Para todos es deseable que el empleo temporal de militares con licencia, primero en las calles de Iztapalapa y luego como agentes de la Policía Judicial, tenga estrictamente un carácter electoral: recuperar la capacidad y la confianza de la fuerza pública durante la actual contienda. Un sistema presidencialista que cambia la Constitución a su antojo y tiene el mandato de ocupar al Ejército para garantizar la paz social en tiempos de inestabilidad, no necesita subterfugios legales para actuar. La medida, por tanto, habría que insertarla en una dimensión mayor a las interpretaciones violatorias de la Constitución, ya denunciadas por algunas organizaciones civiles y partidos políticos de oposición.

Se trata de una militarización de las funciones de la seguridad ciudadana no en sentido fisíco, sino moral. El PRI y el gobierno la necesitan con urgencia en los próximos cuatro meses. Una campaña electoral que preservara los actuales índices de seguridad, explicados en gran parte por la incapacidad de una policía atrapada en intrincadas redes de corrupción, sería altamente riesgosa para quien pretende conservar el poder en el gobierno. No sería posible devolver la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad con una policía carente de mística y vocación de servicio. No habría tiempo de transformarla. Para eso han llamado a las bases de las fuerzas armadas: para aprovechar, a pesar de los recientes cargos contra algunos mandos militares, el mayor prestigio del soldado mexicano.

Tal medida no se propone desaparecer la delincuencia, sino desplazarla de lugar. La presencia pública de los militares reducirá los altos índices delictivos, como ya se empieza a demostrar con el plan experimental de Iztapalapa. Frente a esos resultados, los propios ciudadanos se encargarán de exigirla en otras delegaciones.

Más allá de los tiempos y las necesidades electorales del gobierno y su partido, la policía capitalina debe ser radicalmente transformada. La capacitación militar puede ser un buen principio. El lunes pasado el regente afirmó muy claramente que ``lo que hace falta es disciplina, lealtad y orden'', valores extraviados en la policía y sin los cuales sería imposible lograr su eficacia y honradez. Pero aún así, de nada serviría el aprendizaje académico de los principios si se conservan intactas las bases reales que sustentan la corrupción y la incapacidad profesional. Toda capacitación militar será limitada si no se cuenta con un plan de seguridad más integral. No es sencillo: habrá que considerar factores más complejos que, por ejemplo, el simple aumento de salarios. Sin duda un incremento sustancial al respecto acotaría la corrupción, pero tampoco sería suficiente.

La ciudad está prácticamente a merced de un hampa armada. El 95 por ciento de los asaltos se realiza con armas de fuego provenientes de alguna parte.

Cualquier familia en su casa, cualquier ciudadano que aborda un taxi, es presa de una delincuencia mejor armada que la propia policía. Hay necesidad de una amplia campaña de despistolización, pero principalmente, hay que suprimir las fuentes de abastecimiento de armas, algunas muy conocidas por la policía.

Según la Procuraduría del Distrito Federal, mil 350 agentes judiciales fueron dados de baja durante 1996. ¿Qué opción de trabajo se les brindó, conociendo de antemano su experiencia en las lógicas de protección y manejo de armas? ¿Se sabe en qué trabajan actualmente?

Otro tema son los indispensables controles públicos de vigilancia que no se tienen en la policía. Mucho ayudará después del 6 de julio una policía capitalina no dependiente de un jefe designado por el Presidente de la República, sino por el ciudadano elector. Es otro buen principio para convertirlo verdaderamente en un servidor público. Pero ayudaría aún más si se contara con instancias autónomas de vigilancia, donde participaran representantes populares y sociales. Otra sugerencia es la creación de una sola policía para toda el área metropolitana que respondiera a un solo mando, a una misma política de capacitación, de estrategias de seguridad, de equipos y condiciones laborales.

Por lo pronto, habrá que estar pendientes y cuidadosos de que la temporalidad militar en las calles sea más moral que intimidatoria, pues esta última sólo nos conduciría a ensanchar los caminos de políticas dictatoriales, tan lamentables en otros países latinoamericanos.

La ciudad está urgida de una policía profesional, honesta y eficiente. Una policía para volver a dormir seguros en nuestros hogares y caminar sin temor por las calles. Ojalá y nuestras fuerzas armadas contribuyan a hacer realidad este anhelo ciudadano.