Las acciones censoras, moralinas y retrógadas realizadas por diversos panistas en el ejercicio de cargos de elección popular no constituyen hechos aislados ni se derivan de posturas personales. Tales conductas obedecen a una política de partido, como lo evidenció la visita realizada ayer por miembros de la Asociación de Municipios --que agrupa a ediles panistas-- a la Secretaría de Gobernación. En la entrevista en la dependencia federal, los presidentes municipales, encabezados por el de Aguascalientes, Alfredo Reyes Velázquez, exigieron, en forma por demás improcedente, que el gobierno de la República aporte una definición de moral pública.

Con base en ella, las autoridades edilicias provenientes de las filas del blanquiazul pretenden legitimar sus peculiares interpretaciones de los reglamentos municipales y ordenar acciones de censura y prohibición; al mismo tiempo, intentan eludir los calificativos de moralistas y represores --a los que se han hecho plenamente acreedores-- y traspasar al gobierno federal la responsabilidad por los ataques a la libertad de expresión, los cuales se han incrementado en forma alarmante e inaceptable de un tiempo a la fecha en los municipios gobernados por Acción Nacional.

Es pertinente recordar que la administración encabezada por Reyes Velázquez ordenó el más reciente de estos ataques, cuando, el mes pasado, empleados municipales bajo su mando allanaron la sede del Instituto de Cultura de Aguascalientes, en donde se presentaba una exposición de fotografía artística y secuestraron algunas de las piezas exhibidas, al tiempo que la bancada panista en el Congreso estatal demandaba la clausura de la muestra y se manifestaba por legislar normas de censura.

Desde otra perspectiva, debe señalarse que los ediles de Acción Nacional que acudieron ayer a la Secretaría de Gobernación expresaron justos señalamientos contra la discriminación presupuestal que sufren los ayuntamientos gobernados por la oposición por parte de autoridades federales y estatales; es deplorable que tales planteamientos hayan sido desvirtuados por sus propios autores al mezclarlos con reclamos fóbicos y oscurantistas.

En una perspectiva general, resulta preocupante que importantes sectores de Acción Nacional siguen sin percatarse de las vastas transformaciones experimentadas por la sociedad mexicana desde los remotos tiempos coloniales en los que la Iglesia y el Estado dictaban, desde su maridaje totalitario, los términos de la moral que debía acatar la población. En el México contemporáneo las instituciones civiles establecen y hacen cumplir leyes y reglamentos. La demanda de que impongan, además, normas morales que regulen la conducta de los ciudadanos, conlleva la pretensión de imponer al país una regresión histórica, social y cultural de siglos.