En las esferas gubernamentales y legislativas de Estados Unidos arrecian las expresiones y los propósitos injerencistas e insultantes contra México, en el contexto del creciente debate entre los funcionarios del gobierno de William Clinton, que abogan por mantener la certificación otorgada unilateralmente a nuestro país en materia de política antidrogas, y los legisladores que, mayoritariamente, al parecer, se aprestan a revertir esa decisión gubernamental. Las actitudes arrogantes e imperiales, la prepotencia, el desprecio y los insultos teñidos de racismo --como esa afirmación insolente de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, en el sentido de que su gobierno observaría a nuestro país ``con microscopio'', como si los mexicanos fuéramos especímenes de laboratorio-- se expresan tanto en el bando de los certificadores como entre quienes propugnan la descertificación; adicionalmente, unos y otros se manifiestan a favor de presionar a México para que realice concesiones significativas --y absolutamente inaceptables-- en materia de soberanía nacional.

En este contexto, resulta por demás oportuna y justificada la advertencia formulada ayer por el presidente Ernesto Zedillo, en el sentido de que su gobierno defenderá enérgicamente la dignidad y la soberanía nacionales.

Ciertamente, para la soberanía nacional son por demás amenazantes las pretensiones estadunidenses de que se permita, en nuestro territorio, la operación de agentes armados de la DEA, que se autoricen las ``persecuciones en caliente'' (hot pursuits) de presuntos narcotraficantes por aviones y barcos estadunidenses en el espacio aéreo y las aguas territoriales de México, y que se permita a Washington supervisar de alguna forma la verificación de funcionarios mexicanos, entre otras.

Además de esas pretensiones, en el actual debate han salido a relucir expresiones de funcionarios y legisladores estadunidenses que resultan ofensivas para la dignidad nacional, como la de Albright, mencionada arriba; las contenidas en el documento que la oficina de Barry McCaffrey, responsable de la política antidrogas de Washington, hizo circular en el Capitolio, y los disparates injerencistas del senador Ernest Hollings, quien dijo que para promover cambios positivos en México sería conveniente ``provocar una crisis'' en nuestro país.

No debe perderse de vista que, como señaló ayer el presidente Zedillo, la polémica en torno de la certificación o descertificación de la política antinarcóticos de nuestro país es, a fin de cuentas, un asunto interno de la nación vecina. Pero, al mismo tiempo, ha de tenerse presente que las insultantes expresiones antimexicanas formuladas públicamente por diversos funcionarios estadunidenses en el curso de ese debate, empezando por las de la secretaria de Estado, ponen a nuestro país en la necesidad de presentar una enérgica y formal protesta ante el gobierno de Estados Unidos, como primer paso en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación.