La autonomía del IFE, cuando sean federales todos sus recursos: Zebadúa

Mireya Cuéllar Ť Mientras el Instituto Federal Electoral (IFE) tenga que recurrir, como ahora, a convenios de colaboración con los gobiernos de los estados para que le apoyen con el pago de renta de locales, salarios para funcionarios temporales o préstamo de vehículos y pueda sacar adelante la elección, dicho órgano no será totalmente autónomo, señaló ayer el consejero electoral Emilio Zebadúa.

Durante una reunión con los miembros del Club Rotario, Zebadúa dijo que la autonomía que la ley le confiere al IFE, en los hechos está en proceso de construcción porque apenas se está ``profesionalizando'' todo el aparato electoral y será necesario que los recursos para los procesos electorales salgan en su totalidad del presupuesto federal.

El también consejero electoral, Mauricio Merino, informó que lo aportado por los estados representará no más del siete por ciento del gasto total de la elección federal del 6 de julio y que en los casos donde también hay procesos locales (en varios estados se elige gobernador y se renuevan los Congresos en la misma fecha) la colaboración es mutua porque el IFE les dará algunos apoyos.

En torno a la devolución de recursos que el Partido Acción Nacional está haciendo mensualmente, Zebadúa dijo que en el futuro el monto de financiamiento a los partidos políticos será considerablemente menor --``tenderá a disminuir''-- porque dentro de tres años sí harán uso de la facultad que les confiere la ley para fijar los topes de gasto de campaña.

Ambos consejeros fueron invitados por el Club Rotario para hablar del proceso electoral en puerta. Durante su exposición, Zebadúa señaló que la autonomía del IFE fue un clamor popular después de lo ocurrido en los comicios presidenciales de 1988, y desde esa fecha inició un proceso de reformas que desafortunadamente ``no tuvo un final feliz'' en 1996.

En tan sólo tres meses y medio que tienen en el Consejo General, comentó, los nueve consejeros ya restructuraron buena parte del órgano y hoy la responsabilidad de organizar los comicios recae en alrededor de 4 mil ciudadanos, entre miembros del Consejo General del IFE, consejeros locales y distritales.

Están todavía por sumarse los funcionarios de casilla, por lo que el día de la elección habrá aproximadamente 8 mil ciudadanos comprometidos en la organización.

La intención ``es hacer del IFE una institución plenamente autónoma'', y eso será ``el día que podamos saber que todos los recursos para la elección tienen un origen federal''. Ese será un paso definitivo, añadió el consejero.

El riesgo de aceptar que los gobiernos de los estados paguen los salarios de algunos funcionarios que deberán ser contratados temporalmente, podría estar en que dichos funcionarios se sientan más comprometidos con el gobierno estatal que con el IFE. Hay que recordar que entre los consejeros electorales se discutió hace varios días el tema, cuando la parte ejecutiva del IFE les hizo saber que tendrían que pedir apoyo a los gobiernos de los estados para la logística; necesitaban un parque vehicular de 2 mil unidades para los trabajos de capacitación de todo el país y no era viable su compra no sólo por el costo, sino porque sólo se usarán algunos días. Con muchos trabajos los consejeros aceptaron la realización de convenios de colaboración.

En la sesión de preguntas y respuestas, Zebadúa hizo algunos cálculos financieros y dijo que en el supuesto de que los 50 millones de mexicanos que están empadronados acudan a las urnas el próximo 6 de julio, el costo económico de cada voto será de aproximadamente 130 pesos.

Para sacar el costo por voto sumó los 2 mil 200 millones de pesos de presupuesto del IFE para este año, (más) los 2 mil 200 millones que se dieron a los partidos para campañas, (más) una estimación de donaciones que recibirán los partidos, (más) los recursos que aportarán los gobiernos estatales. El total serían aproximadamente 7 mil millones de pesos.

Los consejeros coincidieron en que se gasta una gran cantidad de recursos en organizar elecciones --la mayor parte del presupuesto anual del IFE se dedica a la actualización y revisión del padrón--, pero que ello es producto de la ``desconfianza'' tradicional hacia quienes organizaban los comicios.

Los partidos de oposición impusieron una serie de candados en la expedición de credenciales y la elaboración del padrón que tiene un alto costo económico.

Con todo, los consejeros electorales expresaron que la ventaja es que ahora el órgano electoral tiene facultades para fiscalizar el uso de los recursos públicos y los gastos de campaña.

Mauricio Merino explicó que en la medida que disminuya la desconfianza se reducirá el gasto de las elecciones, además de que para los comicios del año 2000 los consejeros reducirán el monto de las prerrogativas que se les entregan a los partidos actualmente.

Merino y Zebadúa consideraron que no hay un contrasentido en el hecho de que por una parte el Instituto Federal Electoral necesite recurrir a los gobiernos de los estados para desahogar la elección y por la otra el Partido Acción Nacional esté regresando a la Tesorería de la Federación parte de sus prerrogativas.

Los consejeros dijeron que el financiamiento a los partidos es un asunto y el presupuesto del IFE no tiene nada que ver con lo primero.

Los miembros del Club Rotario preguntaron a los consejeros electorales aspectos de la organización de los comicios, pero también cosas como a cuánto asciende su salario.

Merino les informó que ganan 60 mil pesos al mes, que tienen derecho a una oficina con cuatro asesores, una secretaria, un chofer y un automóvil que les da el instituto.

El ``alto sueldo'' que se les otorga, comentó Zebadúa, tiene por objetivo obligarlos a ser imparciales.

Iniciaron los trabajos para evaluar el padrón electoral

Una vez concluidas las campañas para que los ciudadanos actualizaran su situación en el padrón electoral (cambios de domicilio, pérdida de la credencial de elector o alta) que redundó en una lista de 53 millones 117 mil 574 ciudadanos empadronados, un comité técnico inició una exhaustiva revisión de dicho documento para determinar con precisión su grado de confiabilidad.

El comité técnico, en el que participan representantes de los partidos políticos, tiene por objetivo detectar errores que pudieran afectar la limpieza de la elección.

Este mecanismo se aprobó en 1994, cuando los partidos de oposición, temerosos de que les hicieran fraude vía el padrón, lograron que se llevara a cabo una serie de auditorías a la lista.

La ahora directora ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE), Clara Jusidman, formó parte de un grupo de especialistas que avaló dicho documento.