Interpondrá el PRD un amparo; respaldo de la PGJDF a soldados inexpertos

Oscar Camacho y Alonso Urrutia Ť Diputados del PRD interpondrán amparo judicial ante la decisión de militarizar la policía capitalina por considerar que dicha medida es violatoria de las garantías individuales establecidas en los artículos 14, 16, 29 y 129 constitucionales, así como el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea.

En tanto, el dirigente del PAN capitalino, Gonzalo Altamirano Dimas, expresó que el proceso de militarización que impulsa el gobierno capitalino pone en riesgo la ``estabilización'' que requiere la ciudad para el próximo proceso electoral. A su vez, la coordinadora perredista en la Asamblea de Representantes del DF, Dolores Padierna, dijo que la militarización es anticonstitucional y que se trata de un proceso y no de hechos aislados.

En el anteproyecto de los diputados perredistas, éstos señalan como responsables de las violaciones constitucionales al jefe del Departamento del Distrito Federal, al Presidente de la República, al comandante de la Primera Zona Militar y al secretario general de Seguridad Pública capitalino.

De acuerdo con el anteproyecto jurídico, dicha medida es violatoria de las garantías individuales porque en el último párrafo del artículo 16 constitucional se prohíbe a los miembros del Ejército Mexicano en tiempos de paz imponer prestaciones a los civiles, por no ser esa su función y, por lo tanto, esta situación puede actualizarse en cualquier momento.

Asimismo, se indica que en el artículo 29 de la Constitución se señala que sólo en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la PGR, y con aprobación del Congreso, podrá suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación por un tiempo determinado, por prevenciones generales y sin que la suspensión contraiga a un determinada.

En conferencia de prensa ofrecida en la sede regional del PAN, Altamirano indicó que detrás de la suplantación de policías por militares en Iztapalapa se encuentra un abierto mensaje de intimidación, es una amenaza represiva para la ciudadanía y representa un mensaje de fuerza que no corresponde al clima que requiere en estos momentos el país.

Subrayó que las medidas adoptadas son anticonstitucionales y fueron establecidas sin una consulta previa a la ARDF. ``El avance de la milicia en otros cargos representa un cargo para el país y por más que exista respeto para esa institución no es aceptable que ocupen tareas que corresponden al poder civil''.

El dirigente panista dijo que aun cuando se ha tratado de justificar la medida, ``en los hechos se trata de una militarización disfrazada, es decir, el Ejército está virtualmente patrullando las calles, aunque se haya señalado que esto no ocurriría''.

Señaló que su partido analizará las medidas pertinentes jurídicas o de otro tipo para forzar a que se dé marcha atrás a una determinación que es inaceptable. Exigió que el Ejército se ocupe de sus funciones constitucionalmente establecidas porque, entre otros aspectos, la creciente militarización representa un riesgo innecesario de desgaste de la institución castrense.

A su vez, Dolores Padierna dijo que su partido no avala el proceso de militarización y señaló que éste ha avanzado pese a las promesas del general Enrique Salgado de que no se pretendía patrullar las calles. ``La incorporación de militares a Iztapalapa no representa un plan piloto de capacitación sino el principio de la abierta militarización de la seguridad pública'', consideró.

Miriam Posada García Ť El nuevo procurador capitalino, Lorenzo Manuel Thomas Torres, rechazó que la presencia de militares en Iztapalapa sea anticonstitucional y giró instrucciones a la delegada regional para ``llevar de la mano'' y apoyar a los soldados ``para que no se caiga este programa debido a su juventud o a la falta de experiencia en hacer remisiones''.

Thomas Torres señaló que el trabajo de más de 2 mil 500 soldados en Iztapalapa responde a la necesidad de tener una solución a corto plazo respecto al problema de la inseguridad, ya que alguien debía tomar el lugar de los policías que ahora se encuentran en el Campo Militar Número 1.

Esta medida, precisó Thomas, no representa la militarización de la impartición de justicia o de la prevención del delito, sino de aprovechar el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materia de instrucción militar, obediencia y orden que se requiere en corporaciones paramilitares como las policías.

El nuevo procurador enfatizó que los soldados de ninguna manera están sustituyendo a los policías, sino contribuyendo a que se lleve a cabo la tarea de profesionalización que no se tuvo cuidado de realizar.

El caso de los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es diferente, porque ``fuimos más previsores y por fortuna tenemos el Instituto de Formación Profesional'', que funciona desde hace dos años y va en la sexta generación de policías judiciales, ministerios públicos y peritos.

Consideró que los 32 meses en que se llevará el curso de capacitación para los elementos policiacos no es tiempo suficiente, pero confió en que la comunidad de Iztapalapa verá en poco tiempo los resultados del nuevo patrullaje y la capacitación policial.

En ese sentido, Lorenzo Thomas precisó que la Procuraduría capitalina colaborará en este programa al ``no dejar que se caiga, pues podría ocurrir en un momento dado debido a la juventud de estos soldados que nos están apoyando en el resguardo de la seguridad pública, ya que podrían tener dificultades en la presentación de delincuentes ante el MP, por eso nosotros los vamos a orientar, vamos a ir de la mano con ellos para que este programa salga adelante''.

Durante su primer acercamiento con los medios de comunicación, el procurador Thomas Torres señaló que en los próximos días serán cubiertas 300 vacantes de las 600 que existen.

Asimismo, señaló que el cambio de administración no afecta el curso de las investigaciones de casos como el homicidio del ex magistrado Abraham Polo Uscanga, o la parte que le corresponde a la Procuraduría sobre la osamenta encontrada en la finca El Encanto.