Gurría: la certificación se logró ``sin concesión alguna''

Jesús Aranda y Jorge Alberto Cornejo, corresponsal Ť Los gobiernos de México y Estados Unidos discuten la manera de incrementar su capacidad bilateral para enfrentar organizaciones ``sumamente peligrosas'' que operan en ambos lados de la frontera y que hasta el momento han eludido la acción de la justicia. En este contexto, ambos países consideran ya la adscripción de nuevos agentes especializados en el combate al crimen organizado, informó el secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Juan José Osorio Palacios, con motivo del encuentro que sostuvo ayer con legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Gurría confirmó que existen listas de extraditables ``que cambian con el tiempo y con las circunstancias''.

En el escrito, considerado por la propia cancillería como ``la posición oficial en materia de certificación'', el funcionario rechazó la ``falsa suposición'' de que México aceptó condiciones u ofreció concesiones a Estados Unidos para obtener la citada certificación.

``Que quede muy claro; no hubo ningún condicionamiento ni se ofreció concesión alguna para que México obtuviera la certificación del presidente Clinton''.

Respecto a la adscripción de nuevos agentes, Gurría señala que la decisión se deriva de ``consideraciones estrictamente técnicas''. Sin precisar el número de agentes estadunidenses, aclara que serán adscritos a los consulados de los respectivos países ``y tendrían el mismo status que los ya existentes''. Asimismo, aclara que éstos gozan de inmunidad consular -de acuerdo con la Convención de Viena-, pero rechaza que nuestro país contemple la posibilidad de autorizarles la portación de armas.

``Los agentes extranjeros deben abstenerse de situaciones que puedan presentar riesgo de violencia'', por lo que no debe existir razón para utilizar armas, precisa.

El funcionario comenta que a raíz del ``grave incidente'' del general Jesús Gutiérrez Rebollo es ``más urgente que nunca'' asegurar el fortalecimiento y confiabilidad de nuestras instituciones y dotarlas de capacidad de autodetección de sus problemas y de su adecuada corrección.

En este contexto, confirmó el interés de la Procuraduría General de la República de reformar el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), a fin de que éste adopte un método científico en la investigación, persecución, procesamiento y logro de sentencias condenatorias firmes en materia de narcotráfico.

Al respecto, aclara que este proyecto está el margen del proceso de certificación.

En la misiva, Gurría responde a las inquietudes que le plantearon los legisladores -que estuvieron encabezados por el presidente de la Comisión respectiva, Augusto Gómez Villanueva-, y rechaza tajantemente las siguientes posibilidades.

Que México se haya comprometido a firmar un acuerdo marítimo para que autoridades estadunidenses aborden buques en aguas nacionales.

Niega que nuestro país haya autorizado la instalación de radares estadunidenses y operados por ciudadanos de aquel país en nuestra frontera sur. ``Los radares y el equipo adicional que se adquiera para el control de nuestro espacio aéreo es decisión de México y operado por mexicanos''.

Luego de señalar que la reducción en la demanda de drogas es un elemento ``indispensable'' en el combate integral al narcotráfico y la drogadicción -esto en relación con la posición de Estados Unidos-, acepta que ``no se puede descontar la posibilidad'' de que el Congreso estadunidense revierta la decisión de Clinton de certificar a México, aunque acota: ``El proceso dentro del Congreso de Estados Unidos es una ocasión propicia para que se libre una batalla política entre el Ejecutivo y el Legislativo de ese país, ajena al proceso de certificación mismo''.

Piden legisladores que comparezca el titular de Relaciones Exteriores

Por la mañana, y ante la falta de información convincente de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y para ``evitar especulaciones'' en torno al proceso de certificación, tanto en Estados Unidos como en México, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados habían solicitado al canciller Gurría un informe por escrito sobre el asunto, además de que le demandaron que comparezca ante el Congreso en los próximos días.

Lo anterior fue informado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Augusto Gómez Villanueva, y por Cuauhtémoc Sandoval, integrante de la misma, luego de un desayuno de trabajo que sostuvieron con Gurría -y otros legisladores- en Tlatelolco.

Cuauhtémoc Sandoval reclamó al titular de la política exterior que sea a través de información ``filtrada'' en Estados Unidos como nos hemos enterado de asuntos como la creación de un grupo antinarcóticos especilizado. Asimismo, dijo que en relación con la demanda de la DEA de que sus agentes gocen de inmunidad diplomática y puedan portar armas, ``alguien está mintiendo'', toda vez que las versiones dadas por funcionarios estadunidenses y mexicanos son contradictorias.

Por su parte, Gómez Villanueva confirmó también que la visita de Estado que realizará William Clinton a México será de tres días --y no de dos, como se tenía previsto.

Por otra parte, los legisladores federales entrevistados indicaron que una delegación de ellos se reunirá antes de que finalice el mes de marzo con los congresistas estadunidenses que más se han opuesto a la certificación en el Congreso de ese país, como los senadores Paul Coverdell, Dianne Feinstein y Jessie Helms, quienes introdujeron cambios legislativos tendientes a descertificar a nuestro país.

El objetivo de ese encuentro --que sería antes de que el Congreso estadunidense defina la certificación a nuestro país--, será el de discutir las razones por las que legisladores del vecino país se empeñan en desacreditar a México.

Al respecto, Gómez Villanueva comentó que le hicieron saber al canciller Gurría que todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión impulsan una estrategia para hacerle frente a las medidas unilaterales que impone Estados Unidos, como es el caso de la certificación.

En otro orden de ideas, el legislador perredista Cuauhtémoc Sandoval censuró la política informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, señaló, pretende fijar su postura a través de boletines (de prensa), mientras que la prensa estadunidense publica ``filtraciones'' antes de que se oficialicen en nuestro país, por lo que urgió a la dependencia a informar verazmente sobre las presiones recibidas y los acuerdos convenidos entre México y Estados Unidos.

Sandoval criticó la falta de respuestas concretas del canciller sobre los asuntos planteados y comentó que, por ejemplo, cuando le solicitó información sobre la existencia de una presunta lista de ``extraditables'' que demanda la justicia estadunidense, Gurría le contestó en broma que la lista no es de 11 -como se ha manejado extraoficialmente-, sino de 150 o 300 ``o de cuántos la quieres (la lista)'', respondió el canciller.

Por otra parte, el senador por Baja California, Gilebaldo Silva Cota, afirmó en Tijuana que el Senado de la República reiterará su rechazo a la petición formal del gobierno estadunidense para que agentes antidrogas de ese país comisionados en México porten armas de fuego, y se pugnará por mantener un mayor control sobre las acciones de la DEA y otras agencias policiacas extranjeras en el territorio nacional.

Agregó que existe un consenso a fin de negar el permiso para que los agentes policiacos extranjeros utilicen armas, puesto que sería ello violación a la soberanía nacional.