimento democrático'' de elección del Ejecutivo capitalino, sin que nadie esté obligado a volver a convocar a elecciones, en ningún momento y en ninguno de los casos de ausencia del Jefe de Gobierno previstos en la Constitución.