Acusan al Ejército de invasión de predios indígenas en Chiapas
Juan Balboa, corresponsal, Ocosingo, Chis., 5 de marzo Ť De Marqués de Comillas a las cañadas de la zona de conflicto, las últimas denuncias presentadas por indígenas tzeltales coinciden: soldados del Ejército Mexicano realizan tala inmoderada en varias cañadas de la Selva Lacandona y en la región fronteriza de Marqués de Comillas, se posesionan de predios de las comunidades, la mayoría pobladas por simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y se apropian en exclusiva de recursos naturales.
La información proporcionada a este diario por pobladores de las comunidades de Betania y La Soledad, ubicadas en la cañada de San Quintín, se refieren principalmente a graves violaciones de los derechos humanos, como operativos castrenses para allanar viviendas de personas consideradas zapatistas, intimidar con disparos al aire, detenciones violentas e incursiones periódicas a las comunidades.
José González y Ernesto Martínez, promotores de derechos humanos de las cañadas de Agua Azul y San Quintín, aseguran que el Ejército instala nuevos campamentos en las comunidades cercanas a la laguna de Miramar y realiza incursiones en las comunidades de la cañada de San Quintín, en donde se ubica el principal cuartel militar de la Lacandona.
En febrero, un grupo de indígenas fue detenido violentamente por los militares en el crucero de Agua Azul, cuando protestaban por la presencia del Ejército. Los soldados entraron en sus comunidades, allanaron casas, robaron, comieron y amenazaron a los indígenas con más represalias, aseguran los promotores indígenas de derechos humanos.
Días antes, la casa del campesino Emilio Antonio José, del poblado López Mateos (en la región de Marqués de Comillas), fue allanada por militares: golperaron a su familia, realizaron retenciones arbitrarias y, según la denuncia presentada, le sembraron mariguana y le fabricaron el delito de portación de armas.
Pobladores de la cañada de Agua Azul presentaron denuncias ante organismos no gubernamentales por la tala inmoderada que vienen realizando los soldados, no sólo para construir sus campamentos ``sino que la sacan en camiones''. ``También se posesionan de predios, se apropian en exclusiva de recursos como la graba, generan desperdicios y los dejan en las comunidades. Todo esto sin retribuir económicamente a los afectados'', puntualizaron.
Manuel Guzmán Cruz, un agricultor del ejido Perla de Acapulco, es uno de los últimos indígenas intimidados por los militares, quienes con el argumento de que buscaban radios de comunicaciones de los zapatistas penetraron a su casa.
``Llegaron tres hombres con uniformes militares y armados, preguntaron si yo tenía radio comunicación, le dije que sí, pero que estaba descompuesto. Preguntaron también en qué línea se comunica y con qué avión. Le respondí: no entiendo.
``Volvió a preguntar si me comunicaba con un avión JCV. Yo le conteste que no me importaba las letras ni el número de las avionetas. No estuvieron conformes pero se fueron, antes me dijo que volvería'', recuerda don Manuel, un promotor de salud y miembro de la Aric-Independiente.
La situación en las comunidades de la zona de conflicto se ha agudizado en los últimos tres meses. La presencia del Ejército es cada vez mayor en las cañadas de Ocosingo y Altamirano. El Ejército mantiene cerca de 40 campamentos en la zona de conflicto, en los cuales habitan, según datos de organismos no gubernamentales, unos 25 mil militares.