Otra vez Morelia y San Miguel de Allende afrontaron polémicas decisiones sobre su patrimonio. No se trató de la desaparición de espacios museísticos por extraños ``virus de computadora'', sino la intención de convertir parte de construcciones monumentales en baños públicos. En efecto, la parroquia de la villa guanajuatense como la catedral michoacana, afrontan proyectos que pretenden modificar parte de sus espacios en ``beneficio de la comunidad''. Y aunque los dos asuntos marchan hacia una correcta solución, vale la pena comentarlos.
Desde 1993 hemos documentado en La Jornada los diversos problemas que se han sucedido durante los trabajos de restauración de la catedral de la antigua Valladolid, desde la errónea intervención de sus portadas hasta el desmontaje del manifestador de planta del altar mayor (30/XI/93 y 18/VI/96 respectivamente), pasando por el recubrimiento de color con que se dañó a la fachada poniente, el cupulín de la torre oriente y las cornisas de ambos campanarios.
En últimas fechas se anunció el proyecto --con anuencia de la delegación estatal del INAH-- de la tercera etapa de conservación del inmueble, incluidas la ampliación del presbiterio y la instalación de sanitarios, junto con una sala de usos múltiples, en el ángulo que forman la nave lateral poniente y el edificio de la Mitra.
Esta parte se encuentra ocupada, desde hace más de siglo y medio, por una construcción sobrepuesta utilizada como bodega y que obstruye parcialmente el portal que une al templo con el arzobispado.
Por años se ha pedido la demolición de ese erróneo agregado, pero sigue en pie.
El portal afectado, además del claustro y la Mitra (construida en 1765), son dignos ejemplos de la mejor arquitectura barroca de Morelia y de todo el país, por lo que ha preocupado la decisión. El argumento inicial de las autoridades responsables --expresado públicamente (La voz de Michoacán, 13/II/97)-- señala que, para evitar que los ambulantes conviertan el atrio en ``gigantesca letrina'', y en virtud de que ``toda obra pública debe contar con sanitarios'', éstos se instalarán en la referida bodega.
La sociedad moreliana se ha manifestado ampliamente al respecto, reprobando toda obra que lesione la dignidad del inmueble: en carta dirigida al arzobispo del lugar (porqué, 26 de febrero), se pidió evitar que ``el venerable recinto sea letrina pública, ni a cielo abierto (atrio) ni en sitio cerrado a diez metros del presbiterio.''
Días atrás respondieron conjuntamente el presidente del patronato pro-restauración de la Catedral y el delegado del INAH (Cambio de Michoacán, 27 de febrero), desmintiendo la pretensión de construir baños comunitarios. Por su parte el arzobispo ha manifestado (La Voz de Michoacán, 28 de febrero) que simplemente se trata de ``habilitar y dignificar las instalaciones que desde hace muchos años están en los anexos''.
En cuanto a San Miguel, el problema fue parecido, dando inicio con el acuerdo de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Diario Oficial, 18/X/96) que cedió en favor del gobierno municipal, un área de 255.29 metros cuadrados para la remodelación de los sanitarios públicos que por años se han encontrado sobre la calle conocida como cuna de Allende, además de la construcción de otros servicios. El problema es que el espacio en cuestión forma parte --también-- del atrio y los anexos de la parroquia de San Miguel Arcángel.
En realidad el edil sanmiguelense pretendía reubicar a los comerciantes que se encuentran en el portal ``Guadalupe'' del jardín principal, dándoles locales fijos con sus respectivos retretes. Este proyecto sí se inicio en noviembre pasado, realizándose una excavación en el atrio.
Al igual que en Morelia, la sociedad defendió la integridad de su templo, impidiendo que las obras continuaran. Más tarde, en acuerdo con el INAH estatal, la Comisión local para la preservación del patrimonio, los colegios de arquitectos e ingenieros, y el párroco, se decidió suspender el proyecto hasta no contar con los estudios técnicos preliminares, y revisar las condiciones estructurales de la iglesia.
Así pues, en Morelia como en San Miguel la sociedad ha defendido con justicia la dignidad de sus monumentos. Quizá valdría la pena que, para evitar más riesgosas decisiones, se recurriera al arbitrio de la Comisión interinstitucional asesora de monumentos históricos creada por el INAH. ¿O será que realmente --como ufano lo declaró el delegado en Michoacán-- no se le convoca para evitarle ``grandes saltos?''.