Cinco renglones, la ``prueba'' de Córdoba Montoya contra Cárdenas

Rosa Icela Rodríguez Ť Una declaración --de cinco renglones-- de Cuauhtémoc Cárdenas es ``la prueba'' que José Córdoba Montoya presentó contra el dirigente perredista para interponer su demanda ``por daño moral'' en el juzgado 23 de lo civil.

En la denuncia por la vía civil, en poder de La Jornada, el ex funcionario salinista se queja ante el juez de que debido a la declaración de Cárdenas perdió su empleo en la dirección ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo, el 30 de junio de 1995, y fue expuesto por el líder perredista ``al descrédito, escarnio y rencor de gran parte de la población''.

Los renglones que presentó como prueba dicen:

``Hacia él (José Córdoba), como hacia Carlos Salinas de Gortari, apuntan líneas de responsabilidad en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Masseiu que las autoridades judiciales se resisten hasta ahora a seguir en sus investigaciones''.

No obstante que el mismo Córdoba dice que renunció a su empleo en el BID el 30 de junio de 1995, Cuauhtémoc Cárdenas envió el boletín --no carta-- el 13 de septiembre de 1995 a los principales medios de comunicación.

Córdoba no refirió en su demanda que en el comunicado el perredista también lo acusa ``de ser el responsable, junto con Carlos Salinas, del desastre económico y la crisis política y social por la que atraviesa la República''. Tampoco refiere el ex jefe de la Oficina de la Presidencia la petición que Cárdenas hace a las autoridades para que desde ese entonces ``investiguen sus presuntas responsabilidades penales''.

En el documento mencionado Cárdenas advertía también que Córdoba ``ha vuelto de su exilio dorado para recuperar sus espacios en el ejercicio del poder'' y pide a las autoridades que se cite a declarar a Salinas para que se le investigue en relación con los crímenes de Colosio y Ruiz Massieu.

En la demanda del expediente 1664/96, radicado en el juzgado 23 de lo civil, además de Cárdenas, Córdoba acusa a Ramón Sosamontes y a Jesús Zambrano de haberle ocasionado ``daño moral, que lesiona su honra, nombre, prestigio, reputación; en haberme expuesto al descrédito, escarnio y rencor de gran parte de la población; en haberme obstaculizado el desempeño de mi profesión y, principalmente, por el ultraje, la ofensa y la indignación que el actor resintió al haber sido objeto de la imputación criminal, directa y publica''.

El francés naturalizado mexicano acusa al líder moral y a los diputados perredistas de ``propagar sistemática y rutinariamente rumores escandalosos, imputándome hechos absolutamente falsos y ajenos a mis actividades como servidor público, y acusándome, sin fundamento alguno, de haber participado en graves delitos''.

En el texto de 35 cuartillas explica que los demandados lo han vinculado con el atentado a Colosio, lo que constituye una injuria, ``cuando existió una relación de amistad'', y cita a testificar a Jorge Carpizo MacGregor.

Córdoba explica que, debido a esas imputaciones, ``una vez aprobado por el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo el préstamo al gobierno de México que se venía negociando, el señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Julián Sidaoui Dib, me pidió formalmente, en el mes de junio de 1995, que considerase mi renuncia, pues las autoridades juzgaban conveniente mi relevo del mencionado cargo, en atención a la negativa imagen pública que representaba en ese momento mi persona'', que los perredistas habían contribuido a crear.

Alega que su responsabilidad en el BID debería finalizar en junio de 1996, pero por las acusaciones de los perredistas se ha quedado sin empleo hasta la fecha y por eso decidió presentar la demanda civil de reparación e indemnización.

A todo esto, el asesor jurídico de la presidencia del PRD, Samuel del Villar, recordó que la demanda de Córdoba se presentó en noviembre y fue hasta el 19 de enero cuando el magistrado José Cruz Estrada la admitió. Indicó que la demanda ``es frívola, sin fundamento jurídico y pretende hacer responsables a los perredistas de que el presidente Zedillo le haya pedido la renuncia en el BID''.

Del Villar explicó que la demanda en contra de Sosamontes y Zambrano pretende fundarse en extractos de opiniones suyas, que fueron vertidas como diputados federales y miembros de la comisión del caso Colosio, y el Poder Judicial no puede violar el artículo 61 de la Constitución --referente al fuero--, el cual establece que las opiniones de los diputados y senadores son inviolables y jamás podrán ser reconvenidos.

Luego anunció que interpondrán en tiempo y forma la contestación para acreditar la frivolidad de la demanda del acusador, el valor del patrimonio moral de Córdoba. Asimismo, manifestaron su confianza de que este proceso judicial contribuya al deslinde público de las responsabilidades del homicidio de Colosio y las actividades criminales del gobierno de Carlos Salinas.

Finalmente el PRD reiteró su extrañamiento por la inactividad de la Procuraduría General de la República ante la denuncia de hechos formulada en contra de Córdoba y Salinas el 4 de noviembre de 1996, después de que el primero ``se jactó de su impunidad y expresó públicamente su imaginación de que la PGR canalizaría sus obligaciones constitucionales y legales hacia su archivo natural: el basurero''.