Ha destinado el Fobaproa 40 mil mdd a la banca

Roberto González y Antonio Castellanos, enviados, Cancún, Q.R., 6 de marzo Ť Con una cartera vencida que asciende a 210 mil millones de pesos, la banca privada mexicana llega a su 60 Convención Nacional, en una situación frágil y con pérdidas que alcanzan 2 mil 196.8 millones de pesos, y el riesgo latente de una suspensión de pagos de particulares y empresarios agobiados por las tasas de interés.

Los grupos financieros, que tienen en los bancos a sus principales subsidiarias, registraron de enero a septiembre serios desajustes. Bancomer, Serfin y Bancrecer sumaron pérdidas corporativas por más de 5 mil millones de pesos. Ello reflejó la difícil situación en que los colocó la cartera vencida, porque tuvieron que crear reservas para proteger los riesgos de insolvencia.

Sólo el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ha comprado activos al sistema crediticio por 320 mil millones de pesos, unos 40 mil millones de dólares, que fueron trasladados de sus dueños originales a una sola entidad encargada de apoyar los programas de capitalización de los bancos, en lo que constituyó la operación de traspaso de bienes más grande en la historia del país.

Ranchos, edificios, casas, departamentos, desarrollos turísticos, obras de arte, joyas, valores financieros y hasta perros, fueron tomados por el gobierno a través del Fobaproa, y los directivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encabezados por Eduardo Fernández García, ya comenzaron a ofrecerlos a inversionistas extranjeros en Nueva York.

La primera subasta será realizada en este mes, mediante un mecanismo que dejará fuera a los dueños originales, y a cuyos posibles compradores se les ofrecerán los bienes a precios ``castigados'' para iniciar la puja, que los colocará en una situación de privilegio.

Esta situación se sumará al fenómeno que experimentó la banca después de la crisis de 1994 y que en 1995 se vio obligada a ceder parte de su propiedad a inversionistas extranjeros. Estos aprovecharon la descapitalización del sistema financiero mexicano para comprar acciones a precios castigados.

Ahora, controlan por lo menos 12 por ciento de la propiedad del sistema bancario mexicano, e incluso la mayoría en bancos como Probursa que cambió su nombre a Bilbao Vizcaya y Mexicano, hoy Santander. Su injerencia es evidente también en Inverlat, Bital, Bancomer, Banco Alianza y Promex.

Inyección de recursos

Los recursos inyectados por inversionistas extranjeros sólo han sido una parte mínima de los fondos requeridos por la banca privada para alcanzar niveles mínimos de capitalización y comenzar a superar el riesgo de quiebra en que cayó después de la devaluación de 1994.

Según informes oficiales de la Asociación de Banqueros de México (ABM), los accionistas de las instituciones de crédito han realizado en los últimos dos años aportaciones de capital nuevo por un monto de 70 mil millones de pesos, casi el doble de lo que pagaron por la reprivatización durante 1991 y 1992.

Adicionalmente, el gobierno federal puso en marcha seis programas de rescate bancario, cuyo costo actual asciende a poco más de 210 mil millones de pesos, lo cual equivale a valor presente alrededor de 8.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Despojo a deudores

Según el Grupo Financiero Bancomer, los programas oficiales de saneamiento bancario han permitido a la banca mexicana ``superar en buena medida el choque a su capital, sufrido en 1995. El sistema presenta una mejoría considerable gracias a los avances en la capitalización y el saneamiento de la cartera''.

Sin embargo, esta visión no es compartida por los usuarios del crédito. El Movimiento Jurídico Nacional que agrupa cuatro organismos de deudores incluído el Barzon A.C., asegura que un millón de familias se encuentra en peligro de perder su casa o ha sido despojado de su patrimonio en procesos fraudulentos que los bancos han seguido para tratar de cobrar los créditos.

El organismo de deudores sostiene que existe una ``red de complicidad de la cual jueces corruptos y banqueros rapaces y depredadores, al margen del estado de derecho, se valen para cobrar créditos que se han vuelto impagables por el desmesurado crecimiento de los intereses''.

Los créditos son imposibles de pagar, agrega, porque la política económica impuesta a México por la banca mundial ``ha favorecido al despojo frío y calculado del patrimonio nacional, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, el empobrecimiento generalizado, la paulatina extinción de la clase media, la depresión económica y el desempleo masivo''.

Dentro de este panorama, el presidente de la Asociación Nacional de Tarjetahabientes, Francisco Castro, denunció que las autoridades ``han infiltrado a las organizaciones de deudores'', para dividirlas y, como consecuencia de las presiones que ha recibido anunció que mañana sábado en la ciudad de México, procederá a disolver aquella organización, y expresó su temor de ser detenido.