Marginados podrían recibir dinero en lugar de la pobremático

Roberto Garduño E. Ť En diez días vence el plazo para que las secretarías de Educación Pública (SEP), de Salud (Ssa), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Social (Sedeso) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pongan en marcha los mecanismos del Programa de Alimentación, Salud y Educación (PASE), mediante el cual se prevé atender a 453 mil familias de campesinos e indígenas de nueve regiones pobres en el país.

En curso el tercer año de gobierno del presidente Ernesto Zedillo, y la principal herramienta federal de atención a los mexicanos empobrecidos aún no funciona. De las reuniones entre los funcionarios que conforman el gabinete social no han surgido consensos sobre los tiempos de operación y la institución que habrá de ser la rectora del PASE.

Semanas atrás el DIF era considerado en las reuniones celebradas en Los Pinos, como el organismo con mejores posibilidades para operar el programa, si se toma en cuenta la extensión de su estructura y su forma federalizada de operar.

El martes pasado en Torreón, Coahuila, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez, se reunió con los subsecretarios de Hacienda, Santiago Levy; Educación Pública, Carlos Mancera; Salud, José Narro Robles, y con el director operativo del DIF, Javier Guerrero, y el titular del Conafe, Juan José Gómez.

Esos funcionarios integran la comisión interinstitucional que elabora el plan de acciones que deberá llevarse a cabo cuando se concrete el PASE. También mantiene encuentros con los gobernadores de los 11 estados donde se localizan las regiones donde se aplicará el programa.

La propuesta de reforma a los programas alimentarios que el año pasado se presentó al presidente Zedillo para elaborar el nuevo instrumento de atención a los más pobres, consideraba entonces la restructuración de las operaciones para sustituir el valor monetario de los subsidios dirigidos y generalizados (tortilla y leche) por una transferencia monetaria o en especie, vinculada o integrada a la oferta de servicios médicos, preventivos y de educación.

De la iniciativa, en la que en un principio se propuso la creación de la llamada tarjeta de los pobres, surgió después lo que el presidente Zedillo anunció el primero de septiembre en su segundo Informe de Gobierno: el PASE.

Esa sustitución del subsidio al valor monetario --se planteó-- se realizará por medio de un sistema de tarjetas electrónicas o de bonos alimentarios.

Ese proceso se describe como una transferencia directa de ingresos, por medio de la cual se eliminarían costos administrativos y de transacción del reparto de alimentos. En teoría se creará una forma de llevar los beneficios económicos más barata en cuestiones operacionales y más eficiente en las tareas de incorporación interinstitucional.

La operatividad del PASE dependerá de aprovechar la estructura de asistencia social. No obstante, la propuesta de reforma a los programas alimentarios subrayó el año pasado que ``el DIF-federal no ha podido asumir el papel rector en la operación coordinada'', arrojando en consecuencia una falta de acciones complementarias entre educación, salud, vivienda, empleo y servicios.

Será en la Sierra Negra, Sierra Norte, Sierra Gorda, Campeche, Centro Desierto, Tarahumara, Altos de Chiapas, Sierra de Chiapas, y Montaña y Alto Balsas, donde el PASE deberá atender en su primer año de operación a 2 millones 270 mil 229 mexicanos en extrema pobreza.

El esquema general de operación del programa plantea una maraña de contactos, comenzando por la coordinación intersectorial, de ahí se pasará a un órgano desconcentrado, después a un órgano administrador, y en ese orden a la unidad local de administración.

Tanto el órgano administrador como la unidad local de administración tendrán relación con la jurisdicción sanitaria, la inspección escolar, los centros de salud, la escuela y las familias beneficiadas.