La Jornada 6 de marzo de 1997

Abren vías para que agentes de la DEA porten armas aquí

Jesús Aranda Ť En el contexto de la visita de los enviados especiales del presidente William Clinton a México se analizó la necesidad de que los agentes de la DEA puedan portar armas en casos ``excepcionales'' para garantizar su seguridad. La parte mexicana demandó a su vez reciprocidad para que, en tal caso, los hombres de la PGR en Estados Unidos tengan la misma posiblidad. Asimismo, las partes discutieron el eventual incremento de personal antinarcóticos en los dos países, confirmaron fuentes oficiales.

En tanto, una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que los enviados de Clinton trajeron al presidente Ernesto Zedillo un mensaje político -``estamos con usted en la batalla de la certificación''-, además de que adelantaron que tanto la secretaria de Estado, Madeleine Albright, como el zar antidrogas, Barry McCaffrey, se presentarán ante el Congreso de su país para insistir en que la certificación a México fue correcta.

Al comentar la visita de Sandy Berger, asesor de Seguridad Nacional; Thomas McLarthy, asesor especial del presidente Clinton para América Latina, y Barry McCaffrey, director de la Oficina de Control Nacional de Drogas, los funcionarios mexicanos reconocieron el riesgo de que el Congreso estadunidense descertifique, por lo que las autoridades mexicanas se plantean actualmente ``el deber de tratar de minimizar los costos para el país''.

Por otra parte, los informantes confirmaron que la lista de ``extraditables'' presentada al gobierno de México por las autoridades estadunidenses es de alrededor de ``docena y media'' de presuntos delincuentes, que no necesariamente están relacionados con el narcotráfico.

En este contexto, indicaron que el Departamento de Estado solicitó formalmente la extradición de Oscar Malherbe de León, asunto en manos de las autoridades judiciales mexicanas, las cuales decidirán si procede o no la petición.

Sin embargo, los funcionarios acotaron que el presunto dirigente del cártel del Golfo tiene también cuentas pendientes con la justicia de este país, por lo que tendrá que ser juzgado primero en México, para después ser sujeto al proceso de extradición presentado en su contra.

Debe garantizarse la seguridad de todos los agentes antidrogas

Ante la creciente ``ola de asesinatos'' relacionados con el narcotráfico que tuvo lugar en agosto y septiembre del año pasado, las autoridades mexicanas y estaduni- denses reconocieron que existe una ``amenaza específica'' contra sus agentes antinarcóticos en ambos lados de la frontera. Particularmente para los 39 agentes de la oficina estadunidense de combate a las drogas (DEA) que hay en el país, quienes recibieron amenazas recientemente.

Esta situación, agregaron los informantes, aunada al descubrimiento de vínculos del general Jesús Gutiérrez Rebollo con el narcotráfico, obligó a los dos países no sólo a replantearse la cooperación que tienen en materia de combate al narcotráfico, sino también a poner atención especial a la seguridad de sus hombres.

Sobre el particular, los funcionarios mexicanos precisaron que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé ``excepciones'' para que agentes extranjeros porten armas, particularmente para protección de las embajadas o de visitantes foráneos. La idea, comentaron, es que los permisos que se concedan ``no sean genéricos'', es decir, no se aceptaría un armamento generalizado de los agentes de la DEA, pero queda abierta la puerta para que porten armas en condiciones y momentos específicos ``únicamente para su defensa personal''.

Pero esto no colocaría a los agentes de la DEA en condiciones de ilegalidad, puesto que no actuarían como autoridad, sino bajo la estricta observancia de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, aseguraron.

Las fuentes de Relaciones Exteriores rechazaron la posibilidad de que se formen cuerpos estratégicos en ambos lados de la frontera, aunque aceptaron que los gobiernos estudian la conveniencia de aumentar el número de sus agentes.