Ilegal vigilancia militar: oposición; el PRI la apoya

Triunfo Elizalde Ť Defensores de organismos civiles de derechos humanos se pronunciaron ayer en torno a lo expresado por el general Luis Manuel García Delgado, director del Centro de Adiestramiento de Cuerpos Policiacos del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien al justificar la militarización policiaca en el país aseguró que sin estabilidad ``peligra el desarrollo político, económico y social''. En términos generales se mostraron preocupados.

Oscar González, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) considera que ante la militarización de las fuerzas policiacas del país, incluido el Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ``debe hacer un nuevo pronunciamiento estrictamente jurídico, apegado a la Constitución y dirigido a la conciencia nacional y la sociedad en su conjunto, respecto de las tareas que dentro del marco legal corresponden a las fuerzas armadas''.

Con base en lo expresado por el general García Delgado, quien habló en nombre del secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre, Oscar González, diplomático y jurista internacional, sugiere que se lleve a cabo un debate a ``nivel nacional'' para que a través de grupos sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG) se recoja el sentir real de la población sobre la presencia del Ejército en actividades propias de las policías Preventiva y Judicial.

Dice que, no obstante que la SCJN ya en una o dos ocasiones anteriores se ha manifestado en torno a este asunto, ``sería conveniente una nueva revisión y pronunciamiento para precisar si la actuación de las fuerzas armadas está o no dentro de los preceptos constitucionales y cuáles son sus limitaciones''.

En opinión de Emilio Krieger, presidente vitalicio de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ``sin recato ni ocultación nos están militarizando en beneficio de la oligarquía capitalista nacional y extranjera''. Precisa que ``el presidente Ernesto Zedillo, si bien es jefe supremo de las fuerzas armadas, está ignorando que por encima de él y del Ejército está la Constitución, marco que a cada cual le fija sus limitaciones legales''.

Luego de puntualizar que el artículo 97 constitucional faculta al presidente Zedillo a actuar como lo está haciendo, ``sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se oponga'', afirma contundente que la militarización de las policías en México, ``lo mismo en el DF que al interior del país, es el principio de una etapa pinochetista, franquista, fujimorista; es el ejército quien (ahora) tiene que decirnos por dónde debemos ir''.

En su oportunidad, David Fernández, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, hizo notar que la militarización de las fuerzas de seguridad pública ``no es algo improvisado, por el contrario, obedece a una estrategia de dos o tres años atrás, desde que el Ejército adquirió de Estados Unidos camiones blindados para disolver manifestaciones públicas, hecho que denunciamos públicamente, señalando que no fueron adquiridas para uso de los cuerpos policiacos sino por las fuerzas armadas''.

Del trasfondo de la militarización policiaca, el sacerdote jesuita concluye que deliberadamente ``se está desarrollando un ambiente de miedo para intimidar a la ciudadanía con motivo del año electoral que se vivirá en todo el país en los próximos meses, pero sobre todo en el Distrito Federal'', y agrega que lo expresado por el general García Delgado ``revela una concepción equivocada y perversa (sic) de la seguridad pública que ve en los ciudadanos a enemigos, cuando los enemigos de México son los Estados Unidos y el capital extranjero''.

Por su parte, Benjamín Laureano Luna, presidente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, califica de ``falsa la afirmación del general Manuel García Delgado, en el sentido de que `estamos involucrados, todos los sectores sociales, en un proyecto nacional que reconceptualiza a la seguridad pública...', pues no se han reunido tales sectores y, por lo tanto, no han opinado, y aun si lo hubieran hecho, no se ha legislado al respecto''.

Al hacer notar que ``la estabilidad de México no radica en el Ejército, ni en la policía, sino que depende de diversos factores''; califica de inexacto lo dicho por el general y diputado Luis Garfias Magaña, quien por su parte declaró que ``la militarización policial es una medida temporal que se realiza debido a una emergencia..., ¿cuál?, ¿quién declaró el estado de excepción, y cuándo, según el artículo 29 constitucional?'', se pregunta.

El candidato del PRI al gobierno del DF, Alfredo del Mazo, el CEN de su partido y el arzobispo de Tapachula, Felipe Arizmendi, señalaron por separado que están de acuerdo con la decisión de que los militares vigilen la ciudad de México, mientras los policías capitalinos se capacitan y mientras sea una medida transitoria.

Del Mazo agregó que ``todas las decisiones que se tomen con imaginación, para acelerar la capacitación de los elementos de seguridad preventiva, son adecuadas''.

Durante una entrevista al término del desayuno que sostuvo Del Mazo con comerciantes de la Central de Abasto, dijo que esa medida responde a una exigencia ciudadana, y es para acelerar, por parte de las autoridades, la capacitación y preparación de la policía.

Se trata, insistió el candidato, de una acción temporal, parcial, y ``lo que pretende precisamente es cubrir los espacios necesarios para que grupos de policías vayan teniendo oportunidad de capacitarse''.

A su vez, el PRI expresó ayer su conformidad con la decisión del gobierno de incorporar a elementos del Ejército en labores de capacitación y reforzamiento de la seguridad en la capital del país.

``No es una medida definitiva y han sido explicadas con plenitud a satisfacción del partido, las razones y las formas en que se trabajará para ayudar a la ciudad, sin extenderse más allá de los límites legales'', señaló el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Juan S. Millán, secretario general del PRI, dijo por su parte que para el CEN son válidas las declaraciones de su dirección defeña, según la cual han fallado los programas de capacitación y moralización policiacas. Sin embargo, aclaró el senador, hay límites legales que no deben trasgredirse y ``en este, como en todos los casos, el PRI se postula como partido de la legalidad. No se ha trasgredido el orden y cuidaremos que no suceda en el futuro''.

En materia de legalidad, insistió, el partido considera que la medida debe ser temporal, con la intención de formar cuerpos muy capacitados, responsables y que obedezcan a los intereses de la ciudadanía, objeto y destino de todas estas medidas.

A su vez, el arzobispo de Tapachula, Felipe Arizmendi Esquivel, dijo que la decisión de colocar a militares al frente de la seguridad pública debe considerarse como ``un intento de solucionar tanta inseguridad'', notable en muchas regiones del país.

Sin embargo, aclaró, ``tienen que seguirse buscando otras alternativas para ver cuál es la más eficiente y más acorde con el respeto de los derechos humanos''.

En entrevista telefónica el arzobispo comentó que estamos ante una alternativa ``entre tantas otras que serían posibles'' e insistió en el carácter provisional que debe tener un programa de seguridad pública apoyado en el Ejército.

Recordó que él mismo sufrió pobreza durante su infancia como hijo de ejidatario y con seis hermanos: ``Nunca nos enseñaron a robar o invadir para solucionar las carencias económicas; aprendimos a trabajar, respetar y compartir y a no morimos de hambre''.

En opinión del jerarca católico, la inseguridad y el crimen no resultan fundamentalmente de la situación económica precaria, sino de la falta de educación, unidad familiar y valores éticos. (José Ureña, Víctor Ballinas y Salvador Guerrero)